Justicia levantó la quiebra de Oil Combustibles

HUGO ALCONADA MON/La Nación

Un año después de que el Congreso aprobara la moratoria fiscal que por primera vez incluyó el impuesto a la transferencia de los combustibles, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa lograron que la Justicia levante la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles.

La jueza María Soledad Casazza determinó que López y De Sousa cosecharon el apoyo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la amplísima mayoría de sus acreedores, por lo que estimó no había motivos para continuar con el proceso falencial.

Para López y De Sousa, la resolución judicial significa un paso decisivo en sus esfuerzos por recuperar el Grupo Indalo y posicionarse otra vez entre los empresarios más poderosos de las últimas dos décadas.

Ahora, el proceso judicial está lejos de terminar, tanto para el efectivo pago a la AFIP y otros acreedores, como también de los honorarios de todos los profesionales involucrados, pero López y De Sousa obtuvieron la luz verde judicial antes de que venciera el plazo fijado por el organismo tributario.

Para la jueza Casazza, la tramitación del proceso, que comenzó en 2016 como concurso preventivo, para luego, en mayo de 2018, decretarse la quiebra, resultó por demás complejo, según explicitó en su resolución. “Nos hallamos frente a un pedido de conclusión falencial basado en la causal de avenimiento que reviste ciertas particularidades habida cuenta la envergadura de los acreedores involucrados en la causa, no solo por el monto de sus acreencias, sino además por las diversas vicisitudes jurídicas, administrativas y procesales que se han visto plasmadas a lo largo del trámite del presente universal”, explicó.

Esas vicisitudes se expandieron más allá del fuero comercial. Entre otros motivos, porque López y De Sousa afrontan un juicio oral cuyo principal acusado es el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al haberles permitido acumular más de $8000 millones de deuda por el impuesto a la transferencia de los combustibles.

El trámite del concurso y quiebra de Oil también registró sus propias turbulencias desde el día mismo en que comenzó a tramitarse ya que López y De Sousa buscaron que el expediente se sustanciara en Comodoro Rivadavia, a pesar de las objeciones de la AFIP y los reclamos de la justicia nacional, con sede en Buenos Aires.

Aquel contrapunto concluyó cuando la Corte Suprema confirmó que el concurso debía tramitarse en Buenos Aires, en tanto que la justicia chubutense terminó por condenar a un juez de Comodoro Rivadavia, Gustavo Toquier, por prevaricar en beneficio de López y De Sousa.

Tras la derrota de Mauricio Macri –al que acusan de haberlos perseguido- y el triunfo de Alberto Fernández –quien los había asesorado como abogado-, la situación de López y De Sousa empezó a revertirse. Quedaron en libertad y buscaron recuperar el control de Oil Combustibles y todo el Grupo Indalo.

Ahora, la jueza Casazza consideró que cosecharon el 99,96% de las conformidades entre sus acreedores, en tanto que depositaron el dinero necesario para solventar los reclamos del restante 0,06%, ya fuera porque resultaban inhallables o porque no quisieron avenirse.

La magistrada también calculó una reserva de $5275 millones para completar el levantamiento de la quiebra, tanto para afrontar pagos a la AFIP, como también para cubrir los honorarios de los profesionales –entre otros, abogados, síndicos y contadores- involucrados en el expediente durante estos cinco años.

Para López y De Sousa, la convalidación judicial era el siguiente paso que debían obtener tras conseguir en abril el visto bueno del organismo que lidera Mercedes Marcó del Pont. Por el contrario, lejos pareció la resolución de la Cámara en lo Comercial que en diciembre pasado y febrero de este año concluyó, por unanimidad, que la forma en que ambos gestionaron su deuda con la AFIP fue “ruinosa” y “fraudulenta”.

“Capciosa y falaz”

Con los votos de Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, la Cámara remarcó que López y De Sousa pretendieron esconder lo que realmente ocurría detrás de la contabilidad de Oil Combustibles, a la que utilizaron para inyectarle recursos al resto del Grupo Indalo durante años, fijando en 2011 la fecha de insolvencia de la petrolera.

El fallo de la Cámara complicó los planes de López y De Sousa, quienes sostienen que el colapso de Oil ocurrió en 2016 por el accionar del gobierno de Cambiemos, en vez de en 2011. Pero para los camaristas, esa interpretación es “capciosa y falaz”, mientras que para la AFIP es “pueril”.

Los empresarios llegaron a acumular 192 planes de pagos, recordó la Cámara, y “muchos de tales planes caducaron dejando saldos impagos a refinanciar que se incluyeron en acogimientos de planes de pago posteriores” durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP.

Tras la moratoria impulsada por Alberto Fernández que la oposición denunció como un “traje a medida” de López y De Sousa, ahora sus problemas comerciales vinculados a Oil parecen comenzar a quedar atrás.

Los planes de Cristóbal López, tras levantar la quiebra de Oil Combustibles: volver al negocio petrolero y millonaria demanda contra el Estado

ANDRÉS SANGUINETTI/IProfeional

"Hoy empieza una nueva etapa. Oil Combustibles vuelve a la familia del Grupo Indalo. Sin olvidar quiénes fueron los responsables de lo que pasó pero con la mirada puesta en el futuro de lo que hacemos. Generar inversión, trabajo y crecimiento en Argentina".

A través de este tuit, Cristóbal López acaba de dar señales sobre el futuro que proyecta para su holding, luego de que la justicia levantó la quiebra de Oil Combustibles.

"Termina una etapa oscura que comenzó el día que asumió Mauricio Macri en la presidencia del país. Desde ese día en adelante, un grupo que funcionó dentro de la AFIP a las órdenes del Presidente se dedicó día y noche a buscar la quiebra de nuestras empresas para quedárselas", siguió explicando el empresario desde su cuenta de twitter en donde continuó: "No lo consiguieron con todas pero lo lograron con Oil Combustibles. Nunca pensaron, ni los autores intelectuales ni los grupos mediáticos que se sumaron a la cacería, en las miles de familias de trabajadores y trabajadoras".

López abrió su cuenta el 28 de febrero pasado "para poder expresar algunas de las cosas que hasta ahora no había podido decir". Desde entonces, viene diciendo que se siente un perseguido por el anterior gobierno de Mauricio Macri, a quien acusa de haber inventado todas las causas en las que es investigado.

Argumenta que Cambiemos utilizó a la AFIP de Alberto Abad para armar procesos judiciales que tenían como objetivo destruir el entramado de activos que había logrado crear con su holding empresario..

Las frases del fundador del Grupo Indalo junto con su socio, Fabián De Sousa, hacen referencia a las medidas que el anterior gobierno de Cambiemos tomó contra su holding y que derivó, no sólo en la quiebra de la petrolera y de otras sociedades, sino también en sendas causas judiciales por las cuales ambos empresarios fueron enviados a prisión durante un año y medio.

Ahora, la situación parece haber cambiado diametralmente luego de que, tal como anticipó iProfesional en junio pasado, la justicia comercial dispuso la finalización de la quiebra de Oil Combustibles S.A., tras la obtención de la conformidad de sus acreedores en el marco de un procedimiento legal conocido como avenimiento.

De esa forma, López y De Sousa lograron recuperar la empresa que definen como "la nave insignia" del holding y de la que, aseguraron, fueron "despojados de manera ilegal".

Lo hicieron a partir de obtener el respaldo de más del 98% de los acreedores entre los que figuran bancos, siderúrgicas, petroleras y entes públicos como la AFIP.

Siguiendo las palabras de Cristóbal López y a través de un comunicado, el Grupo Indalo hace también referencia al inicio "de un nuevo camino, sin olvidar todo lo que pasó, con la convicción inquebrantable de haber apostado siempre al crecimiento sustentable de nuestras empresas, sus trabajadores, proveedores, clientes, y comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades desde hace más de 30 años".

La petrolera fue declarada en quiebra en mayo del 2018, mientras ambos empresarios pasaban sus días en las cárceles bonaerenses de Ezeiza y Marcos Paz, en el marco del proceso judicial abierto para investigar una supuesta defraudación al Estado y desviación de fondos cercanos a los $8.000 millones que había presentado la AFIP durante el anterior gobierno de Cambiemos.

En octubre del 2019, López y De Sousa fueron puestos en libertad por el ex juez Claudio Bonadío, quien había abierto una investigación paralela por la presunta participación de los dos empresarios en la llamada Causa de los Cuadernos. El fallecido magistrado le impuso una fianza de $60 millones a cada uno y ordenó sus liberaciones.

Además, en la causa principal se había producido un cambio sustancial en la situación de ambos como consecuencia de un fallo que resolvió que la maniobra que se les adjudicaba y que había motivado las detenciones en realidad no existió.

Se los sobreseyó de la acusación de haber vendido acciones de Indalo en un supuesto intento por obstruir la labor de la Justicia que los había inhibido, maniobra que fue investigada por la jueza María Eugenia Capuchetti.

Ahora, y más allá de que las causas que todavía involucran a López y De Sousa y a su holding siguen sus respectivos cursos procesales, así como también lo hace la investigación contra Macri, ambos empresarios comienzan a diseñar el nuevo plan de negocios y de inversiones que deberán encarar para retomar la mayoría de las actividades del holding, en especial en el segmento petrolero.

Hasta que fue enviada a la quiebra, Oil Combustibles desarrollaba dos actividades bien diferenciadas. Por un lado, su core business, dado por su unidad de negocios petroleros conformada por la Refinería San Lorenzo y su puerto, con la actividad de refinación y venta combustibles y el abastecimiento a su red de estaciones de servicios.

Por el otro, su rol como sociedad financiera o de inversión mediante la adquisición de paquetes accionarios de diversas compañías con presencia en las distintas fuentes productivas. Es decir, como un holding conformado por un grupo de empresas de Inversión; prestadoras de servicios de operación management; de exploración y producción de hidrocarburos; obra civil e ingeniería y de administración ambiental, producción radial y televisiva, entre otras. Como ejemplos, se nombran a OIL M&S; Petrolera Cerro Negro; Compañía Aseguradora Providencia; Alcalis de la Patagonia; las constructoras CPC y Esuvial; Ideas del Sur y Telepiu.

En sus mejores momentos, este grupo llegó a facturar alrededor de $17.500 millones, poseer activos por más de $30.000 millones, emplear de manera directa a más de 3.000 personas y generar empleo indirecto que alcanza a más de 10.000 familias.

Resarcimiento

De manera paralela a los planes de recuperación de Indalo y de Oil Combustibles, la dupla empresaria continuará con la batalla judicial para probar que la quiebra del holding fue producto de una maniobra política encabezada por el ex presidente Macri y por ciertos sectores judiciales afines a Cambiembos.

Buscarán que la justicia determine a los responsables de la situación, entendiendo que los fallos en los cuales se asegura que hubo un procedimiento "fraudulento y ruinoso" de parte de los accionistas de OCSA formaron parte de la avanzada legal macrista.

En ese sentido, impulsan una millonaria demanda contra el Estado nacional por los supuestos daños y perjuicios económicos mediante la cual reclamarían una indemnización superior a los u$s2.000 millones. La demanda será contra el Estado nacional porque entienden que Macri actuó en representación del poder público emanado del resultado de las elecciones del 2015.

Sus abogados basan la denuncia en la "persecución" y con un proceso que no sólo incluye a Macri sino también al ex titular de la AFIP, Alberto Abad; al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña y a otros ex funcionarios de la administración de Cambiemos como Mario quintana.

También, por la complicidad de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Fabián "Pepino" Rodríguez Simón, abogado personal de Macri y autor de las jugadas más audaces del macrismo en materia judicial.

Según la denuncia, López y De Sousa fueron víctimas de una persecución organizada por Macri y ejecutada por Abad para obligarlos a vender Indalo, llevar a la quiebra a Oil Combustibles y enviarlos a la cárcel.

Aseguran que de la maniobra participaron ex funcionarios de la AFIP y también de la AFI y de la llamada "mesa judicial" del macrismo para causar profundos daños económicos al Grupo Indalo y terminar con López y De Sousa condenados.

En el caso de la AFI, se sospecha que tanto López como De Sousa también fueron parte de las "escuchas" que el organismo de inteligencia habría realizado en el anterior gobierno de Cambiemos.

Dicha maniobra habría servido para que el juez Cosentino y los interventores de la quiebra de Oil Combustibles recibieran informes de inteligencia para confrontar con los gerentes de las empresas de Indalo que visitaban a los empresarios en la cárcel.

Por eso, los empresarios consideran como "una gran fábula" el plan del ex presidente a partir del cual se armó la causa judicial, al punto de sentirse molestos por la demora que la cuarentena generará en el proceso y en el fallo que consideran será favorable para ambos empresarios.

Todos los hechos, dicen en el entorno de Indalo, demuestran la inexistencia de delito y ponen al descubierto el plan orquestado para ponerlos tras las rejas de manera ilegal y quitarles todo su patrimonio a partir de forzar la quiebra de Oil Combustibles, la empresa insignia y accionista mayoritaria del Grupo Indalo.

Pero también para perjudicar a otras empresas del holding cmo la constructora CPC, los medios de comunicación o el banco Finansur que terminó perdiendo la licencia y debió solicitar su quiebra.

Es más, en una de sus tantas presentación ante la justicia, De Sousa asegura que todas estas acciones "han tenido como objetivo, y lo han logrado sobradamente, destruir mi honor, el de mi familia y el valor de las empresas que fueron, y siguen siendo, el resultado de toda una vida de trabajo".

Junto con su socio, está convencido de que la persecución ordenada por Macri no se debió a razones personales sino a la cercanía de ambos a un modelo de país diferente planteado por el peronismo que no encuadraba en la visión clasista de la sociedad del ex presidente. Creen que castigando a López y De Sousa, Macri enviaba un mensaje a quienes se oponían a su modelo de país, dicen en el entorno de Indalo.