El Senado aprobó este viernes a la madrugada, y convirtió en ley, el nuevo marco de la producción de biocombustibles. El proyecto que crea un nuevo régimen de promoción del sector de biocombustibles, aunque con menores beneficios respecto al vigente, fue sancionado pese al rechazo de gran parte de la oposición en una votación que favoreció al Frente de Todos, que obtuvo 43 votos a favor, mientras que hubo 19 en contra.
La norma establece nuevos porcentajes de cortes obligatorios en los combustibles. En la nafta, se mantiene el corte del 12% con el aporte en partes iguales de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de biomasa derivada del maíz, aunque se atribuye al gobierno la posibilidad de una reducción de 3 puntos en el caso del maíz. El corte obligatorio de biodiesel de soja en gasoil se reduce del 10 al 5 por ciento, con una eventual rebaja adicional hasta el 3%
La nueva ley tendrá vigencia hasta 2030. Mantiene el mercado de bio para la caña de azúcar, lo cual para el gobierno tiene sentido porque le permite a ese sector despachar la parte de su producción que supera a la demanda tradicional en el mercado interno. A la vez, le da un horizonte algo mejor dada la creciente retracción en su uso en la alimentación.
En cambio, la discriminación de la ley en contra del maíz y la soja respondería al fuerte desarrollo de mercado exportador de estos cultivos. Tanto el maíz como la soja se venden en forma de poroto, harina o aceite y la Argentina es el tercer y primer exportador mundial, respectivamente.
El régimen que ahora comienza mantiene la imposibilidad de que las grandes expresas vendan al exterior y al mercado interno de forma simultánea y además define que para el abastecimiento local tendrán fuerte prioridad las empresas pymes: las firmas que accedan a la promoción no podrán producir más de 50 mil toneladas de biodiesel y 90 mil metros cúbicos de bioetanol por año. Las grandes aceiteras plantean que esa limitación "prohíbe la venta a las empresas que hicieron mayores inversiones".
Finalmente, la Secretaría de Energía quedó definida como autoridad de aplicación del régimen. Y además se contempla la creación de una "Comisión de Biocombustibles" con la participación de organismos nacionales y de un "Consejo de Provincias Productoras, dos instancias que permitirán monitorear el estado de la actividad y las necesidades de cada región del país.
El presidente de la Comisión de Energía, el sanjuanino José Uñac, dijo que la iniciativa "termina con la incertidumbre y las especulaciones y abastece al mercado interno y externo".
"El proyecto impulsa el crecimiento social, diversifica la matriz energética y continua con la industrialización", indicó.
En cambio, la opositora mendocina Pamela Verasay, calificó al proyecto como "otro salvavidas para YPF" y que "lo que no se dice es que el negocio del peronismo que con una mano privatizó y con la otra estatizó, le costó a la Argentina 25.000 MM de dólares". "Esta ley lo único que busca es lavarle la cara al balance de una YPF totalmente quebrada por mérito del kirchnerismo", sentenció.
En cambio, la peronista santafesina María de los Ángeles Sacnun, enfatizó que "este proyecto va hacia un modelo de desarrollo integrado y no estoy de acuerdo con el lobby petrolero ni con el cerealero".
"La concentración impide la proliferación de pymes. Esta ley contribuye a romper con ese lobby y a generar un modelo de país más federal y equilibrado", explicó.
Por el contrario, la también santafesina pero del Interbloque Parlamentario Federal, Alejandra Vucasovich, cuestionó la postura de su comprovinciana y la acusó de "no tener la camiseta de Santa Fe puesta". "Nos han cortado los brazos. Parece que algunas provincias somos de segunda, con ciudadanos de cuarta", sentenció.
En cambio, la radical Silvia Elías de Pérez, sostuvo que "como tucumana y defensora del bioetanol, acompañaré esta ley, aunque votaré en contra del artículo ocho que habla de la mezcla de los combustibles".
"Ojalá que se sienta la desesperación cuando gente que produce, que trabaja, que apuesta al futuro, que crea empresas y fuentes de trabajo, ve que el Congreso sanciona una ley que las liquida, que les pone un cerrojo, que casi les pone bandera de remate", expresó la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado.
Advertencia de las cámaras
El representante de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, planteó a La Nación que la ley “no surgió de un diálogo con los actores del sector, sino que salió de otro ámbito”. Recordó que se había trabajado durante dos años en una iniciativa que presentó el diputado cordobés Carlos Gutiérrez (”Hacemos por Córdoba) y que apuntaba, entre otros ingredientes, a mantener los cortes.
“Reducir la participación de los biocombustibles va en contra del medio ambiente”, agregó y subrayó que la propuesta de la industria también era “corregir” la intervención del Estado en la asignación de cupos y precios. “En todos los mercados del mundo manda la oferta y demanda, menos en la Argentina, donde hay una repartición del Estado que actúa de manera discrecional”, dijo.
Zubizarreta añadió que mantienen “la esperanza” de poder reabrir el debate “para que contaminemos menos y para que se compita”. Su expectativa sigue estando en el Congreso, aunque la ley sancionada hoy llega al 2030 con posibilidad de una prórroga de cinco años.
El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AAByH), Claudio Molina, describió a Ámbtio la actual situación de la industria del biodiésel y bioetanol en medio de la pandemia, analizó la estructura de precios vigente y aseguró que este sector tiene un potencial para generar ingresos por u$s3.500 millones al año.
Destacó que "Las ventas al mercado interno en 2020 fueron las más bajas de la historia, desde que comenzó el mandato de corte en 2010. Durante la pandemia la industria vio reducida su demanda no solo por la caída de la demanda de nafta y gasoil, sino por el incumplimiento de los mandatos por parte de los refinadores de petróleo, mientras la Secretaría de Energía no aplicó multas"
Por su parte, Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero, se refirió en La Nación “exclusivamente” al etanol de caña de azúcar. “Desde que se empezó a debatir el tema en marzo planteamos nueve puntos, cinco generales y cuatro directamente vinculados al etanol. Todos fueron contemplados en la ley, por lo que estamos conformes”, indicó.
"En estos momentos existen 33 plantas productoras de biodiésel habilitadas, de las cuales, 28 son las que abastecen al mercado interno. En el caso del bioetanol, son 22 plantas las involucradas con el abastecimiento del mercado interno. En todos los casos, son varias las plantas que se encuentran paradas transitoriamente, dada la debilitada situación económica", indicó Molina
En biodiésel existen 2.000 empleos directos y 6.000 en total, con los indirectos. En bioetanol de maíz son unos 600 empleos directos y 6.000 con indirectos. En bioetanol de caña 14.000 directos y 56.000 con los indirectos, pero considerando que estos son los números para producir azúcar y alcohol, representando el alcohol un tercio del total. De esta forma, entre directos e indirectos, suman 68.000 empleos, magnitudes estimadas en todos los casos.
"La nueva ley de biocombustibles que entrará en vigencia próximamente, en reemplazo de la Ley 26.093, tiene una serie de defectos que representa un retroceso en materia ambiental, violatorio del Acuerdo de París y de la Ley Nacional Ambiental 25.675, y de industrialización de la ruralidad. Por ende, no es una buena herramienta para promover inversiones. El nuevo régimen dejará de ser promocional y pasará a ser solo regulatorio, como si la industria de biocombustibles en Argentina hubiera logrado su maduración en 15 años", concluyó Molina.
