El uso del FISE podría incrementar de 12.500a 20.000 las residencias conectadas al gas natural en el sur del país al cierre de este año.
JUAN SALDARRIAGA
La masificación del gas natural en el Sur del Perú sufrió un sonoro traspié en 2020 como consecuencia del retiro del país de la española Naturgy – concesionaria del proyecto -, debido a lo que esta denominó una “falta de coherencia en la política de masificación” del estado peruano.
En esta difícil coyuntura, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso que Petro-Perú se encargue de administrar la concesión de forma temporal. Siete meses después de recibir este encargo, la empresa estatal considera que está en capacidad de administrar el proyecto de forma permanente.
“Si podemos quedarnos nosotros operando esa concesión, no lo vemos como un problema. Podríamos hasta buscar un socio”, comenta el presidente de Petroperú, Eduardo Guevara.
Conexiones domiciliarias
Desde que asumió el proyecto en diciembre pasado, la estatal se ha dedicado a preservar las conexiones realizadas por Naturgy, 12.500 en total, y a incrementar el número de conexiones industriales.
Sin embargo, cree que hay una gran oportunidad para llevar el gas de Camisea a más hogares en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna, las cuatro ciudades que conforman la concesión.
“Ahora estamos viendo con el Minem la forma de poder usar los recursos del FISE (Bonogás) para hacer más conexiones domiciliarias”, explica Guevara.
Según sus cálculos, el uso del FISE podría incrementar de 12 mil quinientas a 20 mil las residencias conectadas al gas natural en el sur del país al cierre de este año.
“Lo único que necesitamos es que nos den luz verde y comenzamos a trabajar”, apunta.
El funcionario explica que cuenta para ello con un equipo renovado, formado “en gran parte, por el que ya tenía Naturgy”, el cual se ha quedado trabajando en la concesión y es el responsable de que Petro-Perú “evalúe otras opciones para el gas natural”.
Por ejemplo, la posibilidad de traer gas natural de Mejillones, en Chule, o de los lotes de Piura a través del cabotaje.
Ello, en respuesta a la emergencia ocurrida en mayo pasado en Pampa Melchorita (Cañete), la cual privó a Petro-Perú del suministro de gas natural que necesita para alimentar la concesión sur.
Gas natural de Piura
Durante un mes, en efecto, Pampa Melchorita dejó de despachar gas natural licuado (GNL) en camiones tanto a Petro-Peru como a Quavii (concesión norte) debido a problemas aún no esclarecidos.
Como consecuencia, el Minem autorizó a ambos concesionarios a importar gas natural de donde pudiera conseguirlo.
“Sin duda, la emergencia tuvo un impacto importante para nosotros, porque, si bien disponíamos de gas natural, tuvimos que cortar el suministro a nuestros clientes principales, las industrias”, explica Guevara.
Para evitar futuros imprevistos como este, la estatal ve factible traer el gas de Piura.
“Allí está, por ejemplo, el lote Z-2B, que produce gas en el off-shore. En un futuro, ese gas podría llegar al sur en barcos metaneros a través de Ilo o Mollendo, y alimentar la concesión que estamos administrando. Lo que ha sucedido nos obliga a pensar en estos escenarios”, refiere Guevara.
Por lo pronto, Petro-Perú está abocado a demostrar al Minem que es capaz de administrar la concesión con los recursos que les han sido asignados.
Rol subsidiario
“Este es un encargo especial. No forma parte de los estados financieros de de Petro-Perú. Es una cuenta aparte que estamos administrando en las condiciones que nos han dado”, explica Guevara.
Naturgy se fue del país debido a los altos costos logísticos que representaban la licuefacción, regasificación y transporte del gas en camiones desde Melchorita hasta el lejano Sur. Eso y el débil acompañamiento del Estado en el proceso de masificación.
Ahora, el Estado está a cargo de este costoso proyecto, cumpliendo su rol subsidiario de la economía, si bien a pérdida, dado el escaso número de industrias y domicilios conectados.
¿Podrá ser rentable en el futuro? Para ello, Petro-Perú está viendo alternativas que puedan mejorar la economía de la concesión y “no tener que voltear para pedirle al Estado que cubra lo que no podemos cubrir”, apunta Guevara.
“Lo que nosotros nos hemos planteado como objetivo es revisar todo y optimizar lo que nos han encargado, ya sea mirando los costos operativos o haciendo crecer el consumo, dadas las restricciones del transporte en cisternas”, detalla.
En su opinión - y en la de muchos - el problema no se resolverá hasta que el gas pueda ser transportado de manera más económica, y eso significa llevarlo a través de un ducto.
“Hay un potencial, sin duda. Pero hace falta llegar con un gasoducto a esta región”, anota Guevara. La palabra la tiene el próximo gobierno.