JUAN SALDARRIAGA

Las perspectivas para el sector hidrocarburos en gobierno de Perú Libre lucen negras o grises, dependiendo de cómo se interpreten los designios de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón en la esquina del lápiz.

A decir del economista Pedro Francke, el plan no consiste en expropiar yacimientos, sino en renegociar “algunos contratos de hidrocarburos”, como el del lote 56 (exportación de gas natural). En la perspectiva del bloque duro del partido político, en cambio, el objetivo sería “controlar los recursos naturales”. Lo que sea que eso signifique.

Precisamente, para obtener una claridad al respecto, los integrantes del Consorcio Camisea (principal blanco de las críticas de Perú Libre) estarían barajando diversas estrategias de acercamiento con las próximas cabezas del sector Energía y Minas en un posible mandato de Pedro Castillo.

Auditoría petrolera

Y es que una cosa es segura, según fuentes consultadas para este informe: que todos los mandos altos y medios del sector Energía y Minas serán removidos de sus cargos, especialmente, los de Perú-Petro, agencia a la que Perú Libre responsabiliza de la crisis del sector hidrocarburos y de la menor renta petrolera que el Estado peruano percibe en consecuencia.

Por esta razón, el nuevo plan de gobierno de la agrupación política (Plan Bicentenario) propone emprender una auditoría integral de Perú-Petro y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la cual traería aparejado el ‘cierre’ o prohibición temporal de todas las actividades de promoción de las inversiones (incluyendo viajes al exterior) y la firma de nuevos contratos de petróleo y gas.

Según el especialista en hidrocarburos Carlos Gonzales, esta propuesta “sigue en pie” y tendrá como resultado inmediato sepultar por completo la licitación anticipada de nueve lotes petroleros, que Perú-Petro continúa elaborando, pese a la posición manifiesta de las dos fuerzas políticas que se disputan las elecciones: Fuerza Popular y Perú Libre.

Cabe recordar que el congresista Diethell Columbus, de Fuerza Popular, inició una investigación sobre el particular en el Congreso de la República, mientras que Perú Libre ha dado a entender que preferiría entregar los lotes a empresas nacionales, como Petro-Perú.

De hecho, la estatal petrolera ha manifestado su intención de participar en la explotación de, al menos, tres de dichos lotes: X, VII-VI y Z-2B, los cuales considera indispensables para “abastecer de petróleo a la nueva refinería de Talara, que comenzará a operar en noviembre próximo”, según anota Eduardo Guevara, presidente de Petro-Perú.

El renovado incremento en el precio del crudo (cercano a US$75 el barril después de más de dos años) haría más interesante ese acercamiento. Pero no eclipsa de ningún modo el prioritario interés de Perú Libre por el gas natural, combustible al cual dedica la mayor parte de su plan energético.

Nacionalizar o masificar

La principal crítica de Perú Libre al modelo energético peruano radica en la incapacidad del Estado para llevar el gas natural de Camisea a otros hogares que no sean los de Lima y la costa.

“El gas de Camisea, que provee de energía barata a los hogares (y sustituye a los balones de gas licuado) está en el Cusco, pero ni esta región ni ninguna de las regiones del sur o el centro del país tiene gasoducto ni conexión domiciliaria”, indica el Plan Bicentenario.

Por ello, la agrupación política propone relanzar el gasoducto sur peruano y fomentar la construcción de una red nacional de ductos.

Para Augusto Astorga, socio de Petróleo, Energía y Gas de CMS Grau, la nacionalización del gas natural que propugna Perú Libre debe ser leída, por tanto, como un lineamiento para masificar este recurso energético en los hogares andinos, a través del expediente más eficaz: el desarrollo de ductos.

“La estrategia inteligente consiste en diseñar un sistema de gasoductos que discurra por las principales ciudades del país, como ocurre en Argentina y en Colombia. El transporte virtual [en camiones cisterna] es solo un paso intermedio por el cual se van ampliando las fronteras”, apunta el especialista.

A efectos prácticos, esto significa la cancelación de todos los proyectos de masificación virtual del gas, alentados por el Estado, como Siete Regiones, iniciativa postergada innumerables veces por Proinversion desde su lanzamiento en 2017.

En opinión de Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy, se trata de un proyecto fallido por su “alto costo y complicación logística”, como lo demuestra el fracaso de la Concesión Sur Oeste (gas virtual), abandonada por Naturgy en diciembre pasado.

Autopistas para el gas

De acuerdo a una fuente cercana a Perú Libre, Siete Regiones sería reemplazado en un gobierno del lápiz por una red de ductos más pequeños (de 8 a 10 pulgadas) la cual “recorrería todas las provincias que no serían cubiertas por el gasoducto sur peruano (de 30 pulgadas de diámetro)”.

Según dicha fuente, uno de los llamados a operar esta nueva red de miniductos sería Petro-Perú, aprovechando su recién ganada experiencia como administrador temporal de la Concesión Sur Oeste.

¿Y el financiamiento? Obviamente, un proyecto de dichas características tendría que ser costeado por el Estado debido a la débil demanda de gas natural en los andes peruanos (que imposibilita obtener retornos para la inversión privada).

El problema con este esquema es que la posición fiscal del Perú es menos vigorosa, debido al embate de la pandemia de COVID-19, por lo que el concurso del Estado se complicaría. Y, más aún, si de lo que se trata es de relanzar el gasoducto surperuano, megaproyecto que demandará la friolera de US$4.500 millones.

Por esta razón, Astorga propone crear grandes ‘clientes ancla’ al extremo de los proyectados gasoductos, a fin de facilitar el financiamiento de la infraestructura. Por ejemplo, nuevas plantas de gas natural licuado (GNL), al estilo de Pampa Melchorita, proyecto que apalancó el desarrollo del ducto de Camisea (Cusco a Lima).

Otra propuesta, que expertos cercanos a Perú Libre manejan, es la posibilidad de implementar una petroquímica para exportar productos basados en etano, como se pretendió hacer en algún momento de la década pasada.

Finalmente, Carlos Gonzales propone usar el canon gasífero para financiar la construcción de gasoductos, una medida que causaría obvia resistencia por parte de los gobiernos subnacionales, pero que ayudaría a movilizar los cientos de millones de soles que duermen el sueño de los justos en las cuentas bancarias de las regiones.