El Estado toma el control de la Hidrovía por 12 meses: dice que es para preparar una nueva licitación

MARTÍN BIDEGARAY/Clarín

Justo cuando la bajante del Paraná es la peor en 45 años, con lo que se pone en relevancia más aún la necesidad de la Hidrovía, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, anunció que el Estado toma el control por 12 meses.

Actualmente la Hidrovía es operada por la belga  Jan de Nul y la local Emepa de Gabriel Romero. Así las cosas, el Estado toma el control de la concesión por los próximos 12 meses, a través de una “licitación corta”, que sería el preludio de una más extensa, según el ministro Alexis Guerrera.

“Se está trabajando junto a el gobierno nacional, Jefatura de Gabinete y al propio Presidente en un primer decreto concediéndole facultades a Administración General de Puertos (AGP), que es la administración general de puertos y que como se trata de una sociedad del Estado tiene una mayor flexibilidad no de controles, sino de tiempos para realizar una licitación corta que consista en el mantenimiento de lo que hoy está pasando, de lo que hoy está sucediendo. Y esto que no habría obras nuevas planteadas durante 12 meses que es a lo que estamos llamando licitación corta”; expresó.

La prórroga actual vence el 30 de julio (en días corridos) o a mediados de septiembre (en días hábiles). Antes de esa fecha, debería estar lanzada la licitación “corta”, de mantenimiento por parte de la AGP.

El Estado se encargaría del mantenimiento del sistema y cobraría el canon respectivo. Los privados se seguirán encargando del dragado y balizamiento. La licitación “corta”, solo constaría del mantenimiento, para preparar los pliegos de una “larga” para las próximas décadas.

La licitación “corta” sería de 12 meses, con la AGP como centro, para confeccionar los pliegos de una licitación más extensa. En ese período, el cobro del canon -lo que pagan las empresas que utilizan la Hidrovía para mover su producción- quedaría “por parte del Estado a través de AGP. “De ahí (iría a) esa cuenta derivadora se les paga a las concesionarias que ganen el dragado y balizamiento por las tareas realizadas”, según Guerrera. El Estado tomaría el mantenimiento, mientras que el dragado y balizamiento seguiría en manos privadas.

Los operadores privados, los exportadores y las empresas del sector temen que aparezca algún operador chino que capture la Hidrovía, de la mano de algún sector del Poder Ejecutivo Nacional. “En mi caso particular, yo no he atendido a ninguna empresa vinculada con la hidrovía, ni siquiera con los actuales operadores, justamente para mantener la distancia necesaria para poder llevar adelante este proceso que es tan importante para la argentina, para el futuro de los próximos 30 años, para el desarrollo de la producción, para las exportaciones. Después va a haber una licitación, ahí pueden competir chinos, japonés, franceses, alemanes y belgas también”, manifestó el ministro.

“Cuando termine todo este proceso, que no es solamente la licitación corta, lo que se pretende es mantener operativo pero ya con control más efectivo del Estado. Manteniendo operativa la hidrovía navegable, mejor dicho. Cuando termine todo este proceso, vamos a contar con un ente nacional de control que seguramente va a ser el encargado de la licitación de la próxima, más grande que contiene las obras que plantea mayor profundidad de dragado o acceso a los puertos públicos y demás, convirtiéndose prácticamente en una Secretaría o en un ministerio que se dedique exclusivamente a tener presencia en esta arteria fundamental para la función y desarrollo de la Argentina”, expresó Guerrera.

Con respecto a la comisión bicameral que podría controlar la Hidrovía, Guerrera dijo que “por ahí no es habitual que una comisión bicameral o que el Congreso digamos audite al Ejecutivo mientras realiza un proceso licitatorio pero en este caso la verdad es que cuantos más controles existan y cuanto más cantidad de organismos participen del control y del cuidado de la transparencia del proceso para nosotros es muchísimo mejor. Si hay legisladores y los legisladores y la bicameral está compuesta por legisladores de la oposición muchísimo mejor, le va a dar mayor transparencia a algo que se presenta con posibilidades de no ser transparente. Entonces nosotros como ministerio responsable queremos darle la mayor transparencia, si la bicameral le da a distintos sectores mayor tranquilidad bienvenida sea”, concluyó.

Fuerte rechazo en el agro a que el Estado tome el control de la hidrovía

FERNANDO BERTELLO/La Nación

En la agroindustria rechazan que el Gobierno ceda por decreto por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración de la hidrovía Paraná-Paraguay, lo que implicaría un manejo estatal.

El 29 de abril pasado, el Gobierno prorrogó por 90 días la concesión de la Hidrovía SA, a cargo del grupo belga Jan de Nul y el argentino Emepa, responsables de la operación y dragado en los últimos 25 años. Según trascendió, el Gobierno tiene listo el decreto para dar por terminada la concesión y pasar el control a la AGP. La hidrovía es la puerta por la cual sale el 85% del comercio agrícola de la Argentina.

“Opera volúmenes por encima de los 100 millones de toneladas, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente el 85% de las cargas agroindustriales argentinas, el 90% de las paraguayas y el 50% de las bolivianas. Cuenta con 90% de los flujos de containers de Argentina y Paraguay y una porción importante de los flujos de Bolivia. Tiene un tráfico de barcazas de 20 millones de toneladas. Se transporta el 60% de las importaciones de gas licuado y casi la totalidad de combustibles de Paraguay”, detalló recientemente la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), que precisó que “4500 buques entran cada año al sistema”.

“Que el Estado opere la hidrovía por un año es un grave error. No tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del Paraná (la peor en los últimos 50 años)”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). “El Estado debe llamar a licitación de forma urgente manteniendo el cobro directo de la tarifa en el concesionario”, agregó.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó el temor de la entidad a que se afecta la “competitividad” del agro. Además, señaló que el sector no fue tenido en cuenta para la discusión del tema.

“Nos preocupa que una mala decisión del Gobierno pueda afectar la competitividad de toda la agroindustria exportadora, la hidrovía es la puerta de salida de nuestra producción al mundo. Desde la SRA creemos que contar con un sistema eficiente de hidrovía es fundamental para el desarrollo del país”, señaló a este medio.

Pino dijo que “el sector agropecuario quiere ser parte del nuevo armado de la hidrovía. Hoy no somos tenidos en cuenta en su reconfiguración, estamos afuera de las discusiones y debemos ser incluidos”.

“Hasta el momento no hubo observación en la actual concesión que venció, es decir, no hubo críticas ni a las tarifas, ni al servicio de dragado y balización al actual sistema”, precisó Pino.

Para el sector privado ligado al agro, la hidrovía ha sido clave para su despegue y tuvo un impacto que la trascendió. En este contexto, entre 1993 y 2020 la producción para exportación desde todos los puertos trepó de 22,8 millones de toneladas a 89,7 millones de toneladas de granos y subproductos. Hubo más de US$15.000 millones de inversión privada en puertos, plantas aceiteras, infraestructura que acompañó todo ese proceso.

Por la caja

Para Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), con la administración por parte del Estado el riesgo es que haya fondos que se usen para otras actividades, sobre todo en un año electoral.

“Si bien estaría dentro de las facultades del Gobierno disponer el mecanismo de cobro de peaje a través de un fideicomiso, entendemos que se arriesgan las virtudes del sistema innecesariamente. Pone en riesgo lo que ha sido virtuoso del sistema, que el concesionario percibe directamente de los usuarios el canon (por el uso)”, apuntó Mántaras.

“No nos parece adecuado y la sensación es que el Gobierno va por la caja, no tiene otro sentido porque tranquilamente puede auditar el cobro y la aplicación de los recursos”, añadió.

Según Mántaras, en el marco de la bajante del Paraná se va a tener que hacer “actividades extraordinarias” para garantizar la navegabilidad. “Es un año muy complejo donde el usuario va a tener que aplicar toda la maquinaria y tecnología para garantizar la navegabilidad”, explicó. “El riesgo (del control del Gobierno) es el destino de los fondos para otras actividades”, remarcó.

También Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), se sumó a las críticas.

“El Estado actual, la manera que se maneja el Estado en la Argentina tiene una incapacidad total para manejar un tema como la hidrovía que, más allá de consideramos que tiene un alto costo y se podría manejar de otra manera, hay que tener la experiencia de trabajo y la infraestructura necesaria. El Estado actual no posee eso para hacerlo. Consideramos que debe acelerarse el proceso licitatorio claramente para que se arme ese proceso y surja la empresa que pueda tener la característica tecnológica para llevar adelante esto. En las condiciones actuales el Estado no puede hacerse cargo ni por un año de la hidrovía”, alertó.

Jan De Nul no hizo comentarios sobre el decreto que publicaría el Gobierno. En tanto, en la Cámara de Puertos Privados Comerciales dijeron que esperarán a que haya más información para dar una postura.