CLARA FERREIRA MARQUES

La principal nación productora de cobre del mundo ha sido durante mucho tiempo una de las jurisdicciones mineras más confiables. Sin embargo, los legisladores de la cámara baja de Chile, afectada por la pandemia, acaban de aprobar una  regalía progresiva  sobre las ventas de cobre tan onerosa que las mineras la describen como  "similar a una expropiación". 

 Los cambios constitucionales en marcha también podrían significar reglas más estrictas sobre el agua, la protección de los glaciares y los derechos minerales y comunitarios.

Desenterrar el metal favorito de la economía verde está a punto de volverse mucho más costoso.

El nacionalismo de los recursos, cuando los gobiernos presionan por una mayor parte del botín, por cualquier motivo, tiende a refluir y fluir con los ciclos de las materias primas y las temporadas electorales. La combinación en este momento es embriagadora. 

Existe la necesidad urgente de reparar los tejidos sociales y económicos desgarrados, y varias naciones productoras tienen elecciones importantes este año, incluido Chile. 

Los precios se han disparado durante meses, impulsados ​​por las preocupaciones de suministro existentes, recuperando el apetito global y, al menos para algunos metales, una transición verde a la vista. El cobre de Bellwether no está lejos de los máximos históricos de más de US$ 10.000 la tonelada métrica, casi el doble de lo que estaba hace un año. Incluso el mineral de hierro como ingrediente del acero ronda los 200 dólares la tonelada.

En estos días, menos políticos predican la nacionalización absoluta. Todavía hay algunos trucos para arreglar rápidamente las deudas y otras deficiencias, como ocurre con Zambia, que se ha quejado repetidamente de que las empresas pagan impuestos insuficientes y quiere tener una mayor parte de los ingresos del cobre. 

Rusia recurrió a los impuestos a la extracción de minerales para ayudar a tapar su déficit pandémico. Otros están reconsiderando el equilibrio ambiental, económico y social más amplio, como en Chile y Perú, donde las propuestas plantean interrogantes no solo sobre la producción de cobre de hoy, sino también sobre la de mañana, dada la participación de la región en las expansiones mineras planificadas.  

La primera consecuencia es que los gigantes de la minería detienen las grandes decisiones de gasto, incluso para el metal rojo en alza. El nivel de precios necesario para que los proyectos se conviertan en atractivos aumenta y la nueva oferta se ralentiza. Craig Lang, analista principal de la consultora CRU, señala que es aún más importante ya que estamos en el punto del ciclo en el que, después de años de generosos pagos para los inversores, los altos precios comienzan a empujar a las empresas a aprobar nuevas inversiones.

Nada de esto es por falta de demanda. Según CRU, la cantidad consumida solo por vehículos eléctricos aumentará a 3 millones de toneladas para 2033, o más del 10% del consumo refinado global, de cerca de 500.000 toneladas este año, aproximadamente el 2%, lo que sugiere una brecha de suministro que requerirá US$ 100.000 millones adicionales en proyectos para completar.

La propuesta de regalías de Chile no es nueva, pero ganó impulso después de las manifestaciones callejeras por la desigualdad y los altos costos de vida, luego una pandemia de Covid-19 que no hizo nada para cerrar la brecha entre ricos y pobres. 

A partir de un sistema que ahora cobra en gran medida a las empresas en función de las ganancias operativas, el nuevo plan favorece un modelo de escala móvil que impondrá hasta un 75% sobre los ingresos incrementales generados si los precios suben por encima de $ 4 la libra, un poco más de US$ 8.800 por tonelada. Las estimaciones de la eventual carga fiscal exacta varían, pero sin duda estará entre las más altas de la minería.

Son malas noticias para el suministro actual, pero peores para la producción futura. El analista de Bloomberg Intelligence Grant Sporre  calcula  que, según el plan, el cobre tendría que llegar a los US$ 11.500 la tonelada, un nivel que el metal nunca ha cruzado, para que las empresas consideren construir una mina desde cero. 

Los precios de los incentivos son teóricos, pero el dolor es real, especialmente en un país con muchos pozos maduros donde las empresas están invirtiendo para quedarse quietas. Las estimaciones de CRU sugieren que a US$ 4 por libra, el nuevo sistema no dejaría ninguna mina chilena en la mitad inferior de la curva de costo del cobre.

El nuevo impuesto aún debe pasar por el Senado y seguirá enfrentando la oposición de la coalición gobernante de centro derecha de Chile. Las empresas están protegidas durante algún tiempo por acuerdos de estabilidad y los cambios constitucionales llevarán tiempo. Pero el impulso y las necesidades posteriores a la pandemia son reales. Goldman Sachs Group Inc., entre otros, tiene razón al advertir que la probabilidad de revisiones es alta.

Luego está Perú, uno de los países más afectados por Covid-19. Se fija una segunda vuelta presidencial  este fin de semana. El candidato socialista Pedro Castillo, un exmaestro que ganó la votación de la primera ronda, ha tomado una hoja del libro de jugadas de Chile con planes para aumentar los impuestos a la minería y reformar la constitución. (La rival Keiko Fujimori, por el contrario, planea apoyar proyectos de recursos). 

Y más lejos está Mongolia, con elecciones presidenciales el 9 de junio que sin duda afectarán el destino del proyecto de cobre gigante Oyu Tolgoi de Rio Tinto Group.