Azotada fuertemente por los impactos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia, América Latina emprende el desafío de costear una recuperación del sector de energía que sea sostenible y la afiance en la transición hacia fuentes limpias.

La mayoría de las naciones se ha embarcado en desembolsos para apaciguar esas secuelas, pero esos recursos parecen ser insuficientes y se orientan a rescatar a la industria de los hidrocarburos, a pesar de sus connotaciones ambientales.

Durante su participación en la XXX Conferencia de Energía La Jolla, el uruguayo Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), recordó que la región ya estaba en una posición financiera precaria antes de la pandemia, por la debilidad de sus ingresos fiscales.

El encuentro se realizó en forma virtual, debido al Covid-19, organizado por el no gubernamental Instituto de las Américas (IA), que tiene su sede en la ciudad costera de La Jolla, en California, Estados Unidos.

“En la recuperación, el papel de transición energética es importante, para crear más y mejores empleos en la región. Acelerar la transición energética tendrá un impacto importante en la situación económica, es el rol de la recuperación verde en el futuro inmediato”, afirmó Blanco ante consultas de IPS.

“La transición es parte de la estrategia de descarbonización para alcanzar los objetivos ambientales de las negociaciones internacionales”, subrayó.

Tras la aparición de la pandemia en la región, Olade inició un acercamiento con los ministros de Energía y con otras agencias multilaterales para respaldar a los gobiernos en la recuperación pospandémica.

Con más de medio millón de muertes y una contracción económica del 7,4 por ciento en 2020, la región ha sido la más afectada del mundo por la covid, lo cual no solo ha tenido repercusiones en la salud, sino también en el empleo, la infraestructura y la economía en su conjunto, según ha destacado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En algunos países el golpe fue más severo, debido al descenso de los ingresos por producción y exportación de hidrocarburos, como petróleo y gas, ante la parálisis de las actividades a nivel mundial y la consiguiente baja del consumo.

Y si bien la economía regional ya muestra un rebote en 2021, las secuelas de la crisis tendrán un efecto prolongado, como el incremento de la pobreza.

La región se debate entre la contratación de más deuda externa y cobrar más impuestos, pero casos como el de la fracasada reforma tributaria en Colombia, que desató protestas a finales de abril, ejemplifican las consecuencias de cambios que castigan a los segmentos de ingresos medios y bajos e ignoran a los grandes capitales.

Los gobiernos regionales reconocieron ya en octubre de 2020 la importancia de la recuperación sostenible, durante el 38 período de sesiones, también digitales, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Pero esa estrategia está alejada de las medidas aplicadas.

Buscar el dinero

José Luis Manzano, director del fondo privado Integra Capital, dijo, durante la última jornada de la XXX Conferencia, que “las herramientas que tiene el mundo son las multinacionales, los organismos multilaterales y las agencias nacionales de desarrollo. El dinero vendrá a la región, pero tenemos que crear competencia”.

El empresario argentino sugirió “acudir” al gobierno de Joe Biden en Estados Unidos para que su política de billonaria inversión pública “Reconstruir Mejor” se expanda hacia el sur, más allá de sus fronteras.

Se trataría, analizó, de una acción que tendría beneficios mutuos, porque impulsaría el peso de Estados Unidos en una región en disputa con China, que en la última década ha enviado a empresas públicas y privadas a invertir en la zona.

En los últimos años, América Latina ha progresado con las alternativas eólica y solar, pero enfrenta el desafío de disminuir la quema de combustibles fósiles en la industria, el transporte y mejorar la eficiencia energética.

Esa transición se ha detenido en naciones como Argentina y México, que privilegian el apoyo a los hidrocarburos, y en Brasil, que impulsa la industria gasífera.

De hecho, datos de la intergubernamental Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del no gubernamental Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible coinciden en que las medidas energéticas distan de ser sostenibles.

Países como Argentina, Brasil y Perú aplican políticas insostenibles, han analizado.

En un episodio reciente, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el 24 de mayo la compra a la compañía angloneerlandesa Shell de 50 por ciento de las acciones de la refinería Deer Park, en el estado estadounidense de Texas, por US$ 600 millones, para asumir su control total.

Los beneficios de una recuperación sostenible y de buscar cero emisiones netas en 2050 son impresionantes, en particular en el contexto de la pandemia.

La región podría lograr ahorros anuales de US$ 621.000 millones para 2050 si los sectores de energía y transporte de la región alcanzan cero emisiones netas y lo cual también crearía 7,7 millones de nuevos empleos permanentes, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

En ese sentido, Stéphane Hallegatte, economista líder del Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial, resaltó la construcción de resiliencia ante el Covid-19 y aseguró que aún es “temprano” para dirimir si las recomendaciones serán aplicadas.

“Todos los mecanismos que han sido aplicados pueden ayudar en el futuro si los mantenemos. Así podemos salir de la crisis y construir resiliencia”, dijo a IPS durante la reunión virtual “Innovar por el clima”.

“Los gobiernos pueden jugar un papel al ayudar a crear empleos e inversión pública”, resaltó Hallegatte, durante la reunión patrocinada por la institución multilateral y que analizó las acciones climáticas entre el martes 25 y el jueves 27 de mayo.

Opciones verdes

Innovadores aunque aún con bajo despliegue, los bonos verdes pueden servir para el financiamiento parcial de la recuperación.

“Ha habido mucho avance en bonos verdes. Hay mucho interés en Chile y algunos bancos de desarrollo nacionales”, dijo Gema Sacristan, jefa de Inversiones de Invest IDB, el brazo de financiamiento privado del BID, durante la XXX Conferencia de Energía de La Jolla.

Los bonos verdes son instrumentos para obtener financiamiento exclusivo para proyectos como energía renovable, construcción sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua, manejo de residuos y agricultura.

Entre 2014 y 2021, la región colocó más de US$ 20.000 millones en bonos verdes, encabezada por Brasil y México, ventas cuya mayoría ocurrió en los últimos dos años.

Desde la sede de la Olade en Quito, Blanco expresó su optimismo respecto a la recuperación y creación de empleos, pero recalcó que “son necesarias mejores regulaciones más modernas, enfocadas en la recuperación sostenible. Tenemos que incorporar las nuevas tecnologías y energías”.

¿Qué fue del Corazón Energético de Sudamérica?

En octubre de 2015 Tarija fue sede de la XLV Reunión de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) que aprobó un texto con 12 conclusiones entre las que se señalaba el “reconocimiento del compromiso de Bolivia de fortalecer su posición como centro energético de Sudamérica”.

Por aquel entonces se había convertido en el nuevo objetivo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que seguía siendo uno solo, el dar una vuelta de tuerca a los planteamientos de la agenda de octubre de 2003 sobre la industrialización para retornar a posiciones más concentradas en producir para exportar a los países vecinos.

El punto 11 del documento denominado "Declaración de Tarija" establece: "Reconocer el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para fortalecer su posición como centro de integración energética de América Latina y el Caribe, destacando la importancia que este país concede al acceso a la energía como parte fundamental de los servicios básicos que constituyen para este país un derecho fundamental de su  pueblo y el importante papel del Estado Plurinacional de Bolivia en el mejoramiento del nivel de vida en los pueblos de la región".

Seis años después, sin embargo, los proyectos estratégicos en materia eléctrica apenas han avanzado y en hidrocarburos la crisis es cada vez más profunda según ha reconocido en sede parlamentaria el ministro Franklin Molina la semana pasada.

En 2015 Bolivia producía 1.800 megavatios, pero el consumo interno solo llegaba a 1.300, por lo que había 500 megavatios dispuestos para la exportación al tiempo que se anunciaban grandes megarepresas – desde El Bala Chepete a la de El Carrizal en Tarija -, además de proyectos eólicos de grandes dimensiones, pero también y sobre todo la construcción y ampliación de las termoeléctricas que funcionan a base de gas natural.

Hasta el momento ningún proyecto se ha desarrollado con éxito, y más al contrario, existen rechazos sociales y ciudadanos a determinados proyectos de embalses, que amenazan a las comunidades circundantes y a los ecosistemas naturales.

Entre los compromisos adquiridos en la reunión de la Olade en Tarija estaba el de “Continuar trabajando desde el ámbito energético, con el fin de fortalecer la soberanía y seguridad energética regional, incrementar el porcentaje de cobertura eléctrica regional y aumentar la participación de la energía renovable en la matriz energética regional” o “Contribuir, desde el ámbito de su competencia, en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dando un enfoque especial a aquellas iniciativas que contribuyan al acceso universal y al uso eficiente y racional de la energía, a la inclusión social, al cuidado del ambiente, a la reducción de los impactos del cambio climático y a la diversificación de la matriz energética orientada hacia el uso de las diversas fuentes de energía” además de “Fortalecer el mecanismo de Cooperación Sur-Sur institucionalizado por OLADE, a fin de reforzar y articular la cooperación y colaboración entre los países, organismos y entidades regionales y extra-regionales, mejorando la sinergia creada por este mecanismo, contribuyendo, de acuerdo con sus capacidades y recursos, al progreso y desarrollo energético sostenible de los países de la región.

Además, instó a OLADE a “que invite a la Banca para el Desarrollo y Agencias de Cooperación que faciliten una financiación adecuada y oportuna, que permita el aprovechamiento de inversión en proyectos estructurantes, de conformidad con las políticas y legislaciones nacionales, con metas a escalar sustancialmente la transferencia de tecnología y conocimientos relacionados, fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos que se implementen en el marco de la integración energética”.

Hidrocarburos, Bolivia y el paso atrás

En materia de hidrocarburos en Bolivia, el panorama de avance ha sido incluso peor que en con la energía. Las reservas probadas han bajado de 10,7 trillones de pies cúbicos a menos de 8 actualmente y la capacidad de producción ha bajado de casi 60 millones de metros cúbicos diarios a aproximadamente 45, debido fundamentalmente a la reducción de la demanda por parte de los dos grandes compradores: Brasil y Argentina, que han logrado reducir sus compromisos de compra obligatoria.

Desde la cumbre de Olade de 2015 en Tarija, Bolivia se ha planteado entrar al mercado exportador, para lo que se abrió una puerta al fracking en el área reserva de Miraflores, en el área chaqueña de Chuquisaca y Santa Cruz, y se aprobó una normativa que permitía el ingreso a parques naturales para la búsqueda de hidrocarburos.

Aún así, el ministro Franklin Molina ha insistido en que no se han cumplido los objetivos, por lo que procede una modificación de la normativa actual contemplada en laLey de Hidrocarburos de 2005  .