La revolución de las energías renovables no convencionales (RER) aguarda a la vuelta de la esquina, y la mayoría de los peruanos no lo advertimos, particularmente, los candidatos presidenciales, que basan su oferta electoral en el control de los recursos energéticos no renovables y finitos, como el gas natural, el gas licuado y el petróleo.

Un reciente estudio elaborado por la consultora Deloitte visualiza ese futuro que no estamos viendo: un Perú dominado por las energías renovables al 2050, en el cual el gas natural será solo un actor secundario y el petróleo habrá, muy probablemente, desaparecido como fuente de energía.

La Hoja de Ruta de Transición Energética elaborada por Deloitte describe estos escenarios en función de la meta de reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) pactada por el Perú en la COP 2020. Esto quiere decir un 40% menos de emisiones al 2030.

El estudio va, sin embargo, más allá, proponiendo una visión de largo plazo al 2050 con un puente de transición al 2030, el cual acarreará “cambios transformacionales bastante drásticos”, anota Marco Fragale, country manager de Enel, empresa impulsora del estudio.

En efecto, la hoja de ruta prevé que para cumplir con los compromisos contraídos en la COP20, el país deberá incrementar la capacidad instalada de las energías solar y eólica a un rango de 28% a 32% para fines de esta década.

Como resultado, visualiza la creación de un ecosistema de 900 mil puestos de trabajo, atado no solo a la construcción y operación de plantas de energía renovables, sino también a la manufactura de insumos eléctricos y a la explotación de metales como el cobre, indispensable para la transición energética.

La parte delicada es que habrá que lamentar la pérdida de 300 mil puestos de trabajo en aquellas industrias que irán siendo reemplazadas por las tecnologías renovables, como es el caso de “la cadena de valor ligada al petróleo y otros combustibles fósiles, y la explotación de minerales contaminantes, como el plomo y el carbón”.

Fragale asegura, sin embargo, que la mayoría de estos operarios y profesionales no se quedará sin empleo pues podrán acceder a planes de reconversión y desarrollo de competencias en los sectores emergentes, con lo que la creación neta de trabajo se saldará en 600 mil puestos.

Un ejemplo de esta desinversión en tecnologías contaminantes es la iniciativa de Engie para desprenderse de sus centrales de carbón y petróleo residual en el sur del país.

Según Rik de Buyserie, CEO de Engie, estas medidas llevarán a la reducción de cerca de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Con esta base, la hoja de ruta de Deloitte visualiza un Perú carbono neutral al 2050, en el cual las energías renovables dominarán la matriz energética con el 82% a 85% de participación, y también el consumo final de energía (en hogares y el sector transporte) con el 62%.

“Para eso, el Perú deberá instalar 15 veces más capacidad solar y 12 veces más capacidad eólica de la que hay hoy en día. Y también tendrá que poner en circulación 5,5 millones de autos eléctricos”, anota Fragale.

A fin de cumplir con este objetivo, Deloitte estima que será necesaria una inversión de US$103,4 mil millones, incluyendo US$11,2 mil millones para la construcción de plantas de energía solar y eólica, y US$6 mil millones para el desarrollo de 9.500 kilómetros adicionales de líneas de transmisión eléctrica (30% más).

La inversión restante corresponderá a proyectos de adecuación energética, que deberán ser puestos en práctica por todos los sectores económicos, pero, principalmente, por el industrial, que será el más beneficiado por el empleo de energías competitivas como la solar y eólica.

Muestra de ello es la central Punta Lomitas de Engie, que “será la primera del país que no generará costos para los usuarios residenciales (no se cargará a las tarifas) debido a su costo competitivo”, anota de Buyserie.

Fragale asegura que la ejecución de la hoja de ruta de Deloitte no originará un costo para el país.

Por el contrario, estima que reportará un beneficio económico neto de US$205 mil millones al 2050, expresado en mayores ahorros por la sustitución de energías más caras y contaminantes, el incremento de ingresos y la mayor competitividad a la que accederían los sectores económicos.

“La escala de la inversión no tiene por qué bloquear la transición energética, porque tiene un beneficio para el Perú de cerca del 2,7% del PBI”, apunta Fragale.

De hecho, Deloitte prevé que la transición energética podrá ser financiada mediante el mecanismo del Carbon Pricing (precio del carbono), una medida que deberá ser complementada con otros tipos de financiamiento verde y la reducción de tributos y aranceles para las tecnologías solar y eólica y para la movilidad eléctrica.

La Hoja de Ruta de Transición Energética es un estudio colaborativo entre distintos actores, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Transportes (Mintra), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Sociedad Peruana de Energías Renovables, ONGs, organismos multilaterales y representantes de la academia.