ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ 

Si bien la producción legal de oro ha ganado terreno en la operación minera del país, a la extracción ilegal de este metal todavía le falta mucho camino por recorrer para minimizar este flagelo.

La razón, en poco más de un año la nación ha aumentado en más de un 30% la producción formal de oro, pero la otra cara de la moneda está en que por cuenta de su minería ilegal el país ha dejado de percibir $3,6 billones.

Datos del Ministerio de Minas y Energía (MME) indican que, a partir del 2016, año en que se iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, no solo se dejó de reportar una producción promedio de 30 toneladas al año, sino que además han dejado de entrar a las arcas del Estado los millonarios recursos por su comercialización

“En los cuatro años anteriores se formalizaron 1.750 mineros, y nuestra meta es multiplicar por más de 15 veces lo que se ha hecho, entendiendo las necesidades y requisitos que tienen estos pequeños productores”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El jefe de la cartera minero energética agregó que la demanda del metal ha cambiado y eso se refleja en su aumento y “tenemos que asegurar que sigamos siendo competitivos con ese commoditie tan importante para la economía del país”.

La cifra de los $3,6 billones que ha dejado de percibir el país por la minería ilegal de oro llama la atención si se tiene en cuenta que son prácticamente el 50% de los recursos que se buscan recoger con la reforma tributaria aprobada a finales del 2019 ($7,1 billones), o son la tercera parte del costo total del Metro de Bogotá ($9,5 billones).

Así mismo, el MME sobre la minería ilegal de oro estima que por este flagelo, las regiones en promedio al año dejan de recibir más de $140.000 millones, que equivalen a la construcción de 1.400 viviendas de interés social (VIS).

Los datos en minería ilegal del país, secundan un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el cual concluye que más del 60% de la minería de oro en el país es de operación no legal.

De acuerdo al reporte del organismo, “el 66 % de las evidencias de explotación de oro de aluvión (Evoa) no cuenta con permisos técnicos y/o ambientales ni se encuentra en tránsito hacia la legalidad, lo que constituye una actividad ilegal”.

Los resultados del estudio de la ONU muestran que 12 de los 32 departamentos presentan evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra, con un total de 98.028 hectáreas (ha); y cerca de la mitad (52%) se encuentra en zonas excluibles de minería.

La zonas del país donde se concentra la minería ilegal de oro son Antioquia, Chocó y Bolívar.

Además, otros departamentos con presencia de extracción ilegal del metal, pero con menor intensidad son Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Cauca, y los afluentes son los ríos Apaporis, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro y Atabapo.

Así mismo, se registra esta actividad en 96 municipios, de las cuales diez ocupan el 54% del total (Zaragoza, Nechí, Cáceres, Nóvita, El Bagre, El Cantón de San Pablo, Ayapel, Istmina, Río Quito y Montecristo), ubicados en Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar.