La revuelta colombiana, de imprevisibles consecuencias, no puede ser más inoportuna. Llega justo después de que el sector hidrocarburos auguraba una fuerte expansión de los yacimientos no convencionales.
Hace un mes, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, dijo que el potencial de los YNC en el país puede ser de hasta 25.000 millones de barriles de petróleo, lo que permitiría multiplicar por 12 las reservas actuales, y de cerca de 200 TCFs de gas.
Esto, porque el potencial de shale oil, es de 8.000 millones de barriles, lo que multiplicaría por cuatro los cerca de 2.000 millones de barriles que tenemos como reservas en la actualidad. En gas, en cambio, el potencial es de 165 TCFs (miles de millones de pies cúbicos). Hoy, cabe recordar, las reservas ascienden a 8 TCFs.
El aumento de la pobreza junto a una suba de ataques violentos de grupos armados también llevaron a una gravedad de la crisis de seguridad en los campos petroleros que fue subrayada por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), que emitió una declaración en diciembre de 2020 condenando los asaltos violentos a los campos petroleros en la cuenca oriental de los Llanos.
La pandemia está amplificando muchas de las debilidades estructurales del estado colombiano, incluidas las finanzas frágiles, una economía débil que depende de los productos básicos y la incapacidad de brindar seguridad en muchas áreas regionales fuera de las principales ciudades en donde se encuentra la mayoría de los campos de petróleo del país.
Colombia es una economía que depende del petróleo y los ataques que jaquean la industria se convierten en un gran obstáculo para la reactivación.
El número de taladros activos en Colombia en marzo de 2021 se ubicó en los 111 equipos (28 de drilling), siete más que en febrero, según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol)
La producción de petróleo de febrero de 2021 se desplomó un 15% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la producción de gas natural de 1,1 millones de pies cúbicos diarios se mantuvo estable.
Colombia no ha disfrutado del auge económico que se esperaba, eso, junto con un aumento en el número de grupos armados no estatales que operan en las regiones fronterizas y rurales de Colombia.
El Ministerio de Energía de Colombia declaró en abril de 2020, las reservas probadas de petróleo solo totalizaron unos miserables dos millones de barriles con una escasa vida útil de producción de seis años.
Zamora, dijo que el potencial de gas metano asociado al carbón es entre 30 y 60 TCFs adicionales a los ya mencionados, mientras que el arenas bituminosas podría estar entre 16.000 y 23.000 millones de barriles de crudo adicionales. Para la explotación de estos dos últimos, aclaró no necesariamente se requiere del fracking.
Las cifras, sin duda, muestran un panorama alentador, sin embargo, como recordó b director de IPD Latin America, no hay garantía de que los pilotos resulten explotación para producción comercial.
A lo anterior, la vicepresesidenta de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP, Alexandra Hernández, agregó que es necesario incorporar reservas adicionales si el país quiere garantizar los niveles de producción que sustentan el equilibrio macroeconómico planteado por el Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) y, en ese sentido, los YNC son una gran alternativa.
“El volumen de producción de petróleo con el que se sostiene el equilibrio macroeconómico está sustentado en una producción superior a 840.000 barriles día, hoy es de 745.000 barriles”, dijo, y agregó que “no podemos seguir haciendo más de lo mismo, explorando en los mismos lugares, porque va a ser insuficiente”, por lo que los YNC se configuran con una alternativa adicional a lo que se viene haciendo.
En línea con lo anterior, Padilla recordó que, en la actualidad, Colombia tiene reservas de crudo para 6,3 años y que, tras casi 15 años sin descubrimientos importantes, las opciones hoy son aguas profundas y YNC.
“Lo que ha salvado la producción y las reservas es la recuperación secundaria, pero hay que preguntarse hasta qué punto es factible mantenerse así”, dijo.
Además, señaló que hay al menos seis condiciones esenciales para el desarrollo de estos yacimientos en el país: regulación, medio ambiente y biodiversidad, transición energética, infraestructura, creación de empleo, y articulación y transparencia.
Por esto, resaltó la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar que las inversiones de los pilotos tengan impacto positivo en las comunidades, y de identificar las necesidades locales a través del diálogo.
También, que se requiere encontrar alternativas para lograr el apoyo de la sociedad a nivel nacional, y lograr una sostenibilidad social, ambiental y fiscal en el mediano y largo plazo.
El presidente de la ANH recordó que en 2020 se le adjudicó el primer piloto de fracking, Kalé, a Ecopetrol, con una inversión de US$76,7 millones. Para el segundo, Platero, hay una oferta de ExxonMobil por US$53 millones, que deberá adjudicarse mañana, según el cronograma. Zamora destacó que ambas empresas anunciaron una alianza para el desarrollo de los pilotos y que, al quedar ambos en Puerto Wilches, se espera que tengan bastantes sinergias. Además, recordó que es una inversión a riesgo de los privados, y que solo se adjudicarán dos de los cuatro pilotos que había aprobados.
Para destacar el potencial de los YNC y el aporte del sector petrolero a las arcas nacionales, el director de IPD Latin America recordó que a pesar de que la producción de petróleo hoy es 20% menor que hace 10 años, este sigue representando 30% de las exportaciones del país y 55% de la inversión extranjera directa (IED), y que 70% del déficit fiscal, que para 2021 se calcula en 8,6% del PIB, se paga con ese dinero. Adicionalmente, mencionó que el potencial de generación de trabajo es cerca de 20.000 empleos directos por cada 250.000 barriles diarios de producción, publicó La República.
En medio de las las revueltas, el dólar hizo que el peso colombiano se convirtiera en la moneda emergente más devaluada durante 2021, tras completar un descenso de 10,21%, seguido por el peso argentino, que registró un debilitamiento de 10,17%.
En el tercer lugar se encuentra la lira turca, con una devaluación de 9,90%; en la cuarta posición está el sol peruano, con una baja de 5,20%; seguido por el real brasileño, con una caída de 4,49%.
A nivel mundial, el peso es la moneda más devaluada, solo detrás del peso cubano, el dinar libio, la gurda haitiana y el kyat de Myanmar, según datos de Bloomberg.
Desde el aire las minas de oro ilegales lucían como una herida en medio de la espesa selva al sur de Colombia.
A medida que los helicópteros de la fuerza pública se acercaban para aterrizar en la zona rural del municipio Magüi Payán, en el departamento de Nariño, los trabajadores de las minas emprendían la huida y sólo unos pocos permanecieron en el lugar y fueron dispersados con gases lacrimógenos.
Tras tomar el control del lugar, las autoridades prendieron fuego a la maquinaria pesada, utilizada para extraer el oro.
“Hoy no he comido por miedo… tengo que barequear (extraer oro) y yo soy de las que me meto al socavón, pero si no deja el Estado trabajar a los pequeños mineros no tengo cómo alimentar a mis hijos, porque el Estado no me da nada, a pesar de que soy desplazada y fui violada”, gritó a las autoridades y ante las cámaras de The Associated Press el 20 de abril una mujer de aproximadamente 40 años, quien se encontraba en la mina ilegal y no quiso revelar su nombre.
Magüi Payán, ubicado en una subregión del Triángulo de Telembí, es una tierra rica en el suelo y el subsuelo, sin embargo, las necesidades básicas de su población están insatisfechas: no hay acueducto, el hospital está en construcción y la conexión a Internet es escasa.
"Tenemos un índice de pobreza extrema del 84,6%, estamos sobreviviendo por obra y gracia del espíritu santo", dijo a la AP el alcalde del municipio Alejandro Juvenal Quiñones.
La principal fuente de trabajo de sus pobladores son las minas, negocio en su mayoría controlado por los grupos ilegales. Por cada máquina excavadora los mineros pagan “un impuesto del 10% del producido” a los grupos armados, aseguró a la AP el teniente coronel Pedro Pablo Astaiza, jefe de la operación realizada el 20 de abril en Magüi Payán por la Unidad Nacional contra la Extracción Ilícita de Yacimiento Minero.
“Hemos inutilizado seis excavadoras por un valor aproximado de 1.200 millones de pesos (alrededor de 332.000 dólares), que producían seis kilos de oro al mes (por un valor aproximado de 300.000 dólares)... Los dejamos inutilizados unos seis meses, mientras ellos nuevamente compran los elementos y tratan de organizar la maquinaria”, agregó Astaiza.
Según las autoridades, en la zona se disputan el control territorial la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el frente Oliver Sinesterra de las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La historia se repite constantemente en el país: entre el 2019 y el 2021 fueron intervenidas 9.235 minas ilegales, capturadas 3.300 personas y destruidas o inhabilitadas 450 dragas, máquinas utilizadas para extraer material donde se encuentra el oro cuyo valor unitario se estima en 275.000 dólares, según la Policía.
“No estamos hablando de economías primarias, de delincuentes comunes, estamos hablando de un verdadero crimen organizado”, señaló a la AP el general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la dirección de carabineros y seguridad rural de la Policía. “Es importante dejar claro que las comunidades no son parte de las organizaciones ilegales, son instrumentalizadas (utilizadas)”, agregó.
Pese al accionar de las autoridades, la explotación ilegal de yacimientos mineros -como se denomina el delito- ha crecido en los últimos años en Colombia de acuerdo al monitoreo sobre explotación de oro de aluvión que hacen el Ministerio de Minas colombiano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El último informe disponible muestra que el 66% de explotación de oro en el país durante el 2019 fue ilegal, lo que corresponde a 64.700 hectáreas. Esto representa un crecimiento respecto al 2018 cuando se detectaron 52.400 hectáreas, un 57% del total nacional, siendo los departamentos más afectados Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba y Nariño.
“La explotación ilícita de minerales utiliza el lavado de activos para dar apariencia de legalidad a un dinero que se obtiene transgrediendo las normas mineras”, agrega el informe de 2019.
A inicios de abril la Fiscalía capturó por lavado de activos a 25 presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a la comercialización del oro ilegal que se explotaba en Colombia y se enviaba hacia países como Estados Unidos, Emiratos Árabes y Turquía.
“Con este esquema ilícito presuntamente se lavaron 5,8 billones de pesos (1,5 millones de dólares)”, informó la Fiscalía en un comunicado el 15 de abril.
Las explotaciones ilegales de oro dejan a su paso un grave daño ambiental. Magüi Payán sufre un deterioro de su capa vegetal y la contaminación de sus ríos.
“Para producir un solo gramo de oro se deben utilizar cinco gramos de mercurio, y un solo gramo de mercurio alcanza a contaminar 500.000 litros de agua”, explicó el general Barrera Peña.
Además, al no cumplir con los requerimientos de ley, la minería ilícita no genera ganancias para el Estado al no poder recaudar impuestos pese a ser el dueño del subsuelo, explicó a la AP el profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Oswaldo Bustamante.
“El problema no es la minería, son las malas prácticas o la mala gobernanza del territorio que tiene esa riqueza”, agregó.
La iniciativa presentada en Colombia implicaba un impacto negativo principalmente en la clase media, ya golpeada por la crisis de la covid-19, ya que ampliaba la base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a partir del año gravable de 2022 a quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares de hoy). Para 2023 se preveía extenderla a aquellos que perciben por encima de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).
Además, contemplaba el cobro del IVA, que es del 19 %, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario, para los más pudientes. Esos servicios actualmente están exentos del IVA para todos los colombianos y la "Ley de Solidaridad Sostenible", como llamó el Gobierno a la reforma, preveía que en adelante lo paguen los usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala, como parte de la "equidad en la redistribución de cargas tributarias".
El proyecto presentado por el Gobierno también preveía la pérdida de la exención tributaria de que gozan actualmente las pensiones voluntarias y los recursos guardados en las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), utilizadas para compra de vivienda.
El Gobierno del presidente Iván Duque esperaba recaudar 25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares) para destinarlos a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social, cuya demanda creció por la pandemia de coronavirus.
El 30 de abril, ante las crecientes protestas en distintos puntos de Colombia como rechazo a la reforma tributaria enviada al Congreso, el presidente Iván Duque anunció que realizaría algunos cambios.
+Quitar IVA para bienes y servicios, ni tampoco aumento del impuesto a productos de la canasta básica familiar, la cual no se tocará.
+No ampliar la base del impuesto de renta.
+Quitar IVA a los servicios públicos.
+Quitar IVA a la gasolina.
Frente a la continuidad de los reclamos y protestas de miles de colombianos en todo el país, el Gobierno decidió retirar la propuesta de reforma tributaria del Congreso. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia y fue reemplazado por José Manuel Restrepo, hasta ahora titular de Comercio, Industria y Turismo
