La Cámara de Empresarios y Proveedores Mineros del Chubut (CAPEM) elaboró un documento sobre la actualidad del proyecto de zonificación de la Meseta con foco en el debate por la licencia social y la renta hídrica.
De Contradicciones y Desventuras
Desde hace años esta Cámara viene marcando el cúmulo de contradicciones y desventuras que protagoniza el debate sobre el desarrollo definitivo de la provincia del Chubut. Incontable cantidad de páginas se han escrito desde nuestra organización advirtiendo el notable daño que esta situación le provoca a la imagen de la provincia frente a probables inversores, interesados en volcar sus capitales en regiones previsibles y donde las reglas de juego se sostengan en el tiempo, de manera de desarrollar con tranquilidad el plan de negocios previamente evaluado.
Lamentablemente, en nuestra provincia nos hemos acostumbrado a vivir en la anormalidad. Ya nos parece natural y obvio que los mismos dirigentes transmitan una opinión determinada cuando se encuentran en el Gobierno, y transmitan otra, diametralmente opuesta, cuando se encuentran en la oposición.
Chubut ha potenciado hasta la irracionalidad el viejo y conocido teorema expuesto por el dirigente radical Raúl Baglini, que sostenía que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente es directamente proporcional a su posibilidad de acceder al poder. Baglini confiaba que la irresponsabilidad en los planteos sería sólo una característica de los partidos que no contaban con ninguna posibilidad de acceder al poder, mientras que los partidos mayoritarios se abocarían a encontrar acuerdos razonables en la conformación de políticas de Estado. Claro que el extinto dirigente no imaginó ni en la peor de sus pesadillas el Chubut al que asistimos.
Hace ya un tiempo que por estas tierras, apenas producida una derrota electoral los oficialismos devenidos en oposición comienzan a virar sus discursos, optando en general por las posiciones más irresponsables y destructivas. Este escenario viene naturalizándose en los últimos años y ha sido, sin lugar a dudas, una de las causas de la crisis estructural que vive nuestra provincia a partir de una matriz productiva agotada.
Pero en un nuevo capítulo de esta comedia de enredos, parte de la política, despreocupada ya por su imagen pública, decide evaluar e interpretar los diversos proyectos para la provincia sin otro fundamento que su propio capricho. En este sentido, el concepto de licencia social ha protagonizado las más diversas interpretaciones por parte de quienes DESCONOCEN absolutamente su concepto y contenido.
Este es el caso del Bloque de Diputados del “PJ – Frente de Todos”, dentro del cual algunos de sus integrantes han entendido, en el marco del debate minero, que la licencia social se obtenía sólo a través de un proceso de consulta que involucre a la sociedad chubutense en su conjunto; pero en cambio por estos días presentaron un proyecto de ley sobre Renta Hídrica que asimila, en cambio, el concepto de “licencia social” con el proceso de consulta previsto por el Código Ambiental Provincial.
Es decir que, según nos enseña el “Bloque PJ Frente de Todos”, para la obtención de la licencia social de la actividad minera sería preciso convocar a todos los ciudadanos de la provincia para que en el marco de un proceso de consulta (que tendrá por respuesta un SI o un NO) defina por un lado el destino de la actividad, y por el otro la posibilidad de desarrollo de región de la provincia. En cambio, el mismo “Bloque PJ Frente de Todos” entiende ahora que la licencia social de la renta hídrica se obtiene con la realización de las audiencias previstas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé la Ley XI N°35.
Obsérvese que mientras para la actividad minera el Bloque requiere la opinión de todos los ciudadanos de la provincia, para la renta hídrica requiere la opinión de sólo algunas personas que acudan a la audiencia convocada, en el marco de un proceso que carece de derecho a veto y que también resulta necesaria para el proceso de aprobación del Estudio Ambiental de un proyecto minero. Claro que en este último caso, según el criterio de estos sommeliers de “licencias sociales”, su realización no implicará la obtención de la licencia mencionada.
Volvemos entonces a destacar la importancia de garantizar condiciones legales justas y equitativas como requisito central a la hora de atraer inversiones. La remanida “seguridad jurídica”, que no es ni más ni menos que la aplicación de la ley de manera igualitaria.
A propósito de la “licencia social”, hemos sostenido que la misma suele confundirse con otros conceptos más vinculados a consensos políticos o legitimidad de las decisiones políticas. De esta forma, es común escuchar comentarios acerca de la existencia o inexistencia de la “licencia social” luego de manifestaciones de acompañamiento o rechazo de determinada legislación, errando el contenido del concepto que se pretende utilizar.
El concepto de licencia social remite necesariamente al acompañamiento de las poblaciones de impacto directo a un proyecto determinado. Y esa vinculación entre los responsables del proyecto y las comunidades se desarrolla a través de un proceso de diálogo. Un diálogo donde la empresa (o quien lo desarrolle) presenta su proyecto y la comunidad no limita su participación a la opción de hierro entre sí o no frente a la propuesta. La comunidad podrá plantear observaciones, matices y correcciones, luego de lo cual la empresa puede atender y revisar su propuesta.
Es decir que la licencia social presume un proceso dinámico, algo más parecido a una película que a una foto donde la comunidad decide afirmativa o negativamente el acompañamiento a un proyecto. El proceso de diálogo debe garantizar la participación robusta de una comunidad, que debe contar con la información necesaria previa de parte de los responsables del proyecto. La licencia social de un proyecto debe obtenerse justamente en las localidades que serán afectadas por el mismo. Esta afectación responderá a estrictos criterios ambientales y sociales.
Es decir que el proyecto debe contar con la licencia legal, la que se obtiene en el marco de la aplicación de la legislación vigente, con los permisos ambientales incluidos, al que la licencia social viene a aportar el acompañamiento de una comunidad que ha encontrado la manera de hacer llegar sus inquietudes e intereses.
Concluimos entonces que el concepto de “licencia social” ha sido lamentablemente la excusa más a mano. Licencia Social entonces será “lo que yo quiero que sea” (en boca del dirigente de turno), algo más vinculado a un capricho que a un pacto.
El estado actual de la provincia requiere al menos el primer acuerdo que nos ponga a todos en la misma vereda. El acuerdo básico de que todos empujamos para el mismo lado. Para el lado del desarrollo y de la inclusión de todos nuestros coprovincianos, que permitirá a Chubut salir de esta página, probablemente la más compleja de su historia.
Tecin/Lu17
El pasado 23 de noviembre, miles de ciudadanos chubutenses se movilizaron en repudio al proyecto de ley propuesto por el gobierno de Mariano Arcioni, para zonificar y habilitar la minería en los departamentos de Gastre y Telsen de la meseta central de Chubut.
El Director del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, César Navarrete, que es también especialista en Geología, durante una entrevista con “La Voz de la Meseta” que se emite por LU17 de Puerto Madryn, derribó varios mitos que se han difundido en contra de la actividad.
Se le consultó sobre el territorio chubutense que se quiere zonificar y dijo: “He recorrido personalmente muchas de las minas de Santa Cruz, conozco perfectamente la Meseta Central, la de Somuncura. La realidad de la gente y estoy empapado de la discusión actual sobre el debate minero, si “minería sí o minería no”. Como profesionales de la tierra, los geólogos tenemos los conocimientos y las herramientas para saber que la minería se puede desarrollar sin ningún problema en cualquier parte del mundo”.
Según Navarrete, el mejor ejemplo está cerca: el de Santa Cruz, y destacó que “nosotros tenemos una provincia al lado, que es Santa Cruz que lleva más de 20 años explotando yacimientos de oro y plata. La verdad es que no ha habido ningún problema, se ha desarrollado con total normalidad, como se desarrolla hoy la minería en todo el mundo”.
Luego explicó que es necesario derribar mitos respecto a frases armadas contra la actividad destacando, mencionando algunos dichos en redes sociales:
“Hemos visto informaciones en redes o canales, que muestran fotos de ríos con el agua de colores extraños, roja o verdosa y abajo le ponen la leyenda “río de San Juan” por decir alguna provincia, contaminado con cianuro. Eso es un error gravísimos, es importante que la gente sepa que el cianuro cuando se mezcla con agua, forma un compuesto químico que es ácido cianhídrico, este ácido es incoloro o sea que si un río estuviese contaminado con cianuro no tendría eso colores que ponen en esas fotos. O sea que son falsas, ese tipo de información mal intencionada se ve por todos lados”.
También agregó otro ejemplo interesante al explicar el uso del agua, “La gente piensa que las empresas, las minas sacan agua de los ríos o lagos, eso no es real porque si fuese así muchas de las minas de Santa Cruz no podrían existir”.
Se preguntó a sí mismo, “¿Qué hacen las minas para obtener agua?, hacen pozo profundos, me refiero a cientos de metros, perforaciones de 200 a 300 metros, encuentran acuíferos de agua salada, agua que no es potabilizable y es el agua que utilizan. NO utilizan agua de río, de lagos y tampoco utilizan acuíferos superficiales”.
Navarrete habló sobre la utilización del agua y dijo: “El agua se paga, no es que las mineras extraen agua de esos acuíferos de manera gratuita. Eso se paga de manera diaria a la provincia, por ejemplo si una mina utiliza 3000 m3 de agua por día, es el promedio de lo que usan las mineras grandes”.
Destacó que, además, “se paga medio millón de pesos por utilizar el agua, la información no se la conoce o no se la quiere dar a conocer o se la mal utiliza”.
Finalmente, el director contestó sobre la postura de la universidad que supuestamente se expidió en contra a la zonificación, siendo esto una posible contradicción ya que la propia UNP “San Juan Bosco” forma geólogos.
“Nosotros formamos recurso humano minero, como petrolero o científico y la universidad en algunos momentos se ha pronunciado en contra. Esto es real, no se lo puede enmascarar, sin embargo hoy en día el gobierno del Chubut hizo una convocatoria a diferentes grupos”.
Y continuó: “La universidad se negó a participar, pero no poniéndose en contra, porque fue avisada muy poco tiempo antes de hacer la reunión”.
“Hoy en día la universidad no está en contra, sí pidió más tiempo. Lo cierto es que la universidad se manifestó en contra hace algunos años atrás en 2018, sacando una resolución en la que decía que se oponía, pero luego al tiempito sacaron otra resolución diciendo que esa no era la opinión de toda la universidad, si no de la de un sector. Entonces dentro de ese sector que no participó de esa resolución poniéndose en contra, estamos nosotros”.
Navarrete finalizó mencionando que “desde el departamento de Geología de la UNPSJB estamos organizando una serie de charlas. Vamos a hacer una por semana, donde se van a explicar cuestiones técnicas, sin ponerse ni del lado del Sí a la Mina, ni del No a la Mina, simplemente con datos y que luego la gente, con ese conocimiento, pueda tener una opinión más formada”.
