Las internas luego de los incidentes en la visita a Chubut
El presidente Alberto Fernández desembarcó el sábado en Chubut y quedó atrapado en la tormenta perfecta. El PJ, cruzado por las feroces internas que atraviesan la Casa Rosada y se replican en esta provincia; el errante liderazgo del gobernador Mariano Arcioni, cuestionado por la Nación, y una ciudadanía dividida por el proyecto de zonificación minera, confluyeron en una lluvia de piedrazos al vehículo oficial en Lago Puelo.
Atrapado junto a su esposa, Fabiola Yañez, entre los gritos de los grupos antimineros -de mayor representatividad en la cordillera-, Fernández se desligó del controvertido debate y mandó un mensaje propio al círculo rojo de la dirigencia provincial: “A este tema tienen que resolverlo los chubutenses”.
Con la discusión en torno a la minería en Chubut resuena la interna a nivel nacional y su consecuente efecto cascada en la Legislatura de Chubut, fracturada por el ajedrez partidario e intereses contrapuestos.
Alberto Fernández ya había quedado expuesto a la falta de coordinación de la dirigencia de esta provincia, como un anticipo de lo que vivió en carne propia el último fin de semana durante su visita oficial a los damnificados por los incendios.
En febrero pasado, durante una reunión de la que participaron Arcioni, el vicegobernador Ricardo Sastre y el diputado provincial del PJ, Carlos Eliceche, Fernández dio desde la Casa Rosada su explícito aval al nuevo proyecto productivo de Chubut, dueña de uno los reservorios de plata mas importantes del mundo. El objetivo: ordenar el debate provincial, esperando un efecto instantáneo sobre la Legislatura.
Pero en esta provincia nada sale como se planea: apenas 72 horas después de aquel apoyo oficial, el Presidente recibió en su despacho al presidente del PJ de Chubut y enemigo íntimo de Arcioni, Carlos Linares. Junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, criticaron el proyecto oficial y pidieron mayor participación en la iniciativa provincial.
Lejos de alinearse con la postura presidencial, Linares vociferó públicamente que habría sanciones contra los diputados justicialistas que avalen la zonificación minera. No solo dejó afuera del juego al propio Fernández sino al peronista y prominero Carlos Eliceche, exintendente de Puerto Madryn, referente de peso en el justicialismo provincial y presidente de la Comisión de Recursos Naturales en la Legislatura.
Detrás del posicionamiento del PJ “opositor” a la iniciativa sobrevoló la figura de Cristina Kirchner que, mapa electoral en mano, observó la supuesta inconveniencia en el tratamiento del proyecto y el riesgo de que en las próximas elecciones derive en la pérdida de alguna de las tres bancas que en el Senado de la Nación hoy le garantizan Mario País, su amiga Nancy González y el converso Alfredo Luenzo.
El proyecto cuyo tratamiento está pendiente en la Legislatura de Chubut es el 128/20 fue presentado en noviembre del año pasado por Arcioni, el principal defensor de la minería. Allí se propone habilitar la explotación minera en los departamentos del Gastre y Telsen, una zona jaqueada por el despoblamiento ovino y la consecuente falta de empleo en el centro de Chubut.
Mas allá del resultado de la votación en la Legislatura, con el tratamiento se saldaría una deuda pendiente desde la sanción de la Ley 5001, que prohibió en 2003 la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, aquella norma daba un plazo de 90 días zonificar la provincia y definir sectores en los que se podría avanzar con esta actividad productiva, previo consenso social.
Casi 20 años después y con el explícito aval de Alberto Fernández, Arcioni -un gobernador alineado con Sergio Massa y cuya imagen pública sigue devaluada por el impacto de las demoras en el pago de los sueldos a empleados estatales hasta noviembre del año pasado- mantuvo firme el proyecto.
Fue la comisión de Recursos Naturales que coordina Eliceche la que garantizó el dictamen que dio pie a un próximo tratamiento en el recinto. Incluyó modificaciones como la obligatoriedad de consultar previamente a comunidades originarias, “antes de tomar cualquier medida relacionada con el desarrollo minero dentro del área de zonificación” prevista en la ley, que pudieran afectarlas de manera directa. Se sumó un esquema con percepción de renta y regalías y tuvo participación el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), que depende de Nación. Todo bajo la atenta mirada del secretario de Minería, Alberto Hensel.
Sin embargo, las internas en la Legislatura y la ruptura de los bloques eclipsó el debate de fondo en la Legislatura, que deberá definir por sí o por no el futuro productivo de Chubut. Lo mismo que ocurrió con Alberto Fernández este fin de semana, en donde los intereses cruzados terminaron por cooptar la agenda oficial, dejando sin micrófono a los afectados por los incendios en la cordillera.
Fernández ahora toma distancia del debate minero y de Chubut, la provincia a la que garantizó con algún salvataje y nuevo endeudamiento la posibilidad de salir del pago escalonado a los empleados estatales. El viento de cola que creyó tener Arcioni colapsa ahora en el terreno de la política y la guerra sin cuartel al ala dura del kirchnerismo.
Tras los incidentes en Lago Puelo, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, apuntó los cañones contra el intendente de Lago Puelo, Augusto Sanchez, y el diputado nacional y amigo de Máximo Kirchner, Santiago Igón, por cambiar el itinerario del presidente en Lago Puelo y vulnerar su seguridad. Los acusó de llevar al presidente a la “boca del lobo”.
La respuesta llegó del Ministerio del Interior, a través de Eduardo “Wado” de Pedro. “Hoy, en lugar de reconocer la violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a su comunidad”, disparó. En su cuenta oficial en Twitter, agregó: “no estaba prevista la presencia del gobernador Arcioni. Sabíamos que eso iba a generar malestar y enojo debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia”.
BRUNO LÁZZARO/Ámbito
Los incendios en la Comarca Andina dejaron en evidencia las grandes diferencias entre el gobierno provincial y el PJ y, a la vez, ciertas discrepancias en el propio Frente de Todos a nivel nacional. La agresión sufrida por el presidente Alberto Fernández expuso, una vez más, la efervescencia social que atraviesa una provincia que vive en estado de crisis desde hace más de dos años por cuestiones políticas, económicas y sociales.
Mientras la Justicia investiga la intencionalidad o no del fuego que provocó la pérdida de más de 350 viviendas, los cruces de versiones ganan la página política en un año que definirá el futuro de una gobernación. Con el drama ambiental como marco, el proyecto por la rezonificación minera quedó fuera de la orden del día y la Legislatura no debatirá nuevamente una iniciativa que parece muy difícil de tratar en el contexto de violencia que envuelve a Chubut.
Según pudo conocer este medio, los legisladores que se mostraron a favor tanto como aquellos que se pronunciaron en contra no encuentran viable la posibilidad de que, al menos por este año, el debate pueda tener lugar en la Legislatura. Se conoció que un narco violó su prisión domiciliaria para vigilar y sacar fotos de la casa de un diputado que representa al bloque oficial. Los ánimos están crispados.
Incluso, una diputada del nuevo bloque “Chubut Unido” envió una carta a la presidencia del cuerpo en la que manifestó que “es momento de buscar tranquilidad y sosiego en los espíritus y ánimos de la sociedad chubutense”. Y aclaró que “después vendrán tiempos posiblemente de un verdadero debate esclarecedor y por qué no pensar en una posterior consulta popular”.
Minutos antes, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, había dado a conocer la detención de cinco personas vinculadas a la agresión sufrida por el Presidente de parte de un grupo de manifestantes supuestamente embanderados como antimineros. Durante su exposición, el funcionario manifestó no contar con el itinerario real que tendría Fernández y arremetió contra diversos diputados, funcionarios y exfuncionarios del peronismo a quienes acusó de que “escupen hacia esta provincia sembrando dudas con un desconocimiento real”.
La respuesta no tardó en llegar. El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, sostuvo que Massoni “debería presentar la renuncia si tiene un poquito de dignidad” y, en diálogo con Ámbito, dijo que “la seguridad de un Presidente no corre por cuenta de diputados o intendentes, sino por el ministro de Seguridad. Massoni es un personaje nefasto que hoy funciona como el jefe de Arcioni. En ese contexto está enrolado en querer ser senador nacional y no le importa nada ninguna familia que haya perdido su casa”.
El exintendente Carlos Linares, otro de los apuntados, sostuvo en diálogo con este medio que “ya había pasado lo mismo con (Nicolás) Trotta. Y lo dejaron solo. El Presidente bajó con soluciones concretas y vio cómo se intentó empañar su ayuda con este mamarracho que sufrió por culpa de alguien que nunca tendría que haber estado a cargo de Seguridad”.
Quien sumó más claridad a la diferencia que existe hoy en la Provincia fue el ministro del Interior, Wado de Pedro al afirmar que “no estaba prevista la presencia del gobernador Mariano Arcioni. Sabíamos que eso iba a generar malestar y enojo, debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la Provincia”.
Más allá de la identificación de Arcioni con Sergio Massa, está claro que el gobierno nacional ya tomó una decisión en relación al gobernador de Chubut. Y es que, sin respuesta a la demanda por la rezonificación minera exigida desde arriba, y con un cuadro de situación que no hace más que demostrar las diferencias políticas internas en un marco de crisis, “lo que ya viene mal cocido es muy difícil de volver de reencausar”, aseguró una fuente local con llegada al presidente.
Más allá de la situación política, la Comarca Andina atraviesa en estos momentos un drama habitacional de fuerte impacto. Son más de 400 las familias que perdieron su vivienda, 315 de las cuales son de Lago Puelo. La ayuda nacional, el trabajo local y las colectas solidarias son hoy las principales herramientas de ayuda con las que cuenta la región para reencontrar la calma.
EDU GAJARDO/Memo
Una de los principales temores de los inversores que vienen a la Argentina es la falta de seguridad jurídica. Si hablamos de la industria minera ese temor se multiplica por mil. Una vez más la Argentina dio muestra de que esa desconfianza no es infundada y fue de la mano del propio presidente, lo que demuestra que la situación es a todo nivel.
Después de sufrir el ataque de grupos antimineros que le reclamaron la intención del Gobierno de Mariano Arcioni para avanzar con el desarrollo de la actividad minera en Chubut, el mandatario se despegó de la controversia que existe en esa provincia y dijo que es una cuestión que deben resolver los chubutenses. Descartó que sea una cuestión que le atañe al Ejecutivo nacional.
Curioso y contradictorio mensaje si consideramos que menos de 48 horas antes de lo sucedido, el ministro de Producción Matías Kulfas y el secretario de Minería, Alberto Hensel, le decían a los inversores mineros más importantes del mundo que vinieran a la Argentina porque el Gobierno apoya la minería.
Para ser exactos, Kulfas dijo: "Sepan que hay un gobierno en Argentina que apoya el desarrollo de la minería y toda su cadena de valor". Tras esa declaración resulta absolutamente contradictorio que el presidente se desentienda de la discusión que existe sobre la actividad en Chubut.
Pero no es sólo eso, es aún peor, porque no se entiende que se haga el distraído en medio de la presión de los manifestantes cuando el Ejecutivo impulsa, tal como le dijo Hensel a los inversores internacionales, "un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero que fije reglas claras de juego, previsibilidad y seguridad jurídica para los próximos 30 años".
Entonces, son estas contradicciones las que generan las justificadas dudas de cualquier inversor. Por un lado se dice una cosa y en menos de 48 horas se dice otra. Los actores políticos apenas sienten que alguna manifestación puede tener un costo político, acomodan el discurso para salir del paso en el momento.
Ahora, no queda claro si Kulfas dijo la verdad o mintió, porque un Gobierno que apoya la minería no dice "es un problema de los chubutenses" sólo porque un grupo de violentos lanzan piedras e insultan. Una administración comprometida es la que se hace cargo de sus acciones, y las acciones indican que quieren avanzar con la minería incluso en provincias como Mendoza o Chubut.
Si no es así, y la realidad es la que dice el presidente (que deja la discusión sobre la actividad minera al criterio de cada zona sin un Estado nacional que fije una posición), deberían sincerarlo y no hacerle perder el tiempo a las decenas de profesionales que están trabajando de manera muy fuerte y seria en el Plan Estratégico que impulsan Hensel y Kulfas. Hablo de personas con un alto perfil técnico y una trayectoria reconocida que ponen sus conocimientos a disposición creyendo que de una vez por todas se va a tratar de manera seria el desarrollo del sector minero.
Lo que es peor es que el mensaje que deja Fernández, tal como ocurrió en Mendoza con la Ley 9209, es que la violencia le gana a una discusión centrada en cuestiones de perfil técnico y científico.
La pregunta es sí realmente el Plan Estratégico que prepara una parte del Ejecutivo podrá darle seguridad jurídica a los inversores o la política una vez más priorizará el denominado "costo político" a la hora de tomar las decisiones. Será momento también para ver si aún quedan estadistas o seguimos teniendo políticos de paso.
