La falla de la presa de relaves de Vale el 25 de enero de 2019 mató a 270 personas
BRUNO VENDITTI
El Tribunal Federal Supremo de Brasil (STF) denegó una orden contra el acuerdo firmado por Vale y el gobierno de Minas Gerais para la reparación de los daños socioeconómicos y ambientales causados por el colapso de la presa Brumadinho en 2019.
La Asociación de Afectados por Represas (MAB) y la Soberanía Popular en Minería (MAM), junto con los partidos políticos de izquierda PT y PSOL argumentaron que el acuerdo se firmó sin la participación de las víctimas y que 20.000 personas que fueron impactadas por el desastre fueron excluido del trato.
En su decisión, el ministro del STF, MarcoAurelioMello, dictaminó que las entidades debieron apelar ante un tribunal inferior y no presentó argumentos que requirieran una acción directa de la Corte Suprema.
El ministro consideró que la decisión podría ser cuestionada en otras instancias de la Justicia antes de apelar al STF.
Ejecutivos de Vale y miembros del gobierno de Minas Gerais firmaron el acuerdo de US$ 7 mil millones el 4 de febrero. Las asociaciones dicen que sólo US$ 1,37 mil millones serán destinados a las víctimas.
El gobierno de Minas Gerais depende en gran medida de estos fondos para pagar los salarios de los empleados estatales y financiar la reelección del actual gobernador Romeu Zema en 2022.
Según Zema, alrededor del 30% de los US$ 7 mil millones se invertirán en la ciudad de Brumadinho, pero las víctimas afirman que el plan del gobernador para construir carreteras, hospitales y escuelas no los beneficiará directamente.
“El acuerdo se alcanzó entre Vale y el gobernador sin pasar por el parlamento local, dijo Jozeli Andrioli, portavoz del MAB en un comunicado de prensa.
“No queremos que se cancele el acuerdo sino que se revise. El acuerdo fue firmado por el gobierno estatal y Vale”, dijo Zanon. “Ellos fueron los culpables de la tragedia. ¿Qué pasa con las víctimas?"
La Policía Federal de Minas Gerais, Brasil, espera recibir el informe forense a fines de marzo sobre la causa de la licuefacción de relaves que provocó el colapso de la presa.
En septiembre de 2019, la policía brasileña acusó formalmente a Vale, al servicio de pruebas TÜV SÜD y a 13 empleados de las dos empresas por producir documentos engañosos sobre la seguridad de la presa. Cada uno de estos delitos puede conllevar de 3 a 6 años, pudiendo llegar a un total de 18 años de prisión.
En enero de 2020, el ex director ejecutivo de Vale SA, Fabio Schvartsman, fue acusado de homicidio después de una investigación realizada por la policía de Minas Gerais, pero la investigación federal aún está en curso y los abogados de Vale pueden impugnar el cargo basándose en los resultados de la investigación federal. Otros ex empleados también fueron acusados de homicidio.
El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais reanudó la búsqueda en agosto de 2020 de los cuerpos aún desaparecidos de 11 víctimas del colapso de la presa. El trabajo se detuvo en marzo debido a los protocolos de la pandemia. La operación incluye a 60 militares.
