MIGUEL CARDOZO*

En esta oportunidad nos toca referirnos al tema de gobernanza ambiental y social, que, sin duda, sigue preocupando de sobremanera al sector minero peruano. Se trata justamente de las regulaciones que se han ido incrementando notablemente en las últimas décadas y que han originado una maraña de procesos que retrasan y desalientan las inversiones.

Y para graficar ello, podemos decir, por ejemplo, que en 1990 solo 7 entidades estaban involucradas en los procesos administrativos del sector minero, a diferencia de hoy, que tenemos 30 organismos públicos. Es decir, hemos más que cuadruplicado la cifra.

Del mismo modo, en el 2001 sólo teníamos 12 procedimientos administrativos, pero dos décadas más tarde tenemos unos 265, según apunta la investigadora Roxana Barrantes, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, integrado por un grupo de profesionales de diversas tendencias que brindaron recomendaciones para mejorar nuestra minería.

En la última década, comenzamos a llenarnos de regulaciones que han terminado haciendo las cosas más burocráticas y difíciles, que han restado competitividad a nuestro país en general y al sector minero en particular. Hoy en día, esto se ve claramente reflejado en la disminución de las inversiones privadas, a lo cual se suma la disminuida inversión pública. Al final tenemos menor crecimiento y bienestar para los peruanos.

De hecho, el Índice de Competitividad Minera, elaborado por el IIMP y Macroconsult, confirma que en temas normativos se presenta una sobrerregulación y plazos mucho más largos que en otros países mineros, lo cual es realmente lamentable para los intereses del país. En pocas palabras: ¡Tramitología pura y a la vena!

Sin embargo, a nivel global, la discusión sobre las metas de desarrollo sostenible y gobernanza ambiental y social establecidas por las Naciones Unidas están yendo por otro camino. Se trata de alcanzar acuerdos integrales que van más allá de la protección ambiental y que parten de reconocer la importancia de los recursos naturales como fundamento para el desarrollo, la creciente demanda tecnológica de más metales y variadas sustancias naturales, el compromiso para la extracción primaria eficiente y responsable, el acelerado progreso tecnológico, la neutralidad climática y la economía circular.

Estos acuerdos deben ser transversales abarcando toda la cadena de valor, incluyendo gobiernos y autoridades a todo nivel, empresas privadas, comunidades, sociedad civil, proveedores y consumidores, academia e instituciones. Se trata, al final de cuentas, de pluralidad e inclusión, que prioricen el desarrollo territorial sostenible del Perú.

Para ello, la industria minera debe estar comprometida con el cumplimiento de los estándares ambientales utilizados en los países mineros más exitosos del mundo y será necesario trabajar coordinadamente en la formulación de planes de desarrollo de la industria minera y de políticas públicas de largo plazo que sean claras, realistas y consensuadas. El país nos lo agradecerá.

*Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú