PEDRO LACOUR

El aumento de los precios de los biocombustibles, anunciado en el Boletín Oficial por la Secretaría de Energía, era una medida largamente esperada por los miembros del sector. Sin embargo, consultadas por LA NACION, las entidades que nuclean a los productores subrayaron el carácter necesario pero insuficiente del decreto, ya que las actualizaciones no solucionarían las asimetrías de fondo que aquejan a la industria.

"Nosotros celebramos el acuerdo alcanzado con el secretario de energía, Darío Martinez, pero es importante saber que es transitorio. En ese sentido, reforzamos la necesidad de que Diputados trate y prorrogue la ley 26.093", dijo el director la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Francisco Jáuregui.

Para el titular de Cepreb, la política de congelamiento aplicada por el oficialismo durante 2020 solo benefició a las petroleras y afectó principalmente a las Pymes del sector. "Luego de 12 meses sin precio de fórmula, 10 meses de precios congelados y 5 meses sin operación, los daños económicos y financieros pusieron a la industria al borde del colapso. Algunas empresas cerraron definitivamente sus plantas", declaró.

Entre diciembre de 2019 y mediados de octubre de 2020, el precio para la compraventa de biocombustibles no fue actualizado. A lo largo de ese periodo, las materias primas agrícolas, que son las necesarias para la producción de los combustibles biológicos, tuvieron un importante aumento en términos relativos. "El aceite de soja, que representa el 80% del costo, aumento un 120% desde diciembre de 2019, fecha de última publicación conforme fórmula", destacó Jáuregui. Por eso, según las entidades, el ajuste del 10% otorgado el año pasado por el Gobierno estuvo muy lejos de satisfacer al sector.

"Si bien se acordó un esquema de aumentos que inicialmente establece un incremento del 60%, también se redujo un 50% el volumen de comercialización, por lo que los costos de producción tienen un mayor impacto en la rentabilidad", precisó Jáuregui. Y concluyó: "El impacto en el surtidor no debería superar el 1%, porque hace meses que se incumple el corte y porque se redujo el volumen total de comercialización en un 50%".

Por su parte, para Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, el aumento que debería tener este ajuste de precio y reducción de corte del biodiesel sería de aproximadamente 1,77%. "No obstante, hay que estar atentos porque los refinadores de petróleo pueden ajustar mucho más en surtidor, dado que vienen sosteniendo que tienen un atraso de precios superior al 10%. Además, a partir del próximo 16 de enero, debe subir nuevamente la alícuota del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el CO2", apuntó.

Molina, a su vez, destacó las gestiones del secretario Darío Martínez al tener que lidiar con la "pesada herencia" no solo del gobierno anterior, sino de la inacción del propio extitular de la cartera, Sergio Lanziani. "Martinez hizo lo imposible para dar esta solución, me consta. Logró un respaldo político que sin su existencia, el mismo no hubiera sido posible, por la resistencia de los refinadores de petróleo que venían capturando al regulador", aseguró.

Sin embargo, no todos los sectores fueron incluidos en el decreto. Es el caso del bioetanol a base de maíz. En diálogo con LA NACION, Patrick Adam, titular de la Cámara de Bioetanol de Maíz, reclamó: "Tenemos presentadas y ganadas cautelares por el tema precio y el Gobierno pide que las demos de baja. Nosotros proponemos suspendarlas por el tiempo que dure el acuerdo, ya que no tenemos, contrariamente al sector azucarero, ninguna fórmula de precio que nos ampare a partir de junio, que es cuando terminaría un eventual acuerdo".

"Nuestro precio tiene un atraso de más del 50%: es un precio de quebranto cotidiano provocado por el Gobierno al congelar arbitrariamente e ilegalmente los precios. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo enorme, aceptando un sendero progresivo de recuperación, pero no estamos dispuestos a aceptar condiciones que puedan hipotecar nuestro futuro como industria en caso de incumplimientos o en caso de un eventual nuevo congelamiento", agregó.

En ese sentido, Adam también remarcó la necesidad de que se prorrogue la ley de biocombustibles, que vence en mayo del próximo año. A fines de octubre, el Senado le dio media sanción por unanimidad y dispuso su continuidad hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, todavía resta que sea votada en la Cámara de Diputados, algo que Sergio Massa prometió que sucederá el próximo 20 de enero cuando se retomen las sesiones extraordinarias en el Congreso.