Infobae
A través de la Resolución 1/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la secretaría de Energía autorizó un aumento inicial de 59% en el precio de la tonelada de biodiesel, que de $ 48.5333 en que estaba pasó a $ 77.300 inicialmente y subirá de modo escalonado hasta llegar en mayo a costar $ 92.558, completando así un incremento del 90,6 por ciento.
Se trata de un aumento muy superior al de la inflación, que en 2020 fue de cerca del 35% (aún falta el dato de diciembre del Indec), aunque tiene relación con el precio de la soja, principal insumo del biodiesel, cuyo precio internacional subió casi 40% en dólares y 96% en pesos.
El biodiesel, elaborado a partir de la soja, se usa en camiones, tractores y maquinaria agrícola, en tanto el bioetanol, que se produce a partir de caña de azúcar y de maíz, se mezcla con naftas y tiene a los autos como destino final.
Con lo cual se descuenta que habrá un impacto en los precios al consumidor, que buscarán trasladar a los usuarios el precio que el Estado otorgó a los productores de biocombustibles, en un mercado muy regulado. El impacto en surtidores, dijeron fuentes del mercado a Infobae, estaría entre 2,5 y 4 por ciento.
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El impacto sobre las naftas estaría entre 2,5 y 4% dijeron fuentes del mercado REUTERS/Ramzi Boudina
De este modo, el gobierno responde al reclamo de los productores de biodiesel que habían llegado a frenar sus planas en reclamo por el cuasi-congelamiento a lo largo de 2020, cuando solo tuvieron un aumento del 10% para el precio que las petroleras, según regula la ley 26.093, deben pagar por el biodiesel que luego mezclan con sus combustibles.
Para atenuar este impacto, el “corte” o porcentaje obligatorio para las petroleras se reducirá a la mitad en enero (del 10 al 5%) e irá aumentando gradualmente hasta volver al 10% en abril. A su vez, el precio del biodiesel también seguirá aumentando, hasta llegar al 90,6% en mayo respecto del precio actual.
El mes pasado, las cámaras de este sector habían intimado a Energía a actualizar los precios, pedido en el que contaron con el apoyo de los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, preocupados por un nuevo cierre de plantas.
El artículo 1 de la resolución suspende hasta el 31 de mayo el procedimiento de fijación del precio de adquisición del Biodiesel que se había aprobado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y el artículo 2 fija el sendero de precios del biodiesel que las petroleras deben mezclar con gasoil para cumplir la ley 26.093. El precio de la tonelada de biodiesel será de $ 77.300 en enero, $ 86.875 en febrero, $ 89.975 en marzo, $ 90.300 en abril y $ 92.558 en mayo., cuando completará el aumento superior al 90 por ciento. El artículo 3 establece, a su vez, que el plazo de pago de las petroleras a los productores de biodiesel no podrá superar los 30 días desde la emisión de factura, y el artículo 4 dispone los cambios en los “cortes” que obligatoriamente deben respetar las petroleras. que del 10% actual pasa al 5 % en enero, al 6,7% en febrero, y al 8,4% en marzo, para volver al 10% en abril.
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El biodiesel se produce a partir de la soja
Sin embargo, la fuente no cree que la medida tenga un efecto “compensador” para los productores de maíz, a los que el gobierno recientemente cerró el mercado de exportación, ya que la demanda de maíz para bioetanol, dijo, es “insignificante” con relación al efecto de los precios internacionales y de la demanda de sectores como el de los polleros agrupados en el “Centro de Empresas Procesadoras Avícolas” (CEPA), una de las entidades integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, ahora visto con sospecha por algunas entidades rurales como Confederaciones Rurales Argentinas, por ser las empresas de CEPA beneficiarias del cierre de la exportación de maíz.
Las compañías petroleras, obligadas a pagar los precios regulados, son críticas del régimen de la ley 26.093, que las obliga a pagar a los productores de biodiesel y bioetanol los precios que decide el gobierno. El régimen, dicen, genera una oferta cartelizada en un mercado cautivo y con precio garantizado a los productores, que luego las estaciones de servicio deben trasladar al consumidor final.
Otro costo del régimen, dicen, es que el Estado deja de percibir divisas por la exportación de maíz, soja y derivados, y de recaudar impuestos por la venta de combustibles. Según esos cálculos, en 15 años, este esquema de promoción impositiva tuvo un costo fiscal de USD 6.000 millones y generó una pérdida de divisas de exportación de USD 1.400 millones.
Resta ver también como el campo, en proceso deliberativo acerca de cómo responderá a la decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de maíz, asimilará esta nueva medida del gobierno, que impactará en el costo del transporte (camiones) y en el de la utilización de la maquinaria agrícola.
También aumentó el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar
Por otra parte, este mismo lunes el Gobierno también autorizó un aumento escalonado del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, que pasará a costar $43,600 y seguirá subiendo de forma paulatina hasta alcanzar en mayo el precio de 51,132 de pesos por litro.
Al igual que en el caso anterior, el plazo de pago de este producto no podrá exceder los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente, según precisó el tercer artículo de la Resolución 2/2021, publicada junto a la anterior en el Boletín oficial.
Ámbito
CLAUDIO MOLINA*
El 2020 fue para la industria argentina de biocombustibles, su peor año histórico. Los registros de producción, ventas al mercado interno y exportaciones, registran caídas muy significativas.
En el caso del biodiesel, en la comparación interanual 2019 – 2020, la producción bajo más de un 40%, el consumo interno más de un 50 % y las exportaciones alrededor de un 35%.
A diferencia, durante el mismo período, la producción y el consumo interno de bioetanol bajaron alrededor de un 30%, mientras comenzó un incipiente proceso de exportación de ese biocombustibles.
Es de destacar como hecho relevante, que durante la pandemia se produjo un crecimiento exponencial de la demanda de alcohol hidratado para uso farmacopeo y como desinfectante. Ello llevó a que varias empresas productoras de bioetanol, adecuaran sus facilidades para atender esa demanda, que en muchos casos, hasta este año, le era ajena.
La pandemia produjo una fuerte reducción en la demanda internacional y nacional de combustibles líquidos, entre otros problemas. Pero además, en el plano interno, se produjo un manifiesto incumplimiento del marco normativo, hecho que potenció el problema de manera innecesaria.
Durante la primer gestión del nuevo gobierno, entre diciembre de 2019 y mediados de octubre de 2020, el precio vinculante para la compraventa de biocombustibles destinado a cubrir el mandato de corte de gasoil con biodiesel y de nafta con bioetanol por artículos 7 y 8 de la Ley 26.093, no fue actualizado, mientras las materias primas agrícolas necesarias para la producción de los referidos combustibles biológicos, tuvo un importante aumento en términos relativos, a lo largo de ese período. Recién a mediados de octubre, el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, otorgó un aumento del 10%, el que estuvo muy lejos de satisfacer los requerimientos de la industria.
El segmento de la industria de biodiesel que abastece al mercado interno, se encuentra parado desde agosto de 2020 y a la fecha de escribir estas líneas, no se avizora una solución rápida a este problema. En noviembre, ese paro comenzó a afectar paulatinamente a los productores de bioetanol, principalmente, aquellos que procesan maíz.
Fueron varios los productores de biodiesel y de bioetanol que iniciaron acciones judiciales –medidas cautelares, amparos y otras acciones- contra la Secretaría –en algunos casos, re-presentaron a su vencimiento acciones presentadas previamente- en defensa de la restitución de sus derechos, generando todo ello una situación “explosiva”.
Además de todo lo descrito antes, a la fecha de emisión de la presente nota, la Cámara de Diputados de la Nación todavía no trató el proyecto de prórroga de la ley de biocombustibles, que obtuvo primera sanción en el Senado de la Nación. Recordemos que la Ley 26.093 vence el 12 de mayo próximo, pudiendo al mismo tiempo extenderla por un simple decreto hasta el 31/12/24. Sin embargo, la demora en este proceso, está generando una enorme incertidumbre.
Con independencia de la referida prórroga, es fundamental que el Congreso de la Nación sancione con rapidez, una nueva ley de biocombustibles, la que permitirá dar previsibilidad a su cadena de valor, estableciendo un horizonte largo, con reglas de juego claras, las que atraerán nuevas inversiones –entre ellas, las vinculadas al desarrollo de nuevos vehículos con tecnología flex fuel-, al intensificarse el uso de biocombustibles, mientras en el mundo, por los problemas ambientales y de salud que generan sus emisiones, Reino Unido, California y otros estados, establecen prohibiciones de uso de los combustibles minerales, a partir de 2030 y 2035 respectivamente.
En el país se está presentando una especie de batalla mediática, donde los biocombustibles –y en especial el biodiesel- están sufriendo un injusto embate de los refinadores de petróleo y en menor medida, de algunas compañías automotrices.
A cortísimo plazo, resulta fundamental que la Secretaría de Energía pueda resolver el problema que está llevando a la bancarrota a la industria de biocombustibles que abastece al mercado interno, poniendo en funcionamiento una propuesta viable económicamente, para lograr revertir la grave crisis que se registra.
* Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
