La advertencia del banco y las agencias sobre el futuro económico del Perú
“Cualquier cosa puede pasar”, advierte el Bank of America en un reporte que no ve con buenos ojos las inclinaciones populistas de Manuel Merino de Lama, quien asumió el poder tras la destitución del presidente Martín Vizcarra.
“El nuevo presidente interno del Perú, Manuel Merino, tiene inclinaciones populistas, pues apoyó el retiro de fondos de pensiones, la ley de congelamiento de deudas, la suspensión del pago de los peajes, entre otras iniciativas populistas”, apuntó la entidad financiera.
“Merino, su eventual gabinete interino y el Congreso tendrán una ventana de nueve meses hasta las elecciones para aprobar e implementar medidas populistas”, añadió.
Para el banco, esta es la peor crisis que sufre el Perú desde que Alberto Fujimori huyó a Japón en el año 2000, lo cual tendrá graves consecuencias para la estabilidad económica y política.
“La incertidumbre política ha alcanzado su punto más álgido desde el año 2000, cuando el ex dictador Alberto Fujimori huyó a Japón ante una destitución inminente”, anotó.
La única acción del nuevo gobierno que podría aliviar la incertidumbre sería un adelanto de elecciones generales, lo cual reduciría el tiempo que tendría esta administración para aprobar leyes que perjudiquen la economía.
“Si el gobierno de transición decide que el cambio de mando sea en nueve meses, creemos que el riesgo de inestabilidad económica, política y social sería mucho más alto que si deciden convocar a elecciones anticipadas de presidente y congresistas”, indicó el Bank of America.
Sobre las consecuencias para las finanzas del Perú, el banco prevé que la primera víctima sea la divisa nacional, considerando la tasa de interés de referencia baja que maneja el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
“Como primera medida, esperamos que el BCR intensifique una intervención en el mercado cambiario para prevenir un movimiento agudo en la divisa local”, subrayó.
La entidad también prevé una mayor presión para los bonos soberanos del país, ante una evental ley que permita un mayor retiro de los fondos previsionales.
Los persistentes desafíos de gobernabilidad y la percepción del debilitamiento de las instituciones podrían perjudicar la recuperación económica de Perú hacia el 2021, afirmó este miércoles la agencia Fitch.
“La destitución del expresidente de Perú, Martín Vizcarra, subraya los persistentes desafíos de gobernabilidad del país”, dijo la firma en un informe. “Si la política sigue siendo conflictiva después de las elecciones del próximo año, esto puede obstaculizar los esfuerzos de reducción del déficit si el gobierno no puede legislar para aumentar los impuestos y resistir las presiones de gasto de un Congreso fragmentado”.
El Congreso de la República alcanzó el lunes los votos necesarios para vacar a Martín Vizcarra tras las denuncias por presuntos actos de corrupción durante su paso por el Gobierno Regional de Moquegua.
Manuel Merino juró en la víspera como nuevo presidente de la República y este miércoles tomó juramento al nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ántero Florez Aráoz, aunque se desconoce quiénes conformarán el Gabinete Ministerial.
“Un traspaso sin contratiempos a Merino puede reducir la incertidumbre política inmediata, pero la naturaleza fragmentada del Congreso, donde Acción Popular es el bloque más grande con 24 de 130 escaños, pesará en la formulación de políticas efectivas”, refirió Fitch Ratings.
La agencia calificadora resaltó que será improbable que disminuyan los desafíos gubernamentales si las elecciones de abril del próximo año generan otro Congreso fragmentado, con una representación limitada del partido presidencial tal como en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra,
“La gobernabilidad es importante para el perfil crediticio soberano de Perú a medida que la economía se debilita y la deuda aumenta”, acotó.
Fitch consideró también que un nuevo retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y la eliminación de restricciones presupuestarias podrían aumentar las presiones de la deuda con el tiempo.
“Fitch espera que se requiera un ajuste fiscal, muy probablemente a través de reformas de recaudación de impuestos, durante 2021-2022 para respaldar la senda de reducción del déficit presupuestario. Sin embargo, la política arriesgada recurrente durante el próximo mandato de gobierno podría socavar las perspectivas, y la débil red de seguridad social de Perú significa que puede haber presiones de gasto adicionales para apoyar a los hogares afectados por la pandemia”, puntualizó.
La agencia proyecta déficits gubernamentales del 10%, 5% y 4% del producto bruto interno (PBI) en 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Asimismo, prevé que la deuda aumente al 35% del PBI en 2020 y al 39% en 2022, desde el 27% del año pasado.
NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO
Luego de que el hasta ayer presidente del Congreso Manuel Merino tomara la posta de la máxima autoridad del Ejecutivo, el congresista José Luna Morales, miembro de la bancada de Podemos Perú, afirmó en su cuenta de Twitter que la promulgación de la ley que establece la devolución de los aportes a la ONP y a las AFP serán prioridad.
No obstante, la norma de retiro de la ONP, observada por el Gobierno de Martín Vizcarra y actualmente en el Congreso, tiene un costo estimado de S/15.956 millones, equivalente a 3,4% del PBI. De aprobarse, aumentaría el desequilibrio de la caja fiscal, toda vez que el déficit pasaría del 6,2% al 9,6% del PBI.
El vicepresidente y senior credit officer de Moody’s, Jaime Reusche, afirmó a El Comercio que las medidas de gasto del Congreso, como el de la ley de la ONP generan mayores desequilibrios en el mediano y largo plazo.
Reusche advirtió que en un gobierno de transición, los incentivos de aumentar el gasto son perversos, ya que no tendrá que lidiar con las consecuencias del desequilibrio fiscal en el mediano plazo, lo que podría generar un mayor deterioro del perfil fiscal del país.
Por ello, recomendó prudencia en el manejo de las arcas públicas.
“Si se abandona la responsabilidad y la prudencia en el manejo fiscal, veremos un daño casi irreparable a menos que el siguiente gobierno dé un cambio brusco en lo económico, lo cual es improbable en un contexto de recuperación de una crisis tan grave como la que tenemos”, comentó.
Hay que indicar que la norma de la ONP incluso no es equitativa, puesto que el retiro de los aportes no tendría impacto en la pensión de los afiliados al sistema público y el dinero al que accederían sería financiado con recursos del Tesoro, de propiedad de todos los peruanos.
Contrariamente, el retiro de los aportes por parte de los afiliados a las AFP proviene de los recursos de los mismos afiliados y tendrá impacto en las pensiones de los que retiraron.
“Esta situación le pone bastante presión a la perspectiva estable de la calificación soberana del Perú”, concluyó Reusche.
