Plan Carbono Neutral con emisión neta de CO2 antes del 2050
SOFÍA ROBLERO VALENZUELA
El Presidente Sebastián Piñera se refirió a los aspectos sustentables en los que el gobierno está trabajando y las metas que se tienen. Matías Asun, director nacional de Greenpeace, responde a estos desafíos desde la perspectiva de la organización social ambientalista, considerando las dificultades ambientales actuales, revisaron la factibilidad y precisión de los anuncios y prioridades del gobierno.
El Presidente mencionó que se está trabajando para mejorar los barrios de ciudades a lo largo del país, de modo de aumentar las áreas verdes y de disminuir la desigualdad urbana. Frente a esto, destacó la Política Nacional de Parques Urbanos latente desde el 2018, afirmando que ya se han entregado veinte parques en once regiones y que hay otras en diseño y construcción.
“Evidentemente uno tendría que felicitar la protección y creación de áreas verdes urbanas. Sin embargo, el problema central hoy es transformar a las ciudades en lugares más habitables y, por lo tanto, las áreas verdes son parte de un problema mucho más integral, en términos de convivencia, uso del espacio público”, comenta al respecto el director de Greenpeace.
Efectivamente, desde la ONG destacan esta iniciativa del gobierno, pero aseguran que no es suficiente para la transformación de las ciudades. Agregan la importancia de tener en cuenta la mala calidad de aire en muchas ciudades de Chile y la urgencia de garantizar planes de descontaminación. “Incluso antes que las áreas verdes, uno podría decir, es urgente resolver una vulnerabilidad que, y la pandemia lo demostró, tienen buena parte de las grandes ciudades y principales poblados del país, que es la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica”.
Al momento de enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, el presidente destacó el plan que busca hacer de Chile un país carbono neutral -con emisión neta cero- antes del 2050. Aseguró que este desafío tiene cuatro pilares esenciales:
1. Transformar el sistema de transporte del país en uno basado en combustibles limpios o electromovilidad: “A fin de año en la Región Metropolitana tendremos más de 2.200 buses ecológicos, eléctricos o con la Norma Euro 6. Al término de nuestro Gobierno, en la Red Santiago, de los 6.800 buses, más de 5.000 van a ser buses ecológicos que no contaminan. Y esta modernización de flota se va a extender y ya se está extendiendo a todas las regiones de nuestro país”, mencionó el presidente.
Desde Greenpeace afirman tener la duda de si este plan es uno nuevo, o parte de los ya anunciados con anterioridad dentro de los planes de descontaminación de la Región Metropolitana.
“En particular, nos gustaría ver una transformación que sea simultánea -no por chorreo- al resto de las ciudades del país que hoy tienen problemas de contaminación gravísimos. Además, un aspecto esencial: para descontaminar es fundamental dejar de subsidiar combustibles fósiles, fundamentalmente en el transporte de productos; y comenzar a impulsar otras formas de transporte complementario y, en este minuto más que nunca, también el uso de la bicicleta, que es fundamental a nivel urbano y, más aún, a nivel rural”, expresó Asun.
2. Descarbonizar matriz energética, pasando de combustibles fósiles a energías limpias: “El año 2024 más del 30% de nuestra capacidad de generación a carbón va a haber sido reemplazada por energías limpias que significan inversiones por más de 20 mil millones de dólares”.
Frente a este anuncio, el director de Greenpeace remarcó la situación de ciudades como Huasco, Quintero y Puchuncaví, que se han visto gravemente afectadas por los efectos producidos por esta actividad. Remarcan sus dudas con respecto a las regulaciones y normas ambientales presentes y la preocupación por la salud de los ciudadanos.
“No queda claro a qué plan concreto se refiere el Presidente, por lo demás, su compromiso básicamente va a permitir que el país siga dependiendo del carbón hasta el año 2045, según lo que el mismo Gobierno ha señalado -que en el país vamos a seguir coexistiendo con fuentes de carbón hasta el 2045- condenando en la práctica a 25 años más de carbón a las zonas de sacrificio como Huasco, Quintero y Puchuncaví; lo que en un país rico en otras fuentes de energía, como energía eólica o solar, es inaceptable”, afirma Asun. “Se da una clara señal de dónde están hoy las prioridades del Gobierno en materia energética, en proteger a las empresas contaminantes y no a las personas que sufren sus efectos”.
“Por lo demás, dentro de la categoría de energías limpias también puede haber negocios sucios y peligrosos. El caso de AES Gener y Alto Maipo es un claro ejemplo de un proyecto que se ha catalogado como limpio, para limpiar su imagen, pero que tiene múltiples riesgos que amenazan el agua de Santiago”, agrega.
Los miembros de la organización aseguran que, de aquí a 2050, lo más probable es que de manera natural, el carbón deje ser un negocio en el mercado. Por ende, la ambición anunciada por el presidente no sería realmente muy grande.
3. Aumentar eficiencia energética: “En las ciudades más contaminadas del sur de Chile hemos puesto en marcha un plan de una tarifa eléctrica especial y nuevas fuentes de energía para permitir gradualmente reemplazar la calefacción a leña, que tanto contamina, para mejorar así la salud, el ambiente y la calidad de vida de esos compatriotas”.
Desde Greenpeace aseguran que el problema es que, por razones económicas, en estas ciudades se utiliza la leña más barata disponible, en vez de otros elementos menos contaminantes que implican mayor gasto, como la parafina.
“El problema de la calefacción doméstica, especialmente en ciudades con importantes bajas de temperatura en invierno, y con mala ventilación, nos tiene dentro de los países con peor aire del planeta. Evidentemente esto requiere nivelación hacia arriba, se necesitan mejores políticas para asegurar la eficiencia energética, especialmente la conservación de calor intra domiciliaria, en lugares de trabajo, y fuentes de calefacción que operen de modo limpio y con bajo impacto ambiental”, responden.
4. El compromiso con la reforestación, por medio de un plan que contempla 230 mil hectáreas en los próximos diez años. Además, el mandatario destacó las altas posibilidades que tiene Chile de transformarse en una potencia de exportación de energías del futuro.
“La reforestación no puede hacerse a costa de más conflictos con comunidades, hoy hemos visto una enorme devastación de la industria en suelo mapuche, con altísimo valor ambiental y cultural. La protección y el respeto de esos territorios es allí un necesario punto de partida de cualquier política pública responsable”, expresan desde Greenpeace.
Desde la organización ambientalista aseguran que es fundamental que el desarrollo sustentable, verde y amistoso se vea, efectivamente, en políticas públicas claras:
“El Presidente ha pasado dos gobiernos señalando que somos un país rico en la energía del futuro, pero de modo insistente, ha permitido que sigan funcionando las energías del siglo pasado. Aunque en Chile exista la radiación solar más amplia del planeta, aún su rol en la matriz eléctrica es menor, y eso no va a cambiar hasta que se potencie, de modo claro, una transición a energías más limpias, con impactos sociales más bajos. Por lo tanto, subsidiar de facto al carbón, permitiendo omitir de sus operaciones todos los costos sociales, ambientales y económicos, que sufren las zonas de sacrificio, es justamente subsidiar modelos de negocio mediocres, que nada tienen que decir sobre el futuro”.
El mandatario reforzó la importancia de evitar que la escasez de agua siga afectando al país, siendo un desafío prioritario para el gobierno.“No podemos permitir que la escasez del agua impida seguir desarrollando nuestra agricultura, nuestro mundo rural y nos impida transformarnos en una potencia agroalimentaria”, anunció en el discurso el 31 de julio.
“Hoy en Chile tenemos 1,2 millones de hectáreas regadas de las cuales solo un tercio cuenta con riego tecnificado. Solo un ejemplo, entre las regiones de Atacama y del Biobío todos los años se vierten al mar 55 mil millones de metros cúbicos de agua, si solo aprovecháramos un quinto de esa agua podríamos duplicar nuestra superficie de riego”, agregó Piñera.
En Greenpeace afirman que el conflicto hídrico va más allá del problema de riego para la producción agrícola, sino que también afecta a sectores del país que no tienen acceso a agua: “Eso se debe a que las aguas están en manos privadas cuyos derechos superan varias veces el agua real que recargan las lluvias y las nieves, como hemos podido comprobar en las principales cuencas del país. El agua es de quien es dueño de ella o de quien puede pagarla, no existen garantías de agua suficiente y segura para las personas y el medio ambiente. Miles de compatriotas han debido enfrentar esta pandemia privados de agua”.
“Ese mismo sobre otorgamiento de derechos ha secado las cuencas, al punto de hacer desaparecer ríos completos, deteriorando ecosistemas, bosques y humedales, que dependen de ellos, y afectando directamente importantes zonas del país. Hoy el problema no es que la naturaleza “cometa errores”, permitiendo que los ríos “desperdician” el agua en el mar, como muchas veces ha dicho el presidente (...). El problema es que los ríos están desapareciendo y eso nos hace un daño enorme como país”, asegura Asun.“Nos llama la atención que el Presidente solo se concentre en proteger a la industria agroalimentaria de gran tamaño y omita la principal preocupación de la ciudadanía en materia hídrica, que apareció en la propia encuesta del Gobierno: asegurar las aguas para personas y ecosistemas como un derecho absoluto”.
Entre los desafíos relacionados al desafío de la escasez de agua, el presidente destacó la construcción de embalses, los avances en la infiltración de acuíferos naturales y la construcción de más plantas desalinizadoras, medidas frente a las cuales en Greenpeace se mostraron escépticos.
“Creemos que la principal obra en materia de protección de recursos hídricos, es proteger humedales, glaciares y otras fuentes de agua, que implican un ahorro importantísimo y una prevención para el futuro. Hoy muchas empresas mineras destruyen fuentes de agua, las contaminan, y tienen el derecho a apropiarse, además, de las aguas que surjan en sus faenas. Seguir invirtiendo en un modelo de gestión que es inequitativo e ineficiente para los fines públicos del agua es, a nuestro entender, errarle al centro del problema, que es que el agua debe estar garantizada como un derecho para las personas y los ecosistemas, y no se puede transar en el mercado como si fuera una mercancía”.
“Los mismos estudios de la Dirección General de Aguas, publicados este año, son claros usando como ejemplo la zona de Petorca y La Ligua. La explotación de fuentes de agua subterráneas, napas subterráneas, más allá de la capacidad de las cuencas de mantenerse de forma sostenible, está literalmente produciendo impactos más allá de lo que tenemos considerado, produciéndose una progresiva desertificación y pérdida de suelo, sobre todo en la región central del país. Mientras más sacamos agua del fondo de la tierra, más agua también circula rellenando esas cavidades en el interior y, por lo tanto, menos disponibilidad de agua superficial existe. Los recursos acuíferos no son infinitos y, explotarlos sin límites, es justamente el problema que hoy estamos enfrentando, y que ha privado de agua a miles de usuarios del sistema de agua potable rural”.
“Las plantas desalinizadoras han sido evaluadas como una opción costosa e ineficiente, de mediano plazo, con altísimos impactos ambientales, para garantizar la disponibilidad de agua. Hoy lo fundamental es evitar el desperdicio de agua y la destrucción de fuentes de agua -además de favorecer el tratamiento y reutilización de las aguas que se utilizan hoy fundamentalmente en la industria- es ahí donde, con poco impacto ambiental y de manera muy orientada hacia la eficiencia, el ahorro, y a la resiliencia medioambiental, podemos hacer una diferencia en tiempo real”.
Para ellos, la solución esencial para este conflicto, es proteger las fuentes de agua naturales presentes actualmente en Chile, antes que priorizar la construcción de grandes obras hidráulicas.
