SOFÍA DIAMANTE
El conflicto entre los municipios del sur del conurbano y la empresa distribuidora de electricidad Edesur comenzó por una acusación sobre la calidad del servicio y escaló al punto de que algunos referentes oficialistas comenzaron a pedir que se le quite la concesión. Esto ocurre en un contexto de congelamiento tarifario e incremento de la demanda residencial, producto de la cuarentena. A continuación, un resumen de los principales involucrados.
Edesur presta el servicio de distribución en 12 municipios del sur del conurbano bonaerense. En 11 de esos partidos, los intendentes iniciaron los reclamos por la calidad del suministro. Ellos son: Mayra Mendoza (Quilmes), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Néstor Grindetti (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan José Mussi (Berazategui), Blanca Cantero (Presidente Perón) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
Los "vecinxs (sic) se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes" y los llamaron "caraduras". "La luz es un derecho. Háganse cargo como se hacen cargo de cobrar hasta el último centavo", le dedicó Insaurralde a la distribuidora.
El único que se abstuvo hasta ahora de comentar sobre el servicio de Edesur fue el municipio de Ezeiza. El intendente, Alejandro Granados, dejó la gestión a cargo de su hijo Gastón, que es el jefe de Gabinete, y se resguardó del coronavirus en la Patagonia. La razón tal vez se deba a que a fines de marzo, Edesur puso a disposición de la municipalidad su Centro de Capacitación y Entrenamiento Beatriz Ghirelli, para ser utilizado como hospital de campaña.
Hace una semana, el gobernador Axel Kicillof llamó por teléfono a Nicola Melchiotti, country manager del Grupo Enel, dueña de Edesur, para preguntarle cómo estaba el servicio eléctrico. Lo hizo luego de que esa misma mañana Kicillof dijera en Twitter que acompañaba "el reclamo ante los reiterados cortes de servicio en los municipios", acompañado del tuit de cuatro días antes de Insaurralde, en el cual decía: "Estamos cansados de la falta de respeto de Edesur a nuestros vecinos".
La Defensoría del Pueblo de la Provincia, presidida por Guido Lorenzino, presentó de manera oficial el pedido para que le quiten la concesión a Edesur "luego de la cantidad de reclamos que recibió por los cortes del servicio y por considerar que se agotaron todas las instancias para que la empresa se comprometa a realizar las inversiones que nunca hizo".
El reclamo de los referentes oficialistas tomó fuerza luego de que hace dos semanas el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitiera un comunicado acerca de un informe que realizó. Allí aconseja al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos.
El interventor del ente hasta fin de año, Federico Basualdo -cercano a Cristina Kirchner-, señala que "en el informe se evidencia que las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas".
El ENRE tiene la potestad de aplicarle multas a Edenor y Edesur si no cumplen con la calidad del servicio. En caso de que el valor acumulado de las multas aplicadas a una distribuidora en un año supere el 20% de su facturación anual neta de impuestos y tasas, el ente puede habilitar el cese de la concesión, según el artículo 37 de dicho contrato. Pero ni en las peores épocas de tarifas congeladas, se llegó a aplicar multas a un nivel cercano al 20%
Otra de las razones que podría haber para quitar la concesión ocurre "cuando la distribuidora incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales substanciales y habiendo sido intimada por el ente a regularizar tal situación dentro de un plazo, no lo hiciere".
En todos los casos, el que ejecuta la garantía es el concedente. En el gobierno de Mauricio Macri se firmó el traspaso de la regulación del servicio a la Provincia y a la Ciudad, pero luego eso se suspendió hasta fin de este año, con la ley de Solidaridad Productiva aprobada en diciembre pasado. Quién ejecute la garantía no es algo menor, ya que si lo hace un organismo que no corresponde, Edesur podría iniciar un juicio.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió ayer con Insaurralde y con Basualdo para analizar "los problemas de provisión de energía eléctrica en el área de concesión de Edesur".
Según indicaron fuentes al tanto de la reunión, en ningún momento se habló de quitarle la concesión a la distribuidora, sino que los intendentes piden realizar obras de baja tensión en los barrios más comprometidos. En el Ministerio señalaron que el pedido "se está estudiando".
La empresa de capitales italianos reclama que los municipios le deben $3000 millones desde 2011 por el consumo eléctrico en los asentamientos precarios, y que los intendentes no hicieron las obras de mantenimiento en el tendido eléctrico que les correspondía.
En 1992, luego de que se privatizara el servicio eléctrico, se firmó un Acuerdo Marco, en el cual las provincias se hacían cargo del costo del suministro en las villas de emergencia. Para ello se colocaron medidores comunitarios en los barrios. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño está al día con los pagos, pero en la provincia, los gobiernos cancelaron en promedio solo el 70% del total y la deuda se fue acumulando.
La empresa le envió a cada intendente una carta firmada por su gerente general, Gianluca Palumbo, en el cual reclama que los jefes comunales están a cargo del "mantenimiento de las instalaciones internas y de las redes emplazadas en los barrios populares". "Entendiendo que esta actividad recae bajo la responsabilidad del municipio, el no realizarla afecta directamente el servicio prestado, derivando en cortes de suministro en los períodos de máxima demanda", explicó. Y les reclamó por "los recursos financieros comprometidos en el Acuerdo Marco para asegurar la compra de energía eléctrica".
Javier Fuego Simondet y Sofía Diamante
os intendentes que reclaman por la calidad del servicio de Edesur les pidieron a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Desarrollo Productivo fondos para financiar obras de tendido eléctrico en sus municipios. La idea es retomar el viejo programa Más Cerca Eléctrico, que impulsó Julio De Vido cuando era ministro de Planificación Federal y que luego se suspendió con la llegada del gobierno de Mauricio Macri y la actualización de tarifas.
Fue Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, quien convocó a los jefes comunales para reunirse por videoconferencia con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, con el objetivo de avanzar en la posibilidad de un plan de obras para los municipios en los que opera Edesur, según afirmó a LANACION. Además, agregó que pedirá formalmente que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le retire la concesión a la empresa en su distrito, Esteban Echeverría.
"Lanziani nos dio un borrador de un plan de obras nacional. Estamos buscándole la vuelta. Hasta fines de 2015, el gobierno nacional financiaba obras eléctricas en los municipios y estamos tratando de reactivar eso. Estamos charlando en ese sentido, ya que Edesur no invierte", subrayó Gray. "Esta semana voy a presentar el pedido de revocación al ENRE, fundamentado en las causales que afectan a mi distrito. En 2015, la empresa se comprometió a construir una subestación en Esteban Echeverría y no lo hizo", añadió.
Otro de los jefes comunales que participaron del encuentro virtual fue Andrés Watson, de Florencio Varela. "Estamos muy preocupados por la cantidad de cortes de luz en los distritos donde la compañía tiene injerencia. La firma no ofreció soluciones a los inconvenientes en su servicio, no solo en Florencio Varela, sino en muchos otros partidos del territorio bonaerense. La situación empeoró respecto de años anteriores y exhibió aún más la falta de inversión por parte de la empresa", afirmó el intendente.
Según señaló una fuente del gobierno bonaerense, la administración de Axel Kicillof juega "un rol de acompañamiento a los intendentes", pero "el conflicto lo está llevando el ENRE".
En Edesur rechazan esta postura y señalan que la empresa invirtió US$726 millones desde 2016. "Cumplimos con el contrato de concesión: sobrecumplimos con las metas de calidad de la RTI [revisión tarifaria integral] y de inversión", señalan, y agregan: "Quien no cumplió con lo que decía la RTI no fuimos nosotros, quienes no normalizaron la infraestructura en los barrios populares, tampoco. Además, en lugar de convocarnos a una mesa de diálogo para poder resolver los problemas de quienes más nos necesitan, nos amenazan".
Los jefes comunales del sur del conurbano enrolados en el PJ presionan para que el Gobierno le quite a Edesur la concesión en sus distritos. "El reclamo de los intendentes se encuentra en línea con el pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense para que las autoridades tomen 'drásticas medidas' con la empresa", se remarcó en el comunicado de la municipalidad que conduce Watson.
Más tarde, Matías Kulfas recibió en el ministerio a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, acompañado por el interventor del ENRE, Federico Basualdo, para analizar "los problemas de provisión de energía eléctrica en el área de concesión de Edesur". Según indicaron fuentes al tanto de la reunión, en ningún momento se habló de quitarle la concesión a la distribuidora, sino que los intendentes pidieron realizar obras de baja tensión en los barrios más comprometidos. En la cartera de Desarrollo Productivo dijeron que se "está estudiando" el pedido.
El objetivo de los municipios es retomar el programa Más Cerca Eléctrico, cuyos inicios fueron en 2010 (todavía no tenía el nombre), cuando el servicio de electricidad era evidentemente precario tras casi siete años de tarifas congeladas y prácticamente nulas inversiones en nuevos tendidos eléctricos.
En ese entonces se decidió que el Ministerio de Planificación Federal les transferiría fondos a los municipios para que licitaran los proyectos de obras. Luego, las distribuidoras, Edenor y Edesur, hacían una inspección de segundo orden e incorporaban esas instalaciones a su responsabilidad de mantenimiento del suministro. Uno de los municipios que no recibió fondos fue Almirante Brown, ya que el entonces intendente Darío Giustozzi había abandonado el oficialismo y se unió al partido Renovador de Sergio Massa.
Con la llegada de Macri a la administración, y el objetivo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, de actualizar las tarifas y regularizar el sistema, el programa carecía de sentido, ya que las mismas empresas iban a estar obligadas a realizar ellas las inversiones en obras. Sin embargo, algunas obras que ya estaban empezadas se continuaron en Ezeiza, Lomas de Zamora, Cañuelas y Lanús, pero no se iniciaron nuevas.
Los cortes en promedio por usuario por año cayeron del promedio de corte de 32,60 en el peor momento del anterior congelamiento tarifario, a 16 horas en el servicio de Edenor y a 19,20 en el de Edesur. Sin embargo, todavía no se alcanzó el promedio de 10 horas que había en los años 90 o el de 30 minutos que tiene en promedio el servicio en países como Italia.
Llegar a ese promedio será difícil con las tarifas congeladas desde febrero 2019, y con cada vez más consumidores "colgados" de la red, que se disparó en los municipios más pobres por la caída de la actividad económica en uno de los inviernos más frío de los últimos años. Además, es jurisdicción de los intendentes hacerse cargo del pago del consumo eléctrico en los barrios carenciados.
Anoche, la cámara que agrupa a las distribuidoras, Adeera, pidió "que se garantice el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria, de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo".
