Con tarifas congeladas desde febrero de 2019, la cantidad de consumidores “colgados” se disparó en los municipios de menos ingresos
MARTÍN BIDEGARAY
Pese a la mayor demanda eléctrica residencial por la pandemia, la cantidad de cortes de luz es inferior a la de otros años s. Sin embargo, la presión de los intendentes sobre Edesur sigue en aumento. La disputa está centrada en las villas de emergencia.
Hay 81 barrios carenciados que tienen suministro eléctrico de Edesur. La distribución llega hasta un punto de conexión. Pero, hacia adentro, la distribución de los tendidos, cables y conexiones es hecha por los mismos vecinos de los barrios, que no siempre dispone de los materiales afectados.
Allí crecieron los cortes , según cuentan los intendentes, y eso genera malestar. Los alcaldes reciben las quejas, pero no saben qué hacer. Edesur les contesta que no puede hacer arreglos donde no tienen arreglos transformadores ni puede entrar una cuadrilla.
Con tarifas congeladas desde febrero de 2019, la cantidad de consumidores “colgados” se disparó en los municipios de menos ingresos. La parálisis económica más el frío puso a los intendentes en apuros. Tienen que pagar más cuentas, con ingresos en caída. Los transformadores que puso Edesur en esos barrios registran mayores consumos. La deuda por 81 transformadores que entregan electricidad orillaría los $ 3.000 millones y datos de hace una década, según fuentes de la empresa.
Los desacuerdos entre Edesur y las intenciones viene de hace tiempo. La compañía también argumenta que está brindando un servicio por el que no recibe el pago adecuado. La saliente gobernadora María Eugenia Vidal había ordenado que la empresa se hiciera cargo a través de un precio diferencial, pero el saldo por esa situación nunca se liquida, según argumentan en la empresa.
Edesur sirve en 12 partidos del conurbano y la mitad de la ciudad de Buenos Aires. El crecimiento de la cantidad de "conectados" que no son clientes es importante, según creen en la empresa. Habría entre un 10% y 15% de hogares que usan la luz de Edesur, pero que no pagan. Se los suele llamar "colgados".
“Son barrios donde no hay gas, que usan garrafas o usan cocinas eléctricas. Donde no siempre hay agua y cloaca, por lo que se utilizan motores para pozos de agua. Hay muchas deficiencias edilicias. En un hogar donde debiera pasar solo luz, gas y agua, hay solo luz. Eso genera una s obretensión adicional ” , explica un ex funcionario del área energética.
“Las instalaciones en las villas o barrios de emergencia no están bien hechas. Hay fallas por todos lados ”, dicen en el sector privado. Los intendentes quieren que Edesur repare esos cables. La empresa dice que es imposible entrar a lugares donde no hay calles ni urbanizaciones. Se puede hacer en la villa 31 una raíz de un trabajo de urbanización ”, recalcan.
Enel, el grupo italiano que es dueño de Edesur, mira los embates contra la empresa con sorpresa y cosecha adhesivas empresarias locales. Ex ejecutivos que se desvincularon de Edesur cuentan que los italianos perdieron interés en Argentina. Detallan que hubo un ciberataque contra las instalaciones y los sistemas de Edesur . El manejo de esa situación se hizo desde Chile, donde recibimos órdenes de Italia.
Edesur repite que invirtió US $ 728 millones en los últimos años. El ente regulatorio (Enre) sancionó a la empresa por incumplimiento de inversiones prometidas. Las multas se acumulan, porque Edesur las apela.
La quita de la concesión no tendrá lugar en los planos del Poder Ejecutivo nacional, según el deslizamiento de los funcionarios de las áreas que deben llevar a cabo ese tema. Sin embargo, se sabe que el ultra kirchnerismo tiene una vocación por el estatismo.
Si a Enel le quitan la concesión, es probable que recurra a tribunales internacionales. Sus probabilidades son de ganar ese pleito en el largo plazo. Sucedió con Marsans, cuando le expropiaron Aerolíneas Argentinas, o con Repsol, a la que había que compensar por el 51% estatizado de YPF. Sin contar que todavía está pendiente otro litigio de hasta US $ 5.000 millones por ese acto de "soberanía energética".
El costo de una eventual expropiación no le pagará esta administración, porque estos procesos demoran el tiempo. Pero recaerá sobre el próximo mandato del mar del mandato que sea. A la concesión de Edesur le quedan 70 años. El reclamo por los ingresos que debiera generar en ese período puede ser incalculable.
La otra concesión de distribución eléctrica de Buenos Aires y es la de Edenor. La francesa EDF era la principal accionista de la empresa. En 2002, tras la emergencia económica, la empresa reconoció un pleito contra el país en tribunales internacionales. Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, acordó con los franceses y se quedó con la compañía.
Clarín
Las empresas distribuidoras de electricidad pidieron “garantizar el cumplimiento de los Contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria”. El comunicado llega después de que intendentes del conurbano bonaerense impulsaron la quita de concesión a Edesur.
La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) expresó su preocupación por las dificultades que atraviesan las empresas en plena pandemia del coronavirus.
Este contexto, afirma la entidad, "dificulta sensiblemente la normal prestación del servicio con independencia de quien tenga a su cargo la gestión del mismo, sea éste un actor público o privado, produciéndose además graves repercusiones fiscales".
Por eso, sigue el comunicado, "ahora más que nunca las distribuidoras requieren garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria".
El objetivo es "poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo".
El mensaje se produce en medio del reclamo de algunos intendentes de la Provincia de Buenos Aires para que el Gobierno le retire la concesión a Edesur.
La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza; el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el de Florencio Varela, Andrés Watson; y el de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresaron su pedido en los últimos días, al denunciar un supuesto incumplimiento en las inversiones por parte de Edesur.
Se suman a la Defensoría del Pueblo bonaerense, que exigió "drásticas medidas" contra la firma.
Ahora, ADEERA --reúne a 49 firmas, entre ellas Edesur y Edenor-- expuso la "difícil coyuntura económica" que atraviesa el sector.
La entidad aclaró que "la calidad del servicio eléctrico se mantiene en parámetros de eficiencia, aun en las actuales circunstancias, hecho absolutamente comprobable por los distintos organismos de control del sector".
Una de las dificultades es una "importante caída en la recaudación de los últimos meses".
Mayra Mendoza, una de las intendentas que pidió que le saquen la concesión a Edesur.
Además, las distribuidoras remarcan que debieron "asistir" a muchos usuarios, con planes de financiación, postergación de cortes por falta de pago y reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios. Además, destacan, las restricciones de la cuarentena obligaron a implementar "en tiempo récord" el sistema de atención virtual.
En el documento, la entidad explica que el único ingreso de las distribuidoras es el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el 30 por ciento del importe que reciben los usuarios y, en varios casos, "no se actualiza desde hace dos años".
