La cerealera está concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , defendió la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin, que está en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones. "La verdad es que, como lo dijo el Presidente, no es que nos parezca la opción superadora de todas sino que es la única alternativa que encontramos", señaló Kulfas en una entrevista que concedió al diario La Capital, de Rosario.
Pero remarcó que el Gobierno aún está dispuesto a escuchar "ideas superadoras" a la expropiación. "He escuchado decir en estos días que hay ideas superadoras pero hasta ahora no han aparecido. Si aparece, estamos abiertos. Tan abiertos que hemos escuchado, junto a los directivos de YPF, a los accionistas de Vicentin", remarcó Kulfas. Y agregó: " No tenemos ni ningún preconcepto ni prejuicio. El objetivo principal es salvar Vicentin, preservar sus activos y que sea una empresa nacional al servicio del desarrollo industrial" .
El ministro reiteró que el Ejecutivo pretende que la empresa Vicentin "no quiebre ni se desguace", mientras avanzan la investigaciones judiciales. "Tomamos esta decisión porque veníamos observando riesgos muy serios de que la empresa entrara en proceso de quiebra, de desguace. Y pensamos que es una empresa demasiado importante en la cadena agroindustrial como para que termine tan mal", sostuvo.
Además, el funcionario dio pistas del plan que tiene Fernández para la firma. "Aunque sean de sectores distintos, estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras", indicó Kulfas.
Según el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, "el modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar". "Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar", señaló.
En ese marco, el funcionario anticipó que el gobierno de Santa Fe, a cargo de Omar Perotti, podría tener "un representante en el directorio" de la firma tras la expropiación.
El equipo del interventor designado por DNU, Gabriel Delgado , tiene la llave de la empresa, apartó al management y solo mantiene trato con los responsables de las áreas para las cuestiones operativas. El proyecto de ley de expropiación, que todavía no fue finalizado, sería enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos días. En el Frente de Todos ya circuló un paper con argumentos para la expropiación y una defensa ante los detractores de la medida. En paralelo, avanza una causa penal que la UIF impulsa, publicó La Nación
El Instituto Argentino de la Energía (IAE) "General Mosoni" cuestionó la expropiación de la cerealera Vicentin y su intervención a manos de YPF que enfrenta una delicada situación financiera en medio de la pandemia.
El Gobierno del Presidente Alberto Fernández ha anunciado la decisión de expropiar la empresa Vicentín por causa de utilidad pública.
El DNU 522-2020 del 09/06/2020 dispuso «la intervención transitoria» de Vicentín S.A.I.C. La expropiación está mencionada explícitamente en un Considerando del DNU y dice que:
«(…) conjuntamente con el dictado de la presente el Gobierno Nacional ha dispuesto la remisión al Honorable Congreso de la Nación de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín SAIC.»
Sin perjuicio de la ilegalidad que se le atribuye al DNU, del daño al sector agropecuario y del cuestionamiento que recibe el proyecto de expropiación anunciado, el I.A.E. Mosconi advierte sobre tres cuestiones relevantes de la medida anunciada:
+Se ha incluido en la operación a YPF S.A., la empresa energética más importante de la Argentina, en un momento de crisis agudizado por la pandemia de Covid 19. Este hecho desvía a esta empresa del objetivo estratégico para la cual fue creada: la exploración y producción de hidrocarburos y la de actuar como “empresa testigo” en un mercado petrolero fuertemente concentrado que exige la protección de los derechos de los consumidores. La empresa está agobiada por un pesado endeudamiento y nada tiene que ver con la exportación de cereales.
+No ha sido aún aprobado el Presupuesto Nacional del año 2020 y es previsible que una erogación estatal importante para adquirir la Compañía pueda agrandar un déficit fiscal que se ve agudizado por los requerimientos de la Pandemia y la protección de sectores vulnerables.
+Argentina está inmersa en un proceso de renegociación de su deuda que podría verse impactado negativamente por este tipo de decisiones.
Por otra parte, El IAE Mosconi considera inconsistente y políticamente engañoso el argumento de la “soberanía alimentaria” como causa de la expropiación de la empresa concursada.
Nuestro país exporta cereales, aceites y pellets de soja y biocombustibles que usan nuestros compradores en gran parte como forraje para la producción de proteínas de origen animal. Esa exportación provee a nuestro país de los dólares que su comercio exterior demanda y además provee al fisco de ingresos por retenciones que gravan las exportaciones, pero nunca han impedido la alimentación de los argentinos ni fomentado, ni aumentado la pobreza. Esta última y no otra, es la causa de las deficiencias de la alimentación de parte de nuestra población.
El Instituto Mosconi como parte de su tarea elabora y propone planes concretos y proyectos sobre la Energía y su relación directa con el Desarrollo. Estamos convencidos de la necesidad de la presencia activa del Estado en temas de desarrollo y estrategia energética, facilitando consensos y una adecuada articulación público-privada pero la expropiación anunciada por parte del Gobierno es un evidente retroceso en la seguridad jurídica del país y contribuye a ahuyentar más la inversión productiva privada.
En nuestro país hay graves problemas irresueltos que la pandemia ha puesto en primer plano: el hambre, el hacinamiento habitacional y la desigualdad de oportunidades, sin cuya resolución no habrá progreso con justicia. ¿En qué contribuye en la fase actual la confiscación de Vicentin para resolverlos?
La Nación
Un grupo de exsecretarios de Energía manifestó su postura crítica a la decisión del Gobierno de intervenir y avanzar hacia la expropiación de la empresa cerealera Vicentin, lo que consideraron "una mala señal para las inversiones que necesita la Argentina".
En un comunicado firmado por Emilio Apud, Julio César Aráoz, Alberto Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, los exfuncionarios señalaron que "es perjudicial disponer medidas gubernamentales arbitrarias" y que la decisión de avanzar sobre Vicentin aumenta "la inseguridad y la incertidumbre del proceso genuinamente inversor requerido para la expansión de la producción energética"
Los firmantes consideran que el motor del crecimiento económico y del empleo con valor agregado es la inversión productiva. "Por muchos años hemos tenido estancamiento productivo, aumento del desempleo y la pobreza, penurias que se han visto agravadas en los últimos meses por la pandemia que todos padecemos", señalaron.
"El desafío que enfrentamos es cómo aumentar las inversiones para hacer posible la expansión de la producción, las exportaciones y el empleo, es decir construir un escenario económico expansivo", añadieron.
Según destacaron en el texto, los recursos aportados por la naturaleza en el área energética son un importante activo para el país y ofrecen excelentes oportunidades de inversión en segmentos muy relevantes, como el desarrollo intensivo de sus recursos petroleros y gasíferos y la expansión de las nuevas energías renovables.
"La movilización del potencial inversor en el área energética requiere de seguridad jurídica y de instituciones adecuadas para evitar arbitrariedades que debiliten el proceso de acumulación de capital productivo, condición necesaria para poner en valor la potencialidad de nuestros recursos energéticos y también mitigar la indigencia y la pobreza que hoy agobia a la sociedad", apuntaron.
Por este motivo, los expertos concluyeron que "es perjudicial disponer medidas gubernamentales arbitrarias, es decir, que no pueden ser validadas de acuerdo a las leyes vigentes" y se refirieron puntualmente a la decisiones adoptadas recientemente respecto de la empresa Vicentin, que además involucran a YPF, la principal empresa energética argentina.
"[Estas medidas] son negativas para el futuro del país, ya que aumentan la inseguridad y la incertidumbre del proceso genuinamente inversor requerido para la expansión de la producción energética", consideraron.
