El editorial de Carlos Pagni el Odisea, por LN+
La idea de avanzar sobre Vicentín es de Cristina y Máximo. Qué significa el grupo aceitero y los planes del gobierno. Qué piensa Alberto. Historias del GrupoYoma, YPF, los Kirchner y la familia Eskenazi. José Luis Manzano, YPF Agro, quién es el interventor Delgado. Los planes y peligros para la petrolera estatal. La reacción del campo y de los acreedores de la Argentina. El camino de YPF desde la privatización a la argentinización con el Grupo Petersen y la expropiación a Repsol. El sueño de La Cámpora. Los juicios pendientes y cuanto le contarán al país. ¿Una Junta Nacional de Granos? La obsesión kirchnerista por el campo y el dólar.
La decisión de intervenir la aceitera Vicentin y enviar un proyecto de ley para expropiarla tomó por sorpresa a gran parte del mundo empresario y volvió a generar temor sobre lo que puede pasar con las compañías, en un contexto de crisis económica severa y muchísimos puestos de trabajo en riesgo.
Además, volvió a la memoria de los hombres de negocios la idea que esbozó semanas atrás la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien había planteado como una buena idea que el Estado haga cargo de empresas en crisis, como había sucedido en Europa y los Estados Unidos.
“Es muy preocupante. El Estado entra en un sector muy competitivo internacional que debe financiarse con bancos del mundo y debe competir con grandes empresas globales. Puede terminar muy mal. Además, sorprende porque había muchos compradores privados listos”, dijo un importante empresario de la industria aceitera.
La noticia generó sorpresa porque la compañía se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de USD 1.350 millones, por lo que se esperaba que el proceso judicial continúe su curso. Desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), aseguraron que si bien comprenden la preocupación del Estado por la preservación de fuentes de trabajo, también entienden que dentro del concurso preventivo iniciado por los accionistas de la empresa, se presentaron compradores interesados que garantizaban la continuidad de la operación de la empresa.
“Por este motivo, nos sorprendió la intervención que se dio a conocer en el día de hoy. La soberanía alimentaria de nuestro país siempre ha estado garantizada, no solo por la enorme capacidad de industrialización que el conjunto de empresas asociadas a nuestra cámara han construido, sino también porque las materias primas están aseguradas a través del trabajo diario de más de 77.000 productores argentinos”, remarcó la entidad.
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“Estoy un poco confundido con respecto al procedimiento porque lo usual es seguir el camino judicial. Y esto traspasa ese camino. Creo que es un caso testigo con respecto a temas que van a pasar en el futuro con empresas que, por razones de pandemia u otra situación, pueden estar en situaciones similares con gran compromiso de la fuerza laboral”, afirmó a Infobae el dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.
“No creo que los productores estén contentos con la noticia, porque no quieren que el Estado intervenga en los mercados. Debemos seguir reclamando por la transparencia del mercado de granos”, dijo Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
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Por su parte, Martín Cabrales consideró que es una empresa que venía en un estado muy crítico y que el gobierno piensa en las fuentes de trabajo. “Por ahora, es una intervención. Veremos cómo sigue el proceso. Espero que no marque una tendencia, sino que sea un hecho aislado”, remarcó el empresario productor de café.
Desde la industria frigorífica y miembro del comité ejecutivo de Copal, Gustavo Lazzari, afirmó que “este intento de estatización es una pésima señal para el momento de la economía, para la industria y para los mercados". “Esto demuestra que es más fácil llegar al directorio de una compañía grande siendo militante político antes que ingeniero agrónomo. En momentos en que la economía necesita señales de retorno a la normalidad, estamos viendo señales de retorno al estatismo”. Y agregó: “Si por cada empresa endeudada y mal manejada vamos a estatizar, tendremos una fila enorme de empresas que puede caer en manos del Estado. Y el Estado es un pésimo administrador. Es un signo de retroceso”.
Desde su cuenta de Twtter, el ex ministro de Agroindustria y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio por Formosa, Ricardo Buryaile, comentó: “Dijeron soberanía alimentaria y estatizaron Ciccone; dijeron soberania energética y estarizaron YPF, y ahora dicen soberania alimentaria y expropiaron Vicentin”.
Por su parte, el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, aseguró en diálogo con Infobae: “Es una muy mala noticia. Primero por el método, que por Decreto se intervenga y se expropie una empresa. Y segundo, porque tenemos muy malas experiencias los argentinos, donde cada vez que el Estado se puso en empresario en todos esos casos las cosas no terminaron bien, y a la fiesta la terminamos pagando todos los argentinos”.
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Desde el sector ruralista, Jorge Chemes, presidente de confederaciones Rurales argentinas, destacó: “Estamos en contra que el estado administre empresas privadas, ya que quedó demostrado que no fue eficiente. No es buenos que con la plata de nuestros impuestos se pague la deuda de Vicentin”.
Y la Sociedad Rural Argentina expresó en un comunicado que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU, así como eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso”.
“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar. El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”, destacó la entidad que preside Daniel Pelegrina.
A título personal, el empresario Miguel Blanco, de Swiss Medical y del Foro de Convergencia, planteó que su primera impresión es negativa. En primer lugar, sostuvo, la ley de convocatorias y quiebras prevé el cramdown, proceso por el cual, si no hay acuerdo con los acreedores, el juez puede abrir la posibilidad de que un interesado externo se haga cargo de la empresa. En este caso, dijo, se saltea esta posibilidad.
“En segundo lugar -agregó- los antecedentes del Estado Argentino manejando empresas productoras o comerciales donde compite con empresas privadas son totalmente negativas. La gestión estatal las torna deficitarias, las llena de empleados no necesarios y hay que asistirlas financieramente para que sobrevivan".
El dueño de Morixe, Ignacio Noel, tiene una posición más favorable al respecto. Según él, como Vicentin le debe USD 300 millones al Banco Nación, el Estado debe defender su crédito en vez de que se lo licúen y no se lo paguen. “La clave está en que la nueva gestion sea eficiente y transparente. Quizá lo mejor sería que se intervenga, se ordene la deuda y la operacion y se venda al mejor postor”, afirmó el empresario alimenticio, consultado sobre si estaba de acuerdo con la expropiación.
A la espera del proyecto de expropiación que Alberto Fernández enviará al Parlamento en los próximos días, la oposición de Juntos por el Cambio salió a rechazar la intervención de Vicentin, la sexta empresa del sector agroexportador de la Argentina, concursada y con una deuda de USD 1.350 millones, a la que calificó como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”.
“La intervención del Grupo Vicentin, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”, respondió Juntos por el Cambio entrada la noche en un comunicado firmado por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el titular de la Coalición Cívica y jefe del bloque en Diputados, Maximiliano Ferraro, y los presidentes de los bloques de senadores y de Diputados del PRO y la UCR, Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente.
Después se sumó Juan Carlos Romero, presidente del Interbloque Federal del Senado.
Según resaltaron en el comunicado, para Cambiemos la intervención “es el primer paso para romper el mercado de granos”. “Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, insistieron.
Más temprano, habían sido varios dirigentes los que salieron al cruce del anuncio en las redes sociales.
“No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos", escribió el diputado del PRO Luciano Laspina en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Tengo algunas dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que nos costó USD 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios”.
Más allá del comunicado, según pudo saber este medio de fuentes de la coalición, desde Juntos por el Cambio se aprestaban a analizar el tema en profundidad, aunque por ahora reina una “extrema precaución”, como remarcaron desde el radicalismo parlamentario. El bloque de la UCR en Diputados se encontraba reunido por otros temas vinculados a la renegociación de la deuda, un encuentro ya pactado con anterioridad, mientras el Presidente, el ministro Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y Gabriel Delgado, el economista del INTA de confianza de Fernández que se hará cargo de la intervención de la compañía, promediaban el anuncio oficial.
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Durante la tarde hubo intercambios en ese sentido, por ejemplo, entre dirigentes radicales y del PRO y el ex procurador Bernardo Saravia Frías, a quién desde Cambiemos le encomendaron un análisis del tema y la revisión del DNU de intervención que será publicado en las próximas horas. Fuentes de Juntos por el Cambio insisten en el antecedente Repsol YPF y la expropiación de la petrolera, tal como abundó Laspina en sus redes sociales. La oposición pretende estudiar el tema en profundidad para después sentar posición oficial.
“En lo jurídico están cometiendo el error de YPF: la intervención previa, que abre demandas millonarias. Hay un concurso y hay un juez. El accionista no pierde el control de la empresa en el concurso, salvo cuando el juez dicta una intervención judicial. Acá hay un Poder Ejecutivo que se entromete y después ve si expropia. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba la expropiación?", se preguntaban desde los equipos técnicos de la coalición opositora. “En YPF hicieron lo mismo y el viernes perdimos un juicio de USD 5.1000 millones. O hacemos un régimen general para todas las empresas que están en esta situación, como lo hicieron Estados Unidos o Francia. O tomas una empresa y determinas en cuál intervenís o no. Se va a pagar con juicios posteriores”, agregaban.
“El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentin va a pasar lo mismo”, machacaron desde Cambiemos en forma oficial.
El diputado Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la administración de Mauricio Macri, fue uno de los que había sentado opinión apenas oficializada la intervención. “Lo que me preocupa es la visión que tiene el Presidente de que a partir de la expropiación de Vicentin vamos a tener soberanía alimentaria y que el Estado va a ejercer el rol de empresario del sector privado para el devenir de la post pandemia”, dijo el ex funcionario en declaraciones televisivas. “El Presidente acuña la frase ‘soberanía alimentaria’, ¿pero es teniendo una empresa o es produciendo más y generando más valor agregado? Me hace acordar a que íbamos a tener la soberanía monetaria y estatizamos Ciccone, e íbamos a tener la soberanía energética y estatizamos YPF”, abundó el legislador en diálogo con Radio Con Vos.
“Es una muy mala noticia. No hay ninguna necesidad de que el Estado se haga cargo de esa empresa, estaba en un concurso de acreedores. En el mercado se sabía que había dos o tres grupos privados interesados en comprar sus activos. Es muy mal antecedente, y sobretodo es una muy mala señal si el Estado se pone a ponerle precio político a los productos”, opinó además ante Infobae el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, que sucedió a Buryaile.
Luis Petri, diputado de la UCR -enrolado en la llamada “ala dura” de Cambiemos, fue un poco más allá. “La expropiación de Vicentin es un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela", escribió en su cuenta de Twitter.
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Federico Pinedo, que encabeza el “comité del día después” de Cambiemos -conformado por dirigentes y ex funcionarios del gobierno anterior-, que trabaja en temas vinculados a la economía, la energía y el rubro social en un documento que ya fue elevado al partido, también rechazó el anuncio. “Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica", escribió en sus redes.
“Lo que nos venían adelantando algunas ‘mentes avezadas’ kirchneristas hoy es una realidad y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta”, divulgaron desde Juntos por el Cambio en el comunicado.
“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder, para que continúe funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente durante la oficialización de la novedad en el salón de conferencias del segundo piso de la Casa Rosada.
La intervención se basó en buena medida en el informe que Claudio Lozano, director del Banco Nación -principal acreedor de la firma-, elaboró en enero. La mayoría accionaria de la empresa está en manos de la multinacional suiza Glencore.
