Según la Fiscalía de Venezuela, los funcionarios fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, por lo que recibieron penas de cinco años de prisión
Venezuela condenó a dos gerentes de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela a cinco años de prisión por cargos de divulgación de información confidencial.
Las autoridades habían arrestado a Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, del departamento de suministro y comercio de PDVSA, en febrero de 2020 por acusaciones de que habían filtrado información al gobierno de Estados Unidos, que en 2019 sancionó a PDVSA como parte del impulso de Washington para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Entonces, la Comisión Alí Rodríguez Araque, que adelanta la reestructuración de la industria petrolera venezolana, informó en un comunicado que los exdirectivos fueron detenidos por presuntamente espiar para Estados Unidos y entregar a ese país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial" de la empresa.
“Estos funcionarios filtraron información sensible y confidencial relacionada con la industria petrolera, lo que trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos”, escribió el fiscal jefe Tarek Saab en un comunicado publicado en Twitter, señalando que el juicio había incluido siete audiencias.
Washington ha impuesto sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del presidente chavista Nicolás Maduro, bajo cuyo gobierno el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, sumando siete años continuos de recesión y galopante inflación. Las sanciones estadounidenses incluyen una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano vigente desde abril de 2019.
Los padres de Torrealba y Chirinos han dicho que tanto ellos como sus hijos eran partidarios de la “revolución” socialista lanzada por el predecesor y mentor de Maduro, el fallecido presidente Hugo Chávez. Pero argumentaron que sus hijos fueron señalados por denunciar la corrupción en PDVSA.
La oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos argumentan que Maduro ha utilizado el sistema de justicia del país para silenciar a los críticos.