JOHN MÜLLER *

El gobierno chileno tiene en la puerta del horno otro pan a punto de quemarse. La situación crítica de los inversionistas europeos en energías renovables, especialmente fotovoltaicos y eólicos, ha llegado a oídos de la Comisaria de Energía de la Unión Europea, la finlandesa Kadri Simson. Ésta ha expresado su preocupación por el asunto que se ha convertido en la primera fuente de problemas para el desarrollo del acuerdo comercial entre la UE y Chile cuya modernización se firmó en diciembre pasado.

Simson tuvo ocasión de plantear este asunto al ministro de Energía, Diego Pardow, en su reciente visita a Bruselas, el 31 de marzo pasado. Sin embargo, los europeos ven que el tiempo pasa y que el Gobierno chileno no se mueve, desbordado por la gestión cotidiana de otros problemas y la digestión de las derrotas políticas en las urnas.

Varios factores inciden en el asunto, pero los hechos son que el actual diseño del mercado eléctrico chileno está llevando a la ruina a la nueva generación de inversores en renovables que llegó ilusionada a Chile de la mano de las reformas del exministro Máximo Pacheco entre 2014 y 2016. Al menos dos proyectos originados en España, la fotovoltaica María Elena Solar (228 MW) y la eólica Ibereólica Cabo leones (245 MW) se han declarado en quiebra o insolvencia. Otras compañías, algunas nuevas en Chile en este rubro, pero veteranas en el resto del mundo, están contra las cuerdas.

El principal problema es que la generación eléctrica de fuente renovable debe participar en el mercado a precio cero. Este régimen se estableció cuando las renovables nunca marcaban el precio, porque eran pocas y mandaban otras fuentes como la hidráulica o las fósiles. El rápido despliegue ha hecho que lo que era un sector marginal haya pasado a generar más de 1.500 horas al año y en algunos meses se ha superado el 50% de la generación total.

Esto ha sido contraproducente para eólica y fotovoltaica, especialmente esta última, que ahora están expuestas al precio cero más que antes. No reciben ingresos para amortizar sus inversiones y han asumido compromisos a precios muy bajos que deben satisfacer en horas en las que no producen. En cambio, los operadores que generan con otras fuentes, especialmente fósiles, se benefician de operar con precios altos en el horario de mayor consumo, cuentan con pagos prefijados y por operar "a mínimo técnico" (un sistema eléctrico necesita un mínimo de energía para evitar paradas y alteraciones).

Uno de los argumentos que ha calado en Bruselas es el incumplimiento del Gobierno de Chile de la promesa de unificar el mercado eléctrico. En 2016, el Estado asumió en la Ley 20.936 el compromiso de ampliar la red de trasmisión con holguras para facilitar la entrada de energías renovables. Ese compromiso no se ha cumplido y en Chile siguen existiendo tres sistemas mal llamados interconectados, porque en realidad están intraconectados. Antes de 2017 eran cuatro, pero ese año se unieron el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Pero las quejas tienen que ver con las holguras del sistema que siguen generando atascos para transferir el exceso de producción del norte, que se produce a determinadas horas, hacia el sur y viceversa.

Esta falta de capacidad ha generado 'vertidos' (energía desperdiciada), ya que el sol o el aire no se pueden regular a voluntad. Los inversores ven que, antes de cumplir sus compromisos con el despliegue de red, al ministro Pardow le llaman más la atención soluciones como crear capacidad de almacenamiento energético que, salvo en las hidráulicas, requiere aún grandes avances tecnológicos.

Se da la circunstancia de que la mayoría de estos inversores extranjeros consideran que los actores incumbentes locales están saliendo favorecidos. Los generadores que recurren a fuentes fósiles también están invirtiendo a pérdidas en renovables con el fin de sacar del mercado a los competidores nuevos. No se trata dicen, del resultado neutro de la acción de las fuerzas del mercado, sino de un mal diseño institucional que está favoreciendo a los actores que más recelan de la transición ecológica y la descarbonización de la economía.

Un actor incumbente, que pidió reserva de su identidad, culpó a los inversores extranjeros de haber actuado de manera atolondrada y sin considerar que era muy probable que el Estado de Chile no cumpliera a tiempo sus promesas después del estallido de 2019 y la pandemia. "No midieron los riesgos obvios del sector eléctrico chileno: instantaneidad, desconexión, necesidad de contar con térmicas, entre otras cosas. Y entre los obvios está la ausencia de un verdadero sistema interconectado sino una línea eléctrica que está permanentemente sometida al riesgo de congestión".  

* Periodista chileno