RED DE ACADÉMICOS POR UNA MINERÍA SUSTENTABLE*

A partir de una nota firmada por el senador nacional Oscar Parrilli en este medio se ha debatido con intensidad en las últimas semanas acerca de la posición del país en materia de recursos necesarios para la transición energética. 

Dicho artículo remarca la calidad y abundancia del litio que tiene la Argentina, aunque sugiere que bajo el marco normativo actual se está "regalando" el recurso, dejando pasar una oportunidad para mejorar la vida de los argentinos. Para responder adecuadamente a esta última cuestión, es necesario contar con buen diagnóstico.

El Estado

En el Código Minero se establecen los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de minerales. Si bien es cierto que el Estado no puede explotarlos por sí mismo, no existe ningún impedimento para que lo realice a través de empresas de su propiedad. De hecho, ejemplos sobran.

Además de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) --administrada por el Ejecutivo Nacional--, en todas las provincias mineras del país los gobiernos locales participan de los proyectos a través de sociedades estatales o institutos especializados. Durante el tiempo que se encontró operativa Minera Alumbrera, YMAD (una sociedad conformada por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional) participó de las ganancias generadas. 

Lo mismo sucede con el instituto sanjuanino IPEEM, que mantiene su participación sobre las ventas de Veladero. Finalmente, FOMICRUZ --fundada por Néstor Kirchner--, participa en varios proyectos en la provincia que genera más exportaciones mineras y así captura, por ejemplo, el 7,5 por ciento de las utilidades de Cerro Vanguardia.

En litio, la empresa del Estado jujeño JEMSE cuenta con una participación del 8,5 por ciento en Sales de Jujuy, sociedad que opera el proyecto que inició actividades en 2015, y posee la misma participación en el proyecto de Cauchari Olaroz, que comenzó producción recientemente. Esta participación le da preferencia en la compra de un 5 por ciento de lo producido, que podría destinarse al desarrollo de distintas iniciativas a nivel local. 

En Catamarca, se encuentra la empresa provincial CAMYEN, que a pesar de no participar del proyecto Fénix, el cual opera tempranamente desde 1994, recientemente firmó un acuerdo con YPF para el desarrollo conjunto de unas 20 mil hectáreas en Fiambalá.

Agregar valor

Sin dudas aspirar al incremento del valor agregado de la producción nacional es un objetivo en sí mismo, pero es importante hacer dos aclaraciones. Por un lado, el litio presente en una batería representa menos del 5 por ciento de los materiales que la componen. De modo que para avanzar en la producción de este producto se deberían importar muchos otros materiales que no se encuentran en el país. 

Pero además, la fabricación de baterías a una escala industrial no es una tarea para nada sencilla y mucho menos algo que se le niegue al país por un supuesto condicionamiento internacional. Basta ver el caso de Australia, uno de los países más desarrollados del mundo y principal productor mundial de litio, en donde este recurso se exporta aún con menor valor agregado que el que se le da en Argentina.

Impuestos

Respecto a los impuestos que la minería paga en el país, se suele incurrir en una confusión. Si bien la actividad cuenta con un Régimen de Promoción (Ley 24.196), le es aplicable el mismo régimen general con algunas modificaciones. Esto significa que un proyecto minero cualquiera paga impuestos a las ganancias, de hecho los nuevos proyectos de litio que inicien durante los próximos años pagarán el 35 por ciento de sus ganancias, como cualquier actividad productiva. 

Un ejemplo de deducciones promocionales que ofrece el régimen es poder descontar gastos en la etapa exploratoria, que tiene como fin recompensar el esfuerzo de concretar nuevos descubrimientos mineros, que son los que generarán riqueza y permitirán sostener la actividad para las futuras generaciones.

El sector también paga otros impuestos y contribuciones, como el resto de los contribuyentes, a nivel nacional y provincial. En el primer grupo se destacan las retenciones, impuesto al cheque y cargas sociales, aunque el IVA únicamente tiene impacto durante la construcción de los proyectos. 

Aquí cabe recordar que, por definición, las ventas al exterior no pagan IVA ni otros impuestos internos en ningún rubro productivo y en ese marco es que surgen los reintegros a las exportaciones, con el objetivo de que las empresas puedan descargar aquellos tributos acumulados a lo largo de su cadena productiva, aunque también son utilizados como herramientas de incentivo.

Por eso también dichos reintegros tienen alícuotas diferenciales en regiones que se encuentran alejadas de los puertos: la producción originaria del noroeste argentino incorporará mayor cantidad de impuestos internos a sus costos durante su traslado que una de Rosario o Buenos Aires. En efecto, los reintegros no son potestad exclusiva de la minería y se aplican a distintas actividades exportadoras. 

Entre los impuestos provinciales, se destacan las regalías, ingresos brutos y los aportes que realizan a distintos fideicomisos que acuerdan constituir y se ubican en torno al 1 y al 2 por ciento de las ventas. El reintegro Puna no está alcanzado por la estabilidad fiscal, por lo que la reciente derogación tendrá efecto inmediato.

La estabilidad fiscal es sin duda el principal beneficio del Régimen de Inversiones Mineras, otorgado por 30 años, desde presentado el estudio de factibilidad del proyecto. Esto responde a las particularidades que presenta la actividad minera: los altos riesgos exploratorios, en donde solo 1 de cada 100 intentos exploratorios se transforma en una mina en producción, por lo que los descubrimientos deben compensar los fracasos anteriores. 

El régimen de estabilidad también obedece a los largos períodos de maduración, ya que estudios señalan que el tiempo promedio global de puesta en marcha de un proyecto desde su descubrimiento es de 16,9 años, y a las cuantiosas inversiones necesarias para la puesta en marcha, que en litio se ubican en torno a los 500 millones de dólares. 

La estabilidad busca por lo tanto garantizar que se mantengan las condiciones bajo las cuales se demostró que el negocio es rentable. No exime del pago de impuestos, simplemente busca garantizar que el diseño fiscal, que el propio Estado ofrece, se mantendrá.

Impacto

Resulta llamativo que muchas veces se concluya que la minería es un sector que le genera pérdidas al país. Una fuente de información confiable como es el balance cambiario del Banco Central indica que el sector fue superavitario en divisas durante todos los años y meses desde enero de 2003 hasta octubre de 2021, aportando un total de 53.813 millones de dólares netos, lo cual es un rasgo significativo para un país que se ve obligado a imponer numerosas restricciones por la falta crónica de divisas.

De similar forma, un informe del CEP XXI indica que durante 2017 y 2019, nueve empresas mineras se ubicaron entre las 500 de mayor facturación del país y que de cada 100 dólares que exportaron, 68 quedaron en el país para el pago de salarios, compras a proveedores nacionales e impuestos. 

Por otro lado, cualquier actividad tiene efectos multiplicadores. Otro estudio del mismo centro indica que, por cada peso generado por la minería metalífera y de litio, se generan otros 1,32 pesos adicionales a través de compras de bienes y servicios a la red de empresas proveedoras mineras, mayoritariamente PyMES, empleo generado e impuestos que van a las arcas del Estado. 

Asimismo, el cálculo de costo y beneficio no se reduce únicamente a los aspectos recaudatorios y se pueden medir también desde una óptica social. Es que la actividad minera no se encuentra en los núcleos urbanos tradicionales de Argentina, sino que se desarrolla en regiones alejadas como la Puna o la Estepa Patagónica. 

El país muestra una abultada deuda en materia de las oportunidades que brinda a sus ciudadanos que nacen lejos de sus grandes ciudades y la minería constituye una herramienta para su resolución, ofreciendo trabajo registrado y con salarios que son de los más elevados del país.

Finalmente, nos queda añadir que, sobre el hecho de subfacturación señalado, fue el propio Estado el que lo denunció, tomó medidas y fijó un precio testigo de exportación. A partir de eso, se debe dar paso a la Justicia para que actúe de la forma que corresponda.

En conclusión, no sólo no estamos regalando el litio, sino que la mayoría del valor que éste genera se queda en el país y multiplica sus efectos a nivel local. Sin dudas que esto no significa que la minería no sea una actividad perfectible en muchas de sus dimensiones. Pero los debates que permiten mejorar la minería deben realizarse desde el conocimiento científico y discutiendo argumentos fundados.

*Adriana González Frau (Politóloga), Bernardo Parizek (Biólogo), Carolina Mazzieri (Geóloga), Cristina Lucas (Abogada), Darío Arias (Abogado), Eddy Lavandaio (Geólogo), Eduardo Rossello (Geólogo), Gonzalo Castañeda (Abogado), Jorge Orellano (Ing. de Minas), Jorge Zavatti (Lic. Química), Juan Rodrigo Walsh (Abogado), Liliana Castro (Geóloga), Luis López (Geólogo), Marcelo Bellini (Ing. de Minas), Raúl Javier Rodríguez (Abogado), Ricardo Alonso (Geólogo), Rinaldo Herrera (Ing. de Minas), Roberto Lencina (Geólogo), Roberto Sarudiansky (Geólogo), Rubén Zárate (Politólogo), Tay Such (Geóloga), Viviana Santinón (Contadora y Lic. en Administración).