JORGE LAPEÑA*

La Argentina transita en el siglo XXI una crisis energética de larga duración. El país exhibe una dificultad crónica para organizar y gestionar el abastecimiento con sus propios recursos y a precios competitivos. Las inversiones necesarias para abastecer un mercado en expansión no se concretan y ello redunda en baja calidad de las prestaciones e importaciones crecientes.

La Argentina fue un país con abundantes y diversificados recursos energéticos y alcanzó autoabastecimiento desde fines de los años 80. Sin embargo, en 2011 se convirtió en un país dependiente, debiendo recurrir a compras masivas de gas de Bolivia, y de GNL por los puertos de Escobar y Bahía Blanca.

El país tiene 5 trabas que le impiden un desarrollo energético racional y sostenido: 1) una economía energética perturbada en forma crónica por congelamientos tarifarios de raíz política, 2) la utilización exorbitante y discrecional de subsidios energéticos sin financiamiento genuino, 3) el incumplimiento de las leyes de marcos regulatorios vigentes, 4) la intervención sin plazo de los Entes Reguladores nacionales que deben hacer cumplir las leyes y 5) una macroeconomía de alto riesgo y altísima inflación. Sin encarar la remoción simultánea y efectiva de estos problemas no hay futuro con la energía.

En Energía, la Argentina tiene fortalezas y debilidades. Pero sin organizar las fortalezas y sin eliminar las debilidades con racionalidad ahora, tampoco habrá futuro.

Fortalezas: los promisorios desarrollos de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta en la última década, única cuenca petrolera en expansión que aporta el 44% del petróleo y el 53% del gas producido. Constituyen fortalezas la producción y exportación de biodiesel y la disponibilidad de una dotación de recursos energéticos primarios todavía no aprovechados -hidráulicos, eólicos, solares y mineros- que son la base de la transición.

Debilidades: Una economía nacional en crisis severa, además de otras falencias sectoriales específicas: a) todas las cuencas productoras petróleo y gas convencional están en declinación; b) no hay exploración petrolera desde hace más de 20 años; c) existe un déficit de inversión del sector privado en la ampliación del transporte de gas natural y de energía eléctrica; d) déficit en las inversiones privadas en la ampliación de la generación eléctrica; e) enormes atrasos en la ejecución obras de generación encaradas por el Estado; y f) muy alto nivel de indisponibilidad por falta de mantenimiento y otras causas en el parque de generación eléctrico, que pone en peligro el abastecimiento de la demanda en los días críticos.

Confusión de roles

El Estado nacional es burocrático, lento y muchas veces irracional en la toma de decisiones. La “mala política” ha sido el origen y causa de decisiones estatales que fueron impulsadas con finalidades que nada tienen que ver con el bien común, sino con objetivos políticos electorales particulares de quienes las impulsan.

En este contexto de falla institucional sistémica del Estado, de los gobiernos y de la política se acentuó una influencia creciente del corporativismo sectorial, que aprovechando el vacío institucional impulsó decisiones gubernamentales de dudosa utilidad general, que solo benefician a unos pocos y dejando de lado el interés general.

La confusión de roles entre Estado y Gobierno se manifiesta en la mala ejecución de obras públicas. Los malos ejemplos abundan: la pésima ejecución del gasoducto inconcluso del Noreste (GNEA), la compra sin justificación de las Centrales Nucleares chinas, los enormes atrasos de la ejecución de las hidroeléctricas del río Santa Cruz, sin que todavía se haya definido el sistema de transmisión de extra alta tensión para el transporte de la energía. La inexplicable construcción de la central carbonera de Río Turbio.

Asambleas de mineros durante medidas de fuerza realizadas en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

A esas irracionalidades deberíamos agregar la inexplicable venta y extranjerización de YPF, con la transferencia al grupo Repsol, la venta espuria impulsada por el gobierno del 25 % de YPF al grupo Esquenazi; el abandono de la exploración de hidrocarburos en las cuencas nacionales y provinciales.

El epítome de esta confusión de roles es que ninguno de los gobiernos de este siglo fue capaz de presentar a la sociedad, al mundo y a los inversores un plan energético de largo plazo viable y creíble, elaborado por el Estado argentino.

Política para la transición energética

La Argentina requiere de una nueva política energética, implementada dentro de un espacio de decisiones racional, incorruptible y viable que hoy no existe. Es condición sine qua non que un Estado tome la centralidad que le corresponde en la defensa del bien común.

La nueva política debería plasmarse en un plan energético con aprobación parlamentaria. Ese Plan debería contener las metas y objetivos acordados por el país con la comunidad internacional con respecto al cambio climático, y el programa de inversiones básicas requeridas para alcanzar esos objetivos. Ese plan debería ser explicado y comprendido por los inversores argentinos y extranjeros.

La Argentina debe tener como objetivo de primera prioridad abastecer la demanda interna de combustibles con lo producido en nuestros yacimientos nacionales y, también, colocar excedentes de nuestros productos energéticos en el mundo. Mientras haya demanda debemos exportar petróleo, gas y biocombustibles certificados producidos en forma competitiva. Pero, al mismo tiempo, deberemos gravar con impuestos el consumo de combustibles carbonosos que deberán ser desalojados de nuestra matriz.

Hoy la prioridad es abastecer nuestro parque de 15 millones de vehículos que consumen hidrocarburos y, también, nuestra demanda eléctrica con seguridad, mejorando la calidad de la prestación actual.

Instalación de la central de MSU en General Rojo, Buenos Aires, una apuesta para superar la crisis energéticaMinisterio de Energía

Esfuerzo de inversión

Pero la realidad energética de hoy -basada en las energías carbonosas- se debe transformar con nuestras decisiones en el futuro. Los vehículos eléctricos, y otras soluciones de movilidad no carbonosas adecuadas, deben reemplazar a los actuales. Ello requiere una gran inversión pública y privada que transformará de raíz nuestro sistema energético.

La introducción paulatina de los vehículos eléctricos debe ser precedida por el reemplazo de la generación térmica – hoy mayoritaria- por energías limpias sin emisiones GEI. Para ello se debe implementar una eficaz política de impuestos y subsidios que alienten esa transformación en los próximos años. No hay lugar en la energía de la Argentina del futuro para los negacionistas del cambio climático.

La Argentina está en las vísperas de un enorme esfuerzo de inversión en las próximas dos décadas y ello requiere contar con el protagonismo central de la inversión privada; y el complemento de una inversión pública eficaz y eficiente en un marco de racionalidad y de honestidad.

Es fundamental que un MERCOSUR renovado logre acuerdos para fijar una política energética regional con denominadores comunes entre los cuales no puede estar ausente un criterio unificado de los países que lo conforman en los siguientes temas: control de desmonte de bosques nativos; producción y exportación de biocombustibles certificados; y fijación de impuestos al carbono comunes en los países de la región

*Presidente del IAE Gral. Mosconi y ex secretario de Energía de la Nación.