CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS *

La minería es la principal fuente de los recursos con los que cuenta el Estado para invertir en el desarrollo. Es verdad que no ha sido fácil la relación de esta con sus entornos locales desde hace varios años. Pero al menos los sucesivos gobiernos intentaban promover escenarios de diálogo y, cuando este se tornaba imposible, hacer uso de la fuerza legítima del Estado.

Con Castillo, la opción de invertir en minería en el Perú está en su punto más bajo. Ello, pese a la petulancia con la que, al inicio de este malhadado gobierno, Guido Bellido y Mirtha Vázquez decían tener las claves para solucionar los conflictos sociales y expresaban que nadie los había podido manejar adecuadamente en el pasado. A la luz de los acontecimientos, el resultado de tanta sabiduría ha sido un completo desastre.

Las más afectadas, las empresas que se encuentran en el corredor minero del sur, en el que los problemas son constantes. Se trata de una vía que a la primera de bastos es bloqueada sabiendo que no va a haber ningún tipo de consecuencias. El lunes le tocó a Espinar entrar en “huelga indefinida”, pero en realidad bloquear la referida carretera por su ubicación afecta a todas las minas de ese corredor; a saber, el 30% de la producción de cobre del país.

Hace unos días y ante la total indiferencia del Gobierno, en otra mina importante (Inmaculada, en Ayacucho), una turba ingresó violentamente, quemó instalaciones y atacó a los trabajadores.

Igual que en el corredor minero, en el que abogados inescrupulosos aseguran a las comunidades que pueden sacar mucho dinero si ellos los asesoran; por supuesto, cobrando un porcentaje importante de lo que se consiga vía el chantaje. En este caso, denuncia la minera, el abogado Guillermo Castañeda opera con la misma lógica.

La incompetencia del Gobierno pasa factura también al muy importante sector turismo, uno que después de haber sido casi demolido por el COVID-19 ahora lucha por recuperarse.

Para ello, no ayuda nada que 150 turistas nacionales y extranjeros fueran la semana pasada secuestrados por nativos en el río Marañón para llamar la atención al Gobierno sobre problemas de derrames del oleoducto norperuano. Más allá de que es ampliamente conocido que en la mayoría de los casos no son derrames accidentales, sino sabotajes, estamos ante otro conflicto social en el que no han podido avanzar un ápice en 15 meses.

¿Se imaginan el susto de las personas secuestradas en medio de la selva? ¿Los extranjeros recomendarán venir al Perú después de lo vivido?

Peor todavía, casi todos los meses hay un problema que frena por varios días el acceso a Machu Picchu, la joya de la corona del turismo peruano. Esta última semana impidieron, además, el acceso a Sacsayhuamán, Quenqo, Pisac, Pucapucará Tambomachay, Chinchero, Moray y Ollantaytambo. Es decir, dejaron tirando cintura a los 4.500 turistas que llegan diariamente al Cusco desde múltiples lugares del mundo.

De nuevo, quien viene desde lejos para conocer el Cusco y se tiene que regresar sin conseguirlo, bien difícil que recomiende al Perú como un buen destino turístico. “Mejor no vayas. Todo muy bonito –les dirán a sus amigos–, pero nadie te garantiza que podrás disfrutarlo”.

Los actuales gobernantes actúan con la frivolidad de quien cree que el Perú es el único destino posible.

Un tema adicional que remeció la semana pasada la economía fue el de las consecuencias de la millonaria inversión en la renovación de la refinería de Talara. Ha costado casi US$6.000 millones, una fortuna que bien podría haberse dedicado a la atención de las necesidades de los más pobres.

Los militares de los años 70 del siglo pasado pensaban que tener una refinería estatal era un tema de seguridad nacional. Es decir, en un hipotético conflicto bélico, querían asegurarse de no depender de la provisión de petróleo de terceros. Esa es una visión obsoleta de la seguridad nacional ya que, en la casi inexistente posibilidad de un conflicto de esa naturaleza, lo primero que harían es bombardear la refinería inutilizándola en cinco minutos.

No solo se ha gastado una fortuna, sino que Petro-Perú está quebrado y se le ha inyectado US$2.250 millones que pertenecen a todos los peruanos para tratar de resucitarla, un monto que, a decir de muchos, va a fondo perdido.

Finalmente, un comentario sobre la marcha del 5 de noviembre en Lima y con réplicas de menor intensidad en el resto del país. Creo que son expresión de un momento diferente en la actitud de los ciudadanos respecto de su participación activa en la crisis política. Algo así no ocurría desde el 5 de abril, aquel día en el que un gobierno cobarde entró en pánico de que pudiera haber manifestaciones en su contra y nos encerró a todos en nuestras casas, provocando el efecto contrario. Ojalá que esta no sea flor de un día y entendamos que es mucho más probable salir del destructivo entrampamiento político en el que estamos si hay una ciudadanía movilizada.

* Analista político y experto en temas de seguridad. Ex ministro del Interior del Perú