MARCIAL GARCÍA *

La seguidilla de conflictos sociales, los continuos bloqueos de carretera y la paralización de grandes operaciones (como la de Las Bambas que ha escalado hasta niveles inaceptables de violencia sin que el Estado imponga el principio de autoridad), han puesto contra las cuerdas a la minería. Una actividad que ya venía severamente golpeada por la actitud hostil que el gobierno del presidente Castillo le ha mostrado desde su primer día con sus amenazas de estatizaciones, anuncios de cierres unilaterales de minas e intentos de aumentar la carga tributaria minera con un sustento más ideológico que técnico. Todo esto en medio de la incertidumbre política que aqueja al país.

Esta penosa situación se ha visto reflejada en la última encuesta anual de competitividad minera recientemente publicada por el Instituto Fraser de Canadá, en la cual se recogen las opiniones de 290 compañías mineras de 84 jurisdicciones. En esta edición 2021, el Perú descendió 27 puestos, del 42° al 69°, en la categoría que analiza qué tan favorables son las políticas públicas para la inversión minera (ranking en el que hemos venido cayendo sostenidamente en los últimos años hasta ocupar uno de los últimos lugares). El asunto no podría ser más serio.

No solo se trata de un sondeo, sino de síntomas de lo que está ocurriendo en el país y, sobre todo, de lo mal que nos ven los inversores mineros en aspectos tales como estabilidad política, seguridad ciudadana, huelgas, seguridad jurídica, acuerdos con las comunidades, regulación medioambiental, laboral y tributaria, calidad de la infraestructura, entre otros, que son claves para esta industria.

La otra cara de la moneda ha sido el ranking del mismo Instituto Fraser que evalúa el potencial minero (es decir, los atributos geológicos). Sin llegar a compensar el marcado deterioro del ambiente de negocios y del aparato público que sufrimos desde que arrancó la gestión de Castillo, en esta medición escalamos 6 posiciones. Estábamos en el puesto 30° y ahora estamos en el 24°.

Así, en el ranking general que combina los dos índices del estudio del prestigioso ‘think-tank’ canadiense, caímos ocho peldaños, pasando de ocupar el puesto 34° en el 2020 a situarnos en el discreto puesto 42° en el 2021, un retroceso considerable si se toma en cuenta que en el 2018 estábamos en la ubicación 14°.

Los primeros lugares son ocupados por países desarrollados con una reconocida tradición minera como Australia, Canadá y Estados Unidos. A nivel latinoamericano, Ecuador encabeza por primera vez la clasificación (24°). También nos superan Colombia (29°), Chile (31°) y México (34°). Luego venimos nosotros (42°), seguidos de Brasil (51°), Guyana (69°) Bolivia (70°), Venezuela (76°), Panamá (78°) y al final de la lista aparece Nicaragua (80°).

Estos resultados son crudos, pero bastante claros. Estamos peor que nunca comparados con el resto del mundo. La pérdida de atractivo de la minería peruana no se explica por un cambio en la percepción de los inversionistas en lo que concierne a la riqueza de nuestro subsuelo, sino fundamentalmente por factores que dependen de las políticas gubernamentales. En buena cuenta, es el precio que estamos pagando por la inacción e incompetencia manifiesta de nuestras autoridades.

Este contraste entre el inmenso potencial geológico del país y la realidad de nuestro sistema de regulación minera, debería ser razón suficiente para que el Ejecutivo deje de lado la cantaleta de la asamblea constituyente y la demagogia para dedicarse a atender los múltiples y urgentes problemas de conflictividad social, exceso de regulación y tramitología que frenan el avance de la minería y desalientan nuevas inversiones. De no hacerlo, países como Ecuador o Colombia, que no necesariamente cuentan con mayores recursos minerales que nosotros, tendrán una ventaja al promover su cartera de proyectos.

No se puede dejar que “manden a la lona” a un sector que explica más del 60% de nuestras exportaciones, contribuye con cerca del 10% del PBI, significa para el Estado más del 16% de la recaudación fiscal y genera recursos económicos para las regiones a través de las transferencias por concepto de Canon, Regalías y Derechos de Vigencia, las cuales en el 2021 alcanzaron la cifra récord de S/ 6.632 millones, todo lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida del “pueblo”.

* Socio de Impuestos de EY Perú