NÉSTOR O. SCIBONA *

La Argentina podría ser actualmente un país exportador neto de petróleo y gas si no hubiera perdido tantas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas. Sobre todo, desde la confirmación en 2012 del enorme potencial de recursos no convencionales en el subsuelo de Vaca Muerta que, pese al aumento de la producción, aún no puede ser aprovechado a pleno debido a la insuficiente infraestructura de transporte. 

A tal punto que en cada temporada invernal debe recurrir a la importación de gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos para atender la mayor demanda de consumo y generación termoeléctrica, que este año –con volúmenes y precios internacionales mucho más altos– alcanzó niveles récord y agravó los desequilibrios macroeconómicos de arrastre.

Esta realidad no puede atribuirse a causas externas. La necesidad de una política de Estado racional y previsible para el sector fue sustituida por sucesivas políticas pendulares que, en el caso de los gobiernos kirchneristas, abundaron en populismo tarifario, intervencionismo estatal, precios subsidiados y divorciados de los internacionales.

El resultado se tradujo en déficits gemelos insostenibles (fiscal, por la explosión del gasto en subsidios y comercial energético, por el fuerte impacto negativo en las reservas del BCRA), que desembocaron en las crisis económicas de 2015 y 2022. Con la salvedad de que la actual no puede ser endosada desde ahora al gobierno siguiente, cualquiera sea su signo político.

De ahí que el desembarco de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía implicó un viraje por necesidad y urgencia. En una carrera contrarreloj, la prioridad inmediata es apurar la construcción de la primera etapa del nuevo gasoducto troncal desde Vaca Muerta (rebautizado “Presidente Néstor Kirchner”) para tenerlo operativo en el invierno de 2023, atender el pico de consumo y sustituir buena parte de las importaciones de GNL.

De lo contrario, en los cuatro o cinco meses previos a las elecciones se produciría un drenaje de divisas que deteriorará aún más las reservas del BCRA y las expectativas del mercado cambiario. Ya ocurrió este año y debió ser contrarrestado en septiembre con el conejo de la galera del “dólar soja”.

Este tramo de 563 kilómetros, entre la localidad neuquina de Tratayén y la bonaerense de Salliqueló, ya tiene fecha de inauguración oficial para el 20 de junio de 2023 (justo en el final del otoño). Pero con los dedos cruzados, porque la previa fue una sucesión de obstáculos –en su mayoría políticos– que pusieron el cronograma al borde del precipicio.

En la primera mitad de este año la licitación de los tubos sin costura se demoró por las continuas disputas entre funcionarios de La Cámpora del área energética y el exministro Martín Guzmán; los cuestionamientos de Cristina Kirchner a la adjudicación a Techint por el desembolso de US$200 millones para la importación desde Brasil de la chapa de gran espesor (que no se produce en el país) para fabricarlos, y el relevo del ministro Matías Kulfas, luego de criticar a CFK y proponer la compra a una empresa laminadora santafesina que admitió no estar en condiciones técnicas de producirlos.

También se atrasó la licitación de la obra civil, ya que el ala kirchnerista pretendía sumar a la empresa constructora de Cristóbal López, que finalmente fue excluida por carecer de antecedentes técnicos. Y en septiembre surgió el problema de las válvulas –sin las cuales no se puede tender la cañería–, porque se licitaron 140, sólo 30 fueron adjudicadas y se declararon inadmisibles las presentaciones de 6 de los 8 oferentes. Por eso Enarsa está negociando ahora la compra de las válvulas más grandes (de bloqueo) a un fabricante estadounidense y para el resto habría cerrado un acuerdo con otro proveedor global.

Para tratar de recuperar ese tiempo perdido, Massa apeló al pragmatismo. Ya había creado en agosto una mesa de trabajo para que equipos técnicos oficiales y de las empresas productoras de hidrocarburos se reúnan semanalmente. También acaba de reglamentar un “canal verde” para facilitar, con menos requisitos aduaneros, la importación de materiales críticos destinados al GPNK y a incrementar la producción de gas para llenar su capacidad de 11 millones de metros cúbicos.

Por eso puso en marcha además la extensión del Plan Gas 4 para llegar con los contratos al invierno de 2023 y prever en las subastas un precio más alto para 2024. En paralelo, se estudia el Plan 5 con subastas a más largo plazo –diciembre de 2024 hasta 2028– y la opción de modificar el precio cotizado (actualmente a un promedio de US$3,70 por MBTU, la unidad de medida) que, en caso de descuento, otorgará cupos para exportar a valor más alto.

Aun así, quedan problemas pendientes de solución. Uno es el conflicto con grupos mapuches que, principalmente en la cabecera de Neuquén (a diferencia de los que en Río Negro atacan propiedades privadas y o usurpan tierras fiscales), exigen a las petroleras el pago de “peajes” para liberar la traza.

Otro, el financiamiento del gasoducto. El DNU que otorgó la concesión a Enarsa por 35 años crea un fideicomiso (Fondesgas) a cargo del BICE, integrado por el 25% de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas (equivalente a US$500 millones) y un monto similar por asignaciones presupuestarias de 2021 y 2022. 

Pero en ambos casos son en pesos y el componente importado enfrenta la escasez de divisas del BCRA. Cuando presentó el presupuesto 2023 en el Congreso, el ministro anticipó la gestión de una línea de crédito del Bndes brasileño para la importación de chapa y tubos, otra de la CAF y la colocación de bonos del Tesoro en dólares con garantía del BID.

De todos modos, el proyecto presupuestario incluye un plan B para importar mayores volúmenes de gasoil y destinarlos a la generación de electricidad, si la sequía sigue afectando a las centrales hidráulicas del Litoral. 

Así lo indicó al diario Río Negro el especialista Julián Rojo, del Instituto General Mosconi, al explicar que un artículo prevé la importación de 3,8 millones de metros cúbicos el año próximo, 90% más que en los ocho primeros meses de 2022 (1,99 millones) y 52% más que el volumen ampliado para este año (2,5 millones). También advirtió que no es seguro contar en 2023 con un buque regasificador de GNL en el puerto de Bahía Blanca. 

El que operó tres meses hasta fin de agosto (Exemplar), de la compañía estadounidense Excelerate Energy, ya se encuentra en Finlandia con un contrato a 10 años, en un mercado donde las restricciones impuestas por Rusia a Europa hacen que la demanda por este tipo de buques ya supere ampliamente a la oferta.

El giro de Massa hacia el realismo y la concentración de las decisiones en el área energética (a diferencia de Guzmán que había quedado atrapado en las internas paralizantes con La Cámpora), también lo llevó a reunirse con los CEO’s de las principales petroleras estadounidenses en Houston, donde habló de aumentar las exportaciones argentinas de petróleo y gas. Sin embargo, con suerte, los resultados no se verán hasta 2024/2025.

Por lo pronto, se está rehabilitando la infraestructura para exportar gas y petróleo a Chile, paralizada durante la gestión de Néstor Kirchner (gasoducto y oleoducto trasandino) y se prorrogó por 10 años la concesión del Oleoducto del Valle (Odelval, integrada por YPF y petroleras privadas) para duplicar la capacidad de transporte de crudo hasta el puerto de Bahía Blanca.

También deberá completarse la segunda etapa del GPNK entre Salliqueló y San Jerónimo (Santa Fe) para transportar 39 millones de metros cúbicos en 2024 y exportar a Brasil. Con mayor producción en Vaca Muerta, recién entonces se podrá encarar la exportación de GNL a mercados externos, para lo cual existen tres proyectos para instalar plantas de licuefacción.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional