NÉSTOR O. SCIBONA *

La escalada de precios internacionales del gas y del petróleo desde el inicio de la guerra de Putin contra Ucrania, encuentra a la Argentina con las defensas bajas, reservas en dólares al límite y un Estado más impuntual que presente: siempre llega tarde y mal cuando más se lo necesita. Ya ocurrió con las vacunas en plena pandemia; los incendios de campos en Corrientes y el acuerdo con el FMI, por citar sólo los casos más cercanos.

El sector energético también está padeciendo el alto costo de las políticas pendulares aplicadas en las últimas tres décadas y que muestran una decepcionante paradoja. Si bien hace exactamente 10 años se confirmó el potencial de Vaca Muerta como segundo reservorio del mundo en recursos gasíferos no convencionales, todavía el país debe importar gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos para atender la mayor demanda de cada temporada invernal. El motivo es la saturación de la capacidad de transporte de los tres gasoductos troncales que desde la cuenca neuquina abastecen el consumo residencial e industrial y la generación térmica de electricidad (subsidiados en ambos casos), debido a la ausencia de ampliaciones significativas en lo que va del siglo XXI.

De ahí que una mayor producción de gas natural no convencional permite aumentar la oferta e incluso generar saldos exportables en los meses de verano, pero impide reducir las crónicas importaciones en otoño-invierno, que este año –con volúmenes y precios mucho más altos– agravarán el déficit comercial energético de 2021. Una tormenta perfecta que incluye el “efecto Putin” sobre los contratos de precios a futuro (donde el GNL saltó de US$8 a 58 por MBTU, la unidad de medida, y el crudo de US$74 a 120 el barril), las menores entregas de gas de Bolivia (-25/30%) a raíz de la declinación de su producción y la merma de la generación hidroeléctrica provocada por la sequía en la cuenca del Paraná.

De hecho, ya se prevé para abril-mayo el regreso del buque regasificador de GNL al puerto de Bahía Blanca, que el año último procesó 56 embarques a un precio promedio de 8 dólares por MBTU y para 2022 se estiman entre 70 y 75 cargamentos, a un costo todavía incierto mientras no concluya la guerra en Ucrania. En enero, antes de la invasión rusa, se realizó una importación piloto a un precio de US$27 que alarmó a las autoridades del área económica.

Para sustituir importaciones de GNL, gasoil y fueloil, que en 2021 sumaron US$3000 millones y podrían triplicarse este año, el gobierno de Alberto Fernández dispuso contrarreloj la licitación –a fines de marzo– de la primera etapa del gasoducto Vaca Muerta, entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (provincia de Buenos Aires), que prevé tener operativo para el invierno de 2023 tras una inversión de US$1566 millones. Sin embargo, entre los especialistas privados hay serias dudas de que ese plazo pueda ser cumplido por una combinación de razones técnicas y también políticas.

Aunque el Gobierno la presentó como una decisión estratégica para poner en valor el potencial de Vaca Muerta (VM), la necesidad de un nuevo gasoducto troncal fue evidente años antes de la imprevista invasión de Rusia a Ucrania. En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, había licitado el mismo tramo con una nueva operadora privada que iba a denominarse Transportadora de Gas del Centro (TGC) con un contrato en dólares y puesta en marcha en junio de 2021.Hasta que la crisis cambiaria posPASO frenó la iniciativa, que fue derogada en diciembre de 2020.

Ese año se puso en marcha el Plan Gas.Ar que, si bien permitió incrementar la producción de VM, queda desacoplado en no menos de tres años con la infraestructura de transporte, pese a que el actual secretario de Energía, Darío Martínez, los consideró “partes inseparables de la misma política de Estado”.

CONTRADICTORIO HOMENAJE
Ahora el gasoducto fue rebautizado “Presidente Néstor Kirchner”. Un contradictorio homenaje, si se considera que el fallecido exmandatario suspendió unilateralmente los contratos de exportación –vía gasoductos– a Chile, Brasil y Uruguay, tras la caída de producción que, combinada con el aumento de la demanda subsidiada, desembocó en la pérdida del autoabastecimiento gasífero y la creciente importación de GNL.

A través de un DNU, Alberto Fernández acaba de otorgar la concesión por 35 años a IEASA (ex Enarsa), presidida desde hace un año por Agustín Gerez, abogado con posgrado en derecho de petróleo y gas, oriundo de Santa Cruz y exinvestigador de OETC, un observatorio que reivindica una mayor presencia del Estado en el sector energético. Para más datos, a cargo de la redacción del pliego y ejecución de la obra quedó Antonio Pronzato (exinterventor del Enargas en el período 2005/2015 y asesor de Julio de Vido en su época de diputado), quien en 2004 había comandado la construcción del gasoducto del Noreste (GNEA), que debía haber concluido en 2006 y aún no fue completado. Además, las tarifas de transporte del GPNK serán fijadas por el Enargas, otro reducto kirchnerista intervenido desde fin de 2019.

Paralelamente, dos artículos del mismo DNU establecen que YPF tendrá prioridad en la contratación de capacidad de transporte que IEASA está facultada a celebrar con productores a cambio del prepago total o parcial del servicio. Y también que podrá cederle parcial o totalmente la titularidad de la concesión de transporte según los términos de la ley de Hidrocarburos (17.319) de 1967, previa autorización de la Secretaría de Energía. Si esta cesión fuera superior a 50%, violaría las restricciones de integración vertical establecidas por la posterior ley del Gas, por las cuales un productor no puede controlar a un transportista. Máxime cuando YPF tiene 49% de accionistas privados, que se beneficiarían indirectamente en detrimento de otras compañías.

La configuración jurídico-política de este proyecto, tan necesario para sustituir importaciones como demorado en su ejecución, alimenta resquemores entre las petroleras privadas. Sobre todo, porque IEASA, Enarsa e YPF están en manos del ala kirchnerista del Frente de Todos, que acaba de votar en contra del acuerdo con el FMI, lo cual no constituye precisamente una garantía de previsibilidad para aumentar inversiones.

A esto se suma que tampoco está claro el financiamiento. Si bien el DNU crea un fideicomiso (Fondesgas) a cargo del BICE (Banco de Inversiones y Comercio Exterior), inicialmente estará integrado por el 25% de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas (equivalente a US$500 millones) y un monto similar por asignaciones presupuestarias de 2021 y 2022. Pero en ambos casos son en pesos y enfrentan la actual escasez de divisas para el componente importado. En este caso, IEASA podrá sumar créditos por swaps de exportación.

Pero si la disponibilidad de divisas no alcanza para pagar las importaciones de GNL y combustibles del otoño-invierno de 2022, los especialistas no descartan menores compras combinadas con cortes de gas a grandes usuarios industriales y hasta de GNC.

Lo que sí está claro es que “habrá que pasar el invierno” con los desembolsos trimestrales del FMI para pagar los vencimientos refinanciados. En la balanza comercial, el encarecimiento de las importaciones energéticas difícilmente pueda ser compensado por la mejora de precios internacionales de las commodities agrícolas. Un informe de la Fundación Mediterránea calculó esta semana que en 2022 las exportaciones agroindustriales podrían agregar US$4000 millones (pese a la sequía), pero el déficit energético ascendería a 6400 millones, con lo cual se reduciría en 2400 millones el ingreso de dólares al país.

El gasoducto PNK incluye un segundo tramo entre Salliqueló y San Jerónimo (Santa Fe), para empalmar con los gasoductos que en el futuro permitirían exportar gas natural. Pero, al igual que un nuevo acuerdo con el Fondo, será una tarea que también quedará para el próximo gobierno.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional