NÉSTOR O. SCIBONA *

Una jauría de 50 motoqueros perpetró hace una semana un asalto nocturno tipo “piraña” en una estación de servicio de Bernal. Robaron combustible y dinero en efectivo, la policía no llegó a actuar y ningún funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense se hizo presente. El titular de la federación bonaerense de expendedores pidió una audiencia con Sergio Berni para plantearle que el sector está desprotegido y evalúa dejar de atender después de la caída del sol.

No pasa una mañana sin que la mayoría de los noticieros de televisión muestren imágenes de cámaras de seguridad con robos a mano armada de celulares, autos, motos o la recaudación de pequeños comercios, principalmente en el conurbano bonaerense. Las víctimas suelen consolarse con no haber recibido un balazo mortal, como ocurrió en varios casos. Y si excepcionalmente algún delincuente fuera apresado, queda libre a las pocas horas.

Pese a su crecimiento y gravedad, estos dramas cotidianos no pueden compararse con los que ocurren en Rosario, donde en los primeros ocho meses del año hubo 202 asesinatos vinculados con el narcotráfico, cuyos jefes siguen manejando el negocio desde la cárcel mientras se dedican a amedrentar a fiscales y jueces no corruptos.

La desprotección de los ciudadanos frente la inseguridad pasó a ser un problema crónico que, por repetición, tiende a naturalizarse como tantos otros que no se pueden –o no se quieren- resolver. Hace diez años, el kirchnerismo hizo su aporte para minimizarlo cuando el actual ministro de Seguridad lo redujo a una “sensación”. Una táctica insólita para dejarlo fuera de la agenda oficial, como también ocurrió con la inflación y la pobreza que por entonces no podía atribuir a Mauricio Macri.

Ahora esa táctica giró 180 grados desde que Cristina Kirchner, sin advertirlo, quedó a centímetros de una pistola disparada sin que saliera la bala que podría haber acabado con su vida. Por cierto, no se trató de un asalto sino de un ataque que debe ser repudiado, investigado y condenado. Pero antes de que la sociedad saliera de su estupor, el oficialismo lo maximizó inmediatamente para capitalizar su impacto político.

La vicepresidenta fue presentada como víctima exclusiva de la violencia (política), pese a contar con un batallón de custodios de la Policía Federal que no actuaron profesionalmente, a tal punto que el agresor debió ser reducido por los militantes que la rodeaban. En la misma línea, el feriado nacional decretado sorpresivamente para facilitar al día siguiente la masiva movilización “en defensa de la democracia” resultó una sobreactuación que ensanchó la grieta, dividió a la sociedad y acentuó las sospechas de manipulación política a favor del oficialismo de cara a las elecciones de 2023.

No todos pueden concordar con que el fallido intento de magnicidio haya sido atribuido arbitrariamente a los “discursos del odio” de la oposición, la Justicia y los medios -como si fueran unilaterales y las agresiones verbales no fueran violencia. Tampoco con y que el pedido de prisión de CFK en el juicio por corrupción en Vialidad fuera un factor de alteración de la “paz social” por lo cual debería ser suspendido para preservarla, aunque cualquier sentencia difícilmente quede firme antes de 2027/2030, según estima el politólogo Rosendo Fraga.

Todo esto ocurrió sin que hasta ahora se sepa si se trató de la acción aislada de un desequilibrado mental o parte de un complot organizado. Y sin que la propia Vicepresidenta haya pronunciado en público una sola palabra sobre el ataque.

Su sugestivo silencio –que suele ser preludio de apuestas políticas redobladas- fue cubierto por una serie de movimientos contradictorios y provocadores, que abarcan el proselitismo militante de los medios oficiales (TV Pública y Télam); el polémico folleto sobre el “odio” en las escuelas secundarias bonaerenses y la afirmación de que con el feriado no se perdieron horas de clase. También la reaparición de Mario Firmenich. Que apoyó a CFK y reivindicó a Montoneros uniéndolos como proscriptos y el llamado al diálogo con la oposición después de haberla acusado de todos los males. En realidad, se trata de atentados contra el sentido común.

Esta ensalada muestra los desvaríos de un kirchnerismo alejado de la realidad y encerrado en una ideología populista que cuenta con menos de un tercio de apoyo electoral. Si bien Cristina fue elegida democráticamente, su concepto republicano sigue aferrado al modelo santacruceño. Otro tanto ocurre con el culto a la personalidad, como lo demuestra el lema para el acto de hoy del PJ en Parque Lezama (“Cristina nos cuida. Cuidemos a Cristina”).

Aunque el prematuro “operativo clamor” todavía está por verse, la convulsión política de estos días le permitió al Gobierno desviar la atención de los problemas económicos y sociales, que también han sido naturalizados,

La inflación desapareció de la agenda oficial, aunque las alzas superiores a 6% mensual de agosto y septiembre impliquen subas anualizadas de tres dígitos. La única excepción fue un comunicado conjunto del Banco Nación, la AFIP y la Secretaría de Comercio que resulta antológico. No sólo anuncia un trabajo con distintas herramientas fiscales para profundizar el ordenamiento de precios, sin explicar cuáles, aunque señala que “permitirán contener los precios de toda la cadena productiva, sobre todo aquellos que afectan a los sectores de menores recursos económicos”. También promete “elaborar acciones conjuntas orientadas a profundizar la reactivación económica”, sin otro detalle.

Si el objetivo es estimular la actividad económica, que se está desacelerando con el cepo a los pagos de importaciones que acaba de ser prorrogado hasta fin de año y la suba de tasas de interés para restar demanda al dólar, el feriado del viernes 2 fue en sentido contrario.

Un cálculo de trazo grueso, basado en el PBI de 2022, muestra que un día sin actividad implica una pérdida de valor agregado de producción equivalente a $233.000 millones (US$1700 millones al tipo de cambio oficial). Esta cifra supera a la liquidación de exportaciones alcanzada esta semana con la “promo” del dólar soja a $200, vigente sólo hasta fin de mes.

Salvando las distancias, el efecto de este estímulo transitorio en los ingresos de los productores frente al atraso cambiario se asemeja a la mejora por un mes que significó en julio el medio aguinaldo de 50% para los trabajadores registrados, cuyos salarios reales vienen retrocediendo frente a la alta inflación. Y en menor medida, para las jubilaciones mínimas con el bono de suma fija de $7000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre. De ahí que la propaganda oficial de la Anses afirme que ningún jubilado cobra ahora menos de $50.000 mensuales. Luego este monto baja en diciembre a $43.000, sobre el cual se empalmará el ajuste automático por movilidad y el medio aguinaldo.

Nada de esto se aplica al heterogéneo universo de monotributistas y, principalmente, de trabajadores informales; otro problema que se ha naturalizado ante la ausencia de políticas no voluntaristas para promover el empleo y reducir los costos laborales.

Una prueba es que cada mañana, mercaderías de contrabando o con marcas falsificadas tapizan las veredas porteñas de avenidas, calles y estaciones ferroviarias de mayor circulación. Su venta ilegal compite con comerciantes que pagan sueldos, luz, impuestos y alquileres. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) contabilizó en julio 717 puestos ilegales en el relevamiento mensual que realiza desde hace años sobre este formato de economía en negro a plena luz del día. Los “manteros” son sólo la cara visible – y mano de obra esclava- de organizaciones mafiosas cuyos productos rara vez son decomisados, sin que haya noticias sobre la detención de sus cabezas.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional