CARLOS PAGNI

Un rasgo sobresaliente del populismo consiste en ignorar los desequilibrios que generan las decisiones para el mediano plazo. El futuro se sacrifica en el altar del presente. El kirchnerismo atravesó muchos años con esa despreocupación. Néstor Kirchner se lo dijo a un azorado Ramón Puerta, en un restaurante madrileño, en febrero de 2004: “Voy a gobernar sin pagar costos”. Esa fantasía ha llegado a su fin. La razón está a la vista: se acabó la plata.

Este final amargo acelera la crisis. Precipita las inconsistencias. Es imposible desentenderse de lo que vendrá. Con la inflación arañando los tres dígitos y el Banco Central carente de reservas, el futuro es esta noche. Llegó, por lo tanto, la hora del ajuste. El Frente de Todos navega en un mar de contradicciones entre lo que hace y lo que siempre ha predicado. El desafió de gestión más importante es la gestión de la incoherencia, que trata de resolverse con una espesa capa de impostura.

La relación con el sindicalismo es uno de los escenarios en los que se expresa este conflicto. La CGT realizó este miércoles una manifestación deshilachada. Sus dirigentes no quieren enfrentar a Sergio Massa. Las alternativas que pueden sobrevenir a su fracaso, una radicalización de Cristina Kirchner o un avance de Juntos por el Cambio, son dos pesadillas. Uno de los sindicalistas que caminó ayer hacia el Congreso lo expresó de esta manera: “Estamos subidos al Tren de la Costa. Nuestro único destino es Tigre”. Sin embargo, no pueden callar frente al deterioro salarial que produce la inflación.

Por eso, apáticos y dispersos, buscaron ayer recuperar algún protagonismo. No fue fácil. Las columnas partieron de lugares distintos para evitar identificaciones enojosas entre sectores. Los camioneros casi no movieron gente. El frío y la llovizna no ayudaban. Igual hubo lugar para el humor: “Ni siquiera ‘Cloro’ movilizó a sus muchachos de CyE”. El chistoso, que caminaba por Avenida de Mayo cubriéndose del viento con una pancarta, se refería a José Luis Lingeri y la empresa constructora que le atribuyen en el ambiente sindical. La compañía cobró notoriedad cuando se supo que realizó trabajos en la estancia La Vanguardia, de Daniel Guerra. Es la propiedad que en San Andrés de Giles denominan “lo de Massa”. CyE disfruta de contratos ventajosísimos en AySA, la empresa que dirige Malena Galmarini. Además de estar siempre cerca al espionaje, Lingeri sería constructor. Casi un Leonardo Da Vinci.

Este miércoles quedó al desnudo un gremialismo invertebrado. Ni siquiera entre los Moyano hay armonía. Facundo defendió a Massa, a quien presentó como el hombre capaz de estabilizar la economía. Y defenestró a Alberto Fernández: “Cuando había inflación con Macri, el responsable era Macri. Pero ahora que hay inflación con Alberto, los responsables son los formadores de precios”. También apuntó contra Cristina Kirchner: “Yo a Alberto lo voté, pero no lo elegí. Alguien lo eligió”. Su hermano Pablo, en cambio, acusó por los problemas al sector privado. Propuso estatizar el mercado de granos. Una idea que hace juego con las diatribas del kirchnerismo sindical, encabezado por Walter Correa, contra los productores agropecuarios. Correa aspira a reemplazar en el Ministerio de Trabajo bonaerense a la académica Mara Ruiz Malec, quien ya fue destinada a la AFIP. Nadie en este universo, cercano a la vicepresidenta y a su hijo, pone cuidado en las urgencias de Massa, que necesita confraternizar con los chacareros para que liquiden sus granos y mejoren la oferta de dólares. El idilio de Massa con el campo es una bandera que se baja.

Los líderes de la CGT deben neutralizar una embestida de la señora de Kirchner. Durante una comida que se celebró la semana pasada, Massa les transmitió una exigencia de la vicepresidenta. Hay que suspender las paritarias hasta marzo y mejorar los ingresos de los trabajadores con dos bonos de 35.000 pesos, a pagar en noviembre y diciembre. El ministro de Economía no está convencido de esa receta. Pero no se anima a contradecir a la vicepresidenta. Ella supone que la suma fija de 70.000 pesos beneficia más, en términos relativos, a sus votantes, que suelen ser de menores ingresos. Y posterga a los de clase media y media alta, que, en teoría, votan a la oposición. Una variación inesperada en quien, cuando era presidenta, se ufanaba de haber respetado las paritarias libres. Otra bandera menos para defender.

La entrega de 70.000 pesos a todos los asalariados plantea muchas dificultades. La más evidente es que no todas las empresas pueden otorgarla. Además, nadie garantiza que, una vez pagado ese adicional, el sindicato no plantee otro tipo de reclamos. Algunos ya recompusieron el salario: Supeh, de Antonio Cassia, por ejemplo, obtuvo en YPF una mejora del 80% hasta marzo y un bono de 100.000 pesos.

Sin embargo, para los dirigentes el principal problema es corporativo: el método de la señora de Kirchner los priva del protagonismo de la negociación. En la base de esta discusión opera un conflicto entre ella y la CGT. Las ultimas escaramuzas ocurrieron hace poco. La vicepresidenta le pidió a Fernández que reemplace a su íntimo amigo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por Juan Manzur, quien a la vez sería sustituido por Jorge Capitanich. Era la opción menos sanguinaria. Moroni es respaldado por la CGT. Los Kirchner querrían ver en su lugar a Mariano Recalde o, mejor aún, a Gustavo Ciampa, otro laboralista ligado a La Cámpora. Con esa palanca, el kirchnerismo podría intervenir en la vida sindical alimentando la competencia de los caudillos que le resultan antipáticos.

La perspectiva de que, por el fracaso peronista, regrese al poder Juntos por el Cambio, es otra mortificación para los sindicalistas. Entre los planes que se preparan en esa coalición figura, inevitable, una reforma laboral. Se estudia modificar el sistema de obras sociales y la Ley de Contrato de Trabajo, reliquia que se sancionó en 1974.

Un experto que elabora ese programa, explicó lo que piensa Mauricio Macri: “Para él este cambio es esencial. Cree que el modelo sindical es incompatible con el desarrollo. Piensa que con los gremialistas hay que hacer lo que se hace con los caballos cuando tienen una lesión incurable: sacrificarlos con el menor sufrimiento posible”. La escena es casi cinematográfica. Macri sentado en su reposera de Olivos, explicando a su interlocutor: “Daer, tenés que entender que lo hago por tu bien”.

Advertidos del destino que les espera, los capitostes de la CGT pretenden curarse en salud. Federico West Ocampo, quien como sobrino del sagaz “Carlín” mueve los hilos del sindicato de Sanidad detrás de Daer, negocia con la UIA una reforma que preserve lo esencial para sus intereses: el convenio de trabajo centralizado y la afiliación obligatoria a las obras sociales.

Amenazadas las paritarias, el otro gran renunciamiento del populismo sin plata es el ajuste en el precio de los servicios públicos. En este terreno, Massa sigue la estrategia de Cristina Kirchner. Ella promovió en su momento a Alberto Fernández para no tener que dar malas noticias. Después alentó la designación de Massa.

Una versión más que fidedigna afirma que, cuando el Presidente se resistió a que el diputado desembarque como ministro, la vicepresidenta, fiel a su estilo, le contestó: “Alberto, yo no me olvido de que ese hijo de puta me quiso meter presa. Pero ahora lo necesitamos”. Para el tarifazo Massa siguió el mismo procedimiento. Escogió dos escudos humanos: su esposa, Malena, y la secretaria de Energía, Flavia Royón. Un tributo a la igualdad de género.

Los anuncios no podrían haber sido más desprolijos. Si se empieza por lo formal, los funcionarios que los realizaron todavía no estaban designados en sus cargos. El decreto que puso a Royón al frente de Energía recién se publicó ayer. Cuando ella informó sobre la supresión de los subsidios. el secretario seguía siendo Darío Martínez, quien antes de ponerse el saco y abandonar el escritorio firmó una resolución que reglamenta singulares beneficios fiscales para empresas con explotaciones off shore de gas en Tierra del Fuego. Esas prerrogativas habían sido dispuestas por el gobierno de Macri. Cero grieta. Los petroleros, es cierto, se cobran con esas exenciones impositivas una antigua deuda del Estado. Darío, te vamos a extrañar.

Además de la desprolijidad de que una decisión como el tarifazo sea expuesta por personas que todavía no figuraban en el organigrama del Estado, hubo otra desviación gravísima desde el punto de vista conceptual. Los ajustes para el agua los expuso Galmarini, que es la presidenta de una empresa prestadora del servicio. Que sea estatal o privada importa poco. El que debería haber divulgado la nueva política de precios es Walter Méndez, titular del ente regulador (ERAS). Pero Méndez tampoco da malas noticias.

La esposa de Massa que, contra lo que prescribe la ley, imprime su nombre en los carteles informativos de AySA, se quejó de que durante los últimos años los pobres solventaran a los ricos en el pago de los servicios sanitarios. Una autocrítica infrecuente. Para ilustrar esa afirmación, mostró las fotos de varios edificios en los que vive gente acomodada. Entre ellos, el Château Libertador. Por suerte no eligió su gemelo de Puerto Madero, donde los ricos que viven de los pobres son intendentes del conurbano, algún exgobernador convertido en diplomático, y sindicalistas ligados al Gobierno. Como en casi todo, también hay dos châteaux: el de “nosotros” y el de “ellos”.

Galmarini se mostró muy idónea en comparación con la secretaria Royón, quien ofreció algunos comentarios deliciosos. Por ejemplo, cuando confesó “yo soy de Salta, no sé cómo será acá”. O cuando mezcló la codificación T3, que corresponde a una categorización eléctrica, con cantidad de metros cúbicos, que es una unidad de medida del gas. Royón, de a poco, irá aprendiendo. Lo de ella es el litio.

Más allá de las cuestiones discursivas, que deberían ocupar a Antoní Gutiérrez-Rubí, el imprescindible gurú de Massa, lo relevante de los anuncios tiene que ver con lo energético. Los protofuncionarios cumplieron con la consigna oficial: que no quede clara la dimensión de los aumentos. Por suerte Sofía Diamante publicó un cálculo en LA NACION: consignó que, por ejemplo, para los usuarios de ingresos medios que consuman más de 400 kw/h el aumento de la luz llegará a 190%. En el caso del gas, los que no se anotaron para preservar el subsidio tendrán que pagar 85% más. Y en el del agua, los vecinos de clase media deberán absorber una suba de alrededor de 170%.

Debe reconocerse que el ajuste de Massa convierte a Martín Guzmán en un demagogo irresponsable. Aquí aparece el tamaño de la impostura, que está en relación directa con el miedo a un gran colapso macroeconómico: Cristina Kirchner hostigó a Guzmán hasta acorralarlo por aspirar a un aumento de tarifas que, promedio, no superaba el 45%.

Massa necesitaba concretar el ajuste en los servicios públicos para enfrentar, la semana que viene, a las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Espera convencerlas de que se reorganicen las metas del programa teniendo en cuenta el aumento del costo energético por la suba de los precios internacionales. En el Fondo quieren analizar si las importaciones argentinas, sobre todo las de gasoil, fueron razonables. El sueño de Massa es conseguir un desembolso de DEGs, la moneda del organismo, como compensación por los desajustes.

Para discutir esta agenda debe contratar, antes de la semana próxima, a algún macroeconomista que sepa hablar inglés. El prestigioso Ilan Goldfajn, responsable máximo de la relación con la Argentina, ya dejó filtrar su inquietud: “Espero saber con quién voy a dialogar”, se le atribuye haber dicho. Es evidente que no confía en tratar cuestiones técnicas con el ministro. El idioma, en su caso, no es problema. Habla perfecto castellano. Massa es monóglota. Por ahora Goldfajn dialoga con Leonardo Madcur, mientras Gabriel Rubinstein sigue esperando el indulto.

La angustia por conseguir un waiver del Fondo está alterando la política exterior. Allí quedan pocas banderas en alto. La última evidencia fue la celeridad con la que el ministro de Justicia, Martín Soria, y su segundo, Martín Mena, se allanaron a los pedidos de jueces y fiscales de los Estados Unidos para incautar el avión Boeing que la venezolana Emtrasur compró a la iraní Mahan Air. La sanción norteamericana se debe a que esa operación no fue aprobada por la Boeing, como obliga la ley. Soria es un ahijado de Massa, pero Mena obedece a la vicepresidenta y fue uno de los redactores del malhadado entendimiento con Irán por el ataque a la AMIA.

El giro kirchnerista desató la ira de los dictadores amigos, el venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega. Maduro llamó a Alberto Fernández “jalabolas del imperio”, sin que el embajador en Caracas, Oscar Laborde, desagraviara al Presidente. Su colega en Washington, Jorge Argüello, que está en Buenos Aires, celebra esas reacciones, que facilitan su trabajo para la visita de Massa. El ministro se verá con el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, convertido en su principal amigo en la capital de los Estados Unidos: tratará de sacarle 800 millones de dólares. Hace dos meses, Alberto Fernández pidió sin éxito la cabeza de Claver-Carone ante Joe Biden, por la leyenda de que trabajó para la reelección de Macri. El oficialismo se está convirtiendo en un outlet de banderas.

La crisis oficial disimula que también Juntos por el Cambio está resquebrajado por contradicciones que también exigen imposturas. En Córdoba cruje la coalición desde que los porteños Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti se fotografiaron con Juan Schiaretti, ayudándolo a que el peronismo retenga la provincia en los próximos comicios. Lousteau dijo que fue a aprender de Schiaretti para después gobernar la ciudad de Buenos Aires. Reaccionó Luis Juez, candidato a suceder a Schiaretti, diciendo que el encuentro había sido organizado por Guillermo Seita, “un paseador de perros”.

Juez califica así a ese consultor por tener clientes tan variados que van de Lousteau a Wado de Pedro, y de Omar Perotti a Horacio Rodríguez Larreta. Seita expuso a su amigo Schiaretti a algún inconveniente en las últimas horas, cuando su esposa, Ivonne Cikurel, publicó una foto de la pareja con el avión oficial de la provincia a sus espaldas. El retrato integra una serie en la que aparecen lindísimas fotos de todo un vuelo. En casa de herrero…: Seita vive de administrar imágenes.

La peripecia cordobesa es un episodio menor comparado con otra crisis opositora: la que desató la jueza federal Sandra Arroyo Salgado al denunciar, en Comunidad de Negocios, el programa de José del Río en LN+, las razones de su desplazamiento de una causa escandalosa. Es la investigación sobre las actividades del fiscal Claudio Scapolan y de una banda de policías bonaerenses en el tráfico de drogas. Scapolan ha contado con la protección de Massa y de su esposa. También se le atribuyen gestiones en su favor al binguero Daniel Angelici, eterno gestor judicial de Macri. Pero Arroyo apuntó contra el exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal Cristian Ritondo: dijo que un exasesor suyo, Marcelo D’Angelo, defensor de Scapolan, buscó con éxito sacarla de la causa.

Ritondo asegura que recién ahora se entera de que D’Angelo, con quien casi no tiene relación, era defensor de Scapolan. A la vez, D’Angelo alega que él no recusó a Arroyo. Y que tomó la defensa por recomendación del penalista Juan Pablo Vigliero, en su momento abogado de la jueza en la causa Nisman. Vigliero también es abogado de Silvia Majdalani, procesada por espionaje clandestino durante la gestión Macri. Es comprensible que Ritondo esté inquieto con la acusación de la jueza: es candidato a gobernador de la provincia.

Las afirmaciones de Arroyo produjeron un tembladeral en Juntos por el Cambio. Aparecieron en el momento en que Elisa Carrió habló de complicidades de Ritondo con Massa. Arroyo, además, es una figura familiar en esa coalición: en noviembre de 2015, integró la comitiva de quienes acompañaron a Macri en su debate presidencial con Daniel Scioli.