Tarifas: sabemos lo que hay que hacer, pero no nos animamos
FERNANDO MEITER*/INFOBAE
La definición de audiencia pública, según define el sitio de Presidencia de la Nación, “Es una posibilidad que tienen los ciudadanos para participar en las decisiones que deben tomar los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional”.
Pero no se dice en ningún párrafo que las audiencias deben terminar con una solución o por lo menos alguna propuesta de solución al problema que se discute, este no fue el caso.
El contexto político no es el mejor, el económico peor aún, según encuestas que maneja el gobierno, 45,6% de los consultados opinan que se deben mantener los subsidios a los servicios públicos y 41,9% que se deberían eliminar (otra vez la grieta) Suena lógico en términos de los resultados de las últimas elecciones.
Ahora bien, si se analiza el electorado que votó al Frente de Todos, 78% opina que se deberían mantener los subsidios, 7% que se debería eliminarlos y 10% que se deberían aumentar. De la misma manera, entre los votantes que responden a la oposición, 30% opina que se deberían mantener, 64% que se deberían eliminar y 2% que se deberían aumentar (otra vez grieta).
La masa electoral que apoya al oficialismo, por ahora, estaría en contra de un aumento de las tarifas
Es decir, la masa electoral que apoya al oficialismo, por ahora, estaría en contra de un aumento de las tarifas, tema que no escapa a la atención del Gobierno, especialmente de quienes responden al Instituto Patria y que constantemente toman medidas en código electoral.
Otro tema no menor es la relación del Gobierno nacional con las provincias, ya que de disminuirse los subsidios a la energía eléctrica, las empresas distribuidoras provinciales deberán pagar más por la energía recibida que trae dos consecuencias, o bien no pagan y aumentan su deuda con Cammesa, o trasladan el costo a sus clientes, situación que frente a las elecciones del 2023 pondría a los oficialismos en un situación de desventaja.
Dentro de la misma coalición gobernante existen diferencias, de hecho, no participan ni la primera línea de la Secretaría de Energía ni los interventores de los entes reguladores que curiosamente son los que van a tener que implementar los aumentos de tarifas que se tratan en estas audiencias.
Desde Economía, los técnicos que responden al ministro Martín Guzmán manifiestan la necesidad de reducir los subsidios que aspiran los pocos dólares que tiene el Tesoro nacional, mientras que los interventores de los entes sistemáticamente bloquean cualquier tipo de actualización.
Resumiendo, el gas natural aumentará un 40% y la energía eléctrica 25%, en ambos casos impactaría en las facturas finales en un 20% a partir de Junio.
La restricción para establecer criterios diferenciados
Con respecto a la segmentación de los cuadros tarifarios y luego de escuchar distintas opiniones de expertos, se concluye que es muy difícil de implementar por la complicación que implica el entrecruzamiento de datos, más allá que muchos consideran que esta medida es anticonstitucional, dado que no se puede cobrar por un mismo bien precios distintos, discriminados por situación económica.
El gas natural aumentará un 40% y la energía eléctrica 25%, en ambos casos impactaría en las facturas finales en un 20 por ciento
Actualmente, el costo total del abastecimiento de la demanda de gas prioritaria (usuarios residenciales y comercios) proyectada para el año es de $363.893 millones, equivalente a USD 3.064 millones. De ese total, el Estado cubre el 75,6% con subsidios económicos.
La demanda prioritaria equivale al 33% del consumo total de gas del país. Además de los consumidores residenciales y comerciales, que demandan 40 millones de metros cúbicos (m3) de gas, hay otros 80 millones de m3 que consume el parque térmico de generación eléctrica, los usuarios industriales y el sector de GNC.
El costo promedio del gas equivale a USD 5,76 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Se compone del valor de producción local y el importado de Bolivia y por barcos (GNL). Se ha visto incrementado de manera notable a raíz del conflicto bélico de Rusia con Ucrania.
Del total de USD 5,76 el millón de BTU, el Estado cubre USD 4,35, mientras que los usuarios pagan USD 1,41 restante. Sin embargo, como el costo está dolarizado, pero las tarifas se recaudan en pesos, con la devaluación de la moneda, cada mes los usuarios abonan una parte menor del valor real del gas.
En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del 1 de junio.
Fernando Antognazza, representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) dijo que hay un “desfase entre los montos remunerados y la evolución de los costos derivo en la imposibilidad de llevar a cabo mantenimientos mayores, comprometiendo operatividad y disponibilidad” de los equipos. Y precisó que cerca del 60% de la energía que se produce en el país en el marco de la Resolución 31/2020, “redujo y pesificó los valores y la potencia asociada, y luego ajustó esos valores en un 67,7% a la fecha, período en el cual la inflación superó el 128%”, lo que aseguró “impactará en la disponibilidad de equipos ante requerimientos y necesidad del sistema”.
El gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la “sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables”, pero aclaró que “dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector”.
“En forma simultánea se deben adecuar los ingresos de las distribuidoras (VAD)” agregó Bulacio, al asegurar que “en los últimos años el ajuste fue inferior a la inflación”, a la par que las distribuidoras “experimentaron un aumento de la morosidad y las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos, pero no en los costos”.
Es evidente que con los aumentos que seguramente van a salir de las audiencias, no alcanzan para solucionar la problemática energética de nuestro país, todos sabemos que el sistema energético se va debilitando cada vez más rápido, pero parece que es más importante el factor electoral que tener un país con las variables económicas medianamente estabilizadas.
El costo del ajuste
A nadie le gusta tener que pagar más por la energía eléctrica o por el gas natural, a nadie le gusta que su gobierno no tenga plan energético, menos un plan económico medianamente acorde a la situación actual. La palabra “ajuste” suena siempre antipática, pero a veces es necesario tomar medidas hoy para evitar un peor sufrimiento en el futuro.
La sociedad sabe, en su conjunto, que lo que paga por un bien cualquiera, comparado con lo que abona por la energía es un sin sentido, que esta situación acarrea problemas presentes y futuros, y sin embargo a la hora de enfrentarse a las soluciones se niega a aplicarlas. La historia económica de la argentina enseña que lo que no ajusta el gobierno, lo ajusta el mercado, o bien con aumentos de precios o con escasez. ¿Queremos que esto suceda?
*Especialista en Oil Gas and Utilities, director de TNS Latam y Socio Director de Gas Energy LA
Los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas: el cuarteto de funcionarios K en la mira
IPROFESIONAL/ANTONIO ROSSI
on la amenaza presidencial de eyectar de sus cargos a los funcionarios identificados con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria que jueguen en contra de los aumentos tarifarios de luz y gas, la administración de Alberto Fernández mandó una clara señal política de que cumplirá sin vueltas lo pactado con el FMI en materia de poda de subsidios y reducción del déficit fiscal.
Pero más allá de esa definición que tiende a acrecentar las diferencias internas en la coalición gobernante, la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios no sería tan sencilla y rápida como prevén los funcionarios de la Casa Rosada y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los escollos que aparecen en el camino tienen que ver con las dudas que genera el esquema de segmentación de aumentos y subsidios y los cambios operativos y de facturación que tendrán que implementar las distribuidoras eléctricas y gasíferas para llevar a la práctica el nuevo sistema tarifario.
La advertencia que bajó Alberto Fernández desde Europa para que los funcionarios K cumplan las instrucciones oficiales estuvo dirigida básicamente al cuarteto que integran el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; la interventora del ENRE, Soledad Manín y el interventor del Enargas, Federico Bernal.
Aumento de luz y gas: cuarteto K, en la mira
Desde que asumió en agosto de 2020, el neuquino Darío Martínez se ha caracterizado por tener un rol oscilante y ambiguo a la hora de acatar y llevar a la práctica las órdenes emanadas de su autoridad superior que es el ministro de Economía.
Tras la firma del acuerdo con el FMI, Martínez salió a atacar duramente al Guzmán con una nota oficial en la cual lo hacía responsable de un virtual colapso energético que iba a producirse por un recorte presupuestario en las partidas destinadas a atender las necesidades y obligaciones de pago del sector.
Después de esa movida y ante las críticas a los aumentos que comenzaron a salir de las usinas K, Guzmán le puso los puntos a Martínez y lo obligó a llamar a las audiencias públicas para tratar las actualizaciones a los precios de la energía eléctrica y el gas y los nuevos cuadros tarifarios.
En tanto, Federico Basualdo -que había asumido a principios de 2020 como interventor del ENRE- logró pegar el salto y desembarcar en el área de Energía Eléctrica en octubre de ese año. Hombre de confianza de Máximo Kirchner y asesor de temas energéticas de la vicepresidenta, pasó a los primeros planos a fines de abril del año pasado, cuando logró resistir un fuerte embate de Guzmán quien lo había dado por despedido. Con el apoyo de los referentes K y del Instituto Patria, Basualdo logró conservar su cargo y desde entonces mantiene una tensa relación con el ministro a quien le recortó en dos ocasiones los alcances de los ajustes tarifarios que quería implementar la cartera de Economía.
A mediados de abril, cuando Guzmán confirmó la nueva política de segmentación tarifaria, Basualdo elaboró un informe técnico en contra en el cual puntualizó tres cuestiones salientes: los aumentos en juego "no contemplan el principio de gradualidad establecido por la Corte Suprema", los usuarios van a sufrir un fuerte impacto en sus facturas de junio y las nuevas tarifas "atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos".
Por su parte, la camporista Soledad Manín quedó al frente de la intervención del ENRE cuando Basualdo asumió como subsecretario.
Con formación académica de abogada, estuvo durante varios años a cargo del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Había llegado al ENRE de la mano de Basualdo y hasta que asumió como interventora manejó el sector de "Protección de Usuarios y Usuarias y Participación Ciudadana".
En tanto, el cuarto apuntado desde la Casa Rosada es el interventor del Enargas, Federico Bernal. Bioquímico y biotecnólogo egresado de la UBA, Bernal fue un acalorado defensor de la política energética desplegada entre 2003 y 2015. Con el apoyo del exgobernador bonaerense Gabriel Mariotto, en 2014 creó el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) para "contrarrestar el discurso neoliberal y el lobby de los exsecretarios de Energía". Fue coautor-- junto con el exministro Julio De Vido-- del libro "Néstor y Cristina Kirchner, Planificación y Federalismo en Acción". Actual vocal del Instituto Patria, Bernal maneja las riendas del ente gasífero desde marzo de 2020.
Corridos del manejo y control de las audiencias públicas, los funcionarios en la mira tendrán en los próximos días un protagonismo clave y decisivo a la hora de viabilizar los aumentos tarifarios.
El papel de los funcionarios K en la suba de tarifas
Martínez y Basualdo deberán convalidar los informes finales y recomendaciones de las audiencias públicas e instruir a los organismos de control para que procedan a confeccionar los nuevos cuadros tarifarios.
En tanto, Manín y Bernal tendrán que elaborar y aprobar las nuevas tarifas que regirán para las distintas categorías de usuarios y niveles de consumos de cada una de las empresas distribuidoras. El ENRE deberá definir los cuadros tarifarios que aplicarán Edenor y Edesur. En tanto, el Enargas tendrá que sacar las resoluciones específicas con los ajustes que implementarán Metrogas, Naturgy, Litoral Gas, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Ecogas y Gasnor.
Más allá de que los cuatro funcionarios ya mandaron mensajes de que quieren seguir en sus puestos y no boicotearán la hoja de ruta tarifaria de Guzmán, nadie se anima a asegurar que el camino de los aumentos se encuentre libre de obstáculos.
Tanto para las empresas, como para varios técnicos del sector aún quedan algunos puntos flojos y dudas operativas que jaquean el recorte de subsidios y la actualización tarifaria.
Para algunas asociaciones de usuarios cercanas al kirchnerismo, las audiencias públicas no habrían respetado las normas vigentes y podrían ser consideradas inválidas ante una eventual denuncia en la Justicia.
En cuanto a la instrumentación técnica, desde los entes reguladores advierten que los funcionarios de Economía todavía no han explicado cómo y con qué mecanismos prevén llevar adelante la segmentación y definición de las tarifas que regirán para los distintos niveles de consumo tanto de los usuarios que mantengan los subsidios, como de aquellos que pasarán a pagar los precios plenos de la energía eléctrica y el gas natural.
Puertas adentro del Enargas, hay voces que sostienen que los mayores precios del gas que regirán para los hogares con o sin subsidios no pueden descargarse en forma directa las tarifas residenciales.
Esa transferencia-- denominada en la jerga técnica pass through--recién debería ser autorizada una vez que se haya realizado una nueva audiencia pública específica para exponer los alcances de los aumentos en juego y receptar los planteos de los usuarios.
