MARCELO BONELLI

El acuerdo entre Sergio Massa y la oposición impidió un golpe a la gobernabilidad contra Alberto Fernández. Pero ese convenio no evitó la fractura del bloque del Frente de Todos. La actitud de Máximo Kirchner abrió un surco impredecible en el futuro del FdT. Ya existen voces de ministros que quieren que Máximo pague: que devuelva las cajas, que se vayan Luana Volnovich y Fernanda Raverta.

Brutal, Aníbal Fernandez lo dijo en una reunión privada: “Máximo le quita el culo a la jeringa”.

También, el acuerdo parlamentario deja una víctima política: Martín Guzmán. El ministro quedó colgado del pincel: la solución política se encontró sacándole el corazón al proyecto que Guzmán defendió en el Congreso.

Guzmán quería -y prometió- un apoyo político global al programa pactado con el FMI. Pero ese plan que elucubró quedó este jueves hecho añicos. Ocurrió lo contrario: el programa económico fue rechazado por la oposición y Massa habilitó –con aval de Alberto– sacarlo directamente del proyecto de ley. A estas horas la situación política del ministro está extremadamente debilitada: volvieron a circular nombres para reemplazarlo.

Las versiones hablan de Cecilia Todesca, también de Emmanuel Alvarez Agis y el devaluado Axel Kicillof le puso el pulmotor a Augusto Costa. El economista Martín Redrado -el único con equipo y plan– también circula en Wall Street.

Cristina y Máximo lo quieren echar a Guzmán. Massa fulminó su propuesta para pactar el acuerdo en el Parlamento. Máximo le envió el domingo varios legisladores para desestabilizarlo. Fue a la noche, en reunión de bloque. La diputada Ana Carolina Gaillard lo enfrentó de inmediato. Pero los dardos venenosos salieron de los enviados de Máximo. Itaí Hagman objetó –en forma muy agresiva- lo acordado por Guzmán con el FMI. Marcos Cleri -un operador de Máximo– dijo violento: “Martín, tenés que comprometerte acá con nosotros a que no vas a ser funcionario del FMI cuando dejes de ser ministro”.

Guzmán aguantó las ofensas. El Presidente es el único que banca al ministro. Aunque ambos tuvieron la última semana –con testigos- dos fuertes altercados. La tensión fue mucha entre el martes y miércoles. Massa se irritó por el viaje del ministro a EE.UU.

Massa afirmó: “Alberto suspendió su misión a Dubai. ¿Y este pelotudo ahora se va?”.

Fue en una reunión secreta con Mario Negri y Cristian Ritondo. Ambos tuvieron un rol central, como también Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta.

Todos ardían contra Guzmán: el ministro fue quien impulsó la obligación de que el acuerdo sea aprobado por el Congreso. Algo que no pide el FMI. Cristina lo avaló: la idea era que iban a involucrar a la oposición con el ajuste pactado en Washington.

Todo salió mal. Fue un error político colosal. El bloque del Frente de Todos quedó dividido. Máximo quejándose y la oposición imponiendo una salida. Guzmán -y el Instituto Patria- generaron una hecatombe política.

Massa salvó las papas. Pero no dejó de reprobar a Guzmán: “El viaja, pero ahora soy yo el que tengo que chuparla con la oposición”.

En Juntos por el Cambio también hubo cortocircuitos: le torcieron el brazo a Mauricio Macri. Macri quería votar directamente en contra. Ansía ser candidato a presidente y su imagen sólo sube con un colapso de Alberto. Se lo confesó a sus compañeros de pádel. Insiste con su segundo tiempo: “El candidato tengo que ser yo, porque a ninguno de los nuestros les da el piné”.

Su plan de endurecer al máximo fracasó. Macri –molesto– se retiró rápido del Zoom.

Así fue la historia secreta del acuerdo que evitó el default y un golpe a la gobernabilidad de Alberto. Pero se buscó un atajo "bien argento". Se vació de contenido el proyecto del Palacio de Hacienda y sólo se aprueba algo que ya Alberto tiene autorizado por la Constitución: negociar la deuda externa.

El Plan con el FMI es político. Alberto tuvo el aval de la Casa Blanca para fortalecer su débil situación y llegar al final del mandato. El problema -del que nadie habla– es que el contenido técnico del programa con el FMI es inflacionario.

Julie Kozack y Guzmán pactaron un fuerte aumento de costos: suben las tarifas, aumenta la tasa de interés y el costo financiero y se indexa el tipo de cambio.

Todo le mete combustible a los motores inflacionarios y elude una cuestión central: la inflación inercial que indexa los precios y devalúa los ingresos fijos.

​Roberto Feletti lo dice en la intimidad: admite entre su equipo que en febrero el índice será del 4% y que en marzo llegará al 5%. La Casa Rosada –en verdad– no sabe cómo combatir la inflación. La Secretaría de Comercio se convirtió en una coleccionista de fracasos.

EFECTO PUTIN
La inaceptable invasión a Ucrania complicó todo en la Argentina. Aún existe un misterio: qué otorgó Putin a Cristina, para que la vice mantenga una actitud dual y apañe los crímenes de guerra del jefe de Rusia. El traspié inicial de la Cancillería fue corregido por Santiago Cafiero. Sus primeros pasos provocaron tantas dudas que el conjunto de embajadores del G-7 en Buenos Aires transmitió un mensaje terminante a Cancillería.

Fue el viernes 25 de febrero. Un día después del inicio de la invasión y de la declaración ambigua de la Argentina. Los embajadores transmitieron que no entendían cómo la Casa Rosada apañaba a Putin, cuando las inversiones extranjeras en el país son mayoritarias de multis del G-7. En ese mensaje -algunos dicen que fue una reunión– las embajadas pidieron que Argentina se alineara con las naciones democráticas y condenara a Rusia.

La Cancillería -después– se alineó políticamente. Pero ahora el problema tiene que ver con el recalentamiento en el precio de los cereales, el petróleo y las materias primas.

Feletti logró convencer a Matías Kulfas y al propio Guzmán de la necesidad de imponer un aumento “extra y urgente” de las retenciones. Guzmán dice que al FMI le encantan las retenciones: es plata segura.

Clarín confirmó que hay un borrador de Decreto de Necesidad y Urgencia. Su texto es concreto: afirma que las retenciones del trigo y maíz se duplican por 90 días y mientras continúe el conflicto bélico. Ambos pasarían a pagar el 24%.

Julián Domínguez masculla bronca. Se opone tenazmente, pero en soledad: Máximo y Cristina apoyan la jugada. Domínguez -igual- se plantó y le advirtió a Alberto: sería una bomba contra el campo. Ya tuvo fuertes cruces con Feletti. Alberto duda. Pidió tiempo para definir.

La guerra también pone al descubierto los graves errores de Cristina: durante su mandato se perdió el autoabastecimiento petrolero y de gas. Fue en el 2010. La estatización de YPF a cargo de Axel y la gestión inicial fueron pésimas, costosas y acentuaron el problema. Los tarifazos de Macri no resolvieron nada. Existe petróleo y gas en abundancia.

Pero Argentina es vulnerable ahora y gasta en importar energía: la crisis podría costar una friolera de US$ 5.000 millones, que no tiene el BCRA. La Cámpora, que controla YPF, está en otra cosa: sostener el relato.

La cuestión provocó una pelotera entre Kicillof y Pablo González. El cruce fue llamativo con el titular de YPF. Axel sólo se quejó por el destino de la inversión publicitaria: amenazó a González con represalias y denunciarlo con Cristina.

LA GRAN DUDA DEL GOBIERNO TRAS EL PRIMER TEST

FERNANDO LABORDA *

Pese a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sorteó su primer test en el Congreso, la falta de unidad y de determinación en la coalición gobernante, sumada a la coyuntura económica internacional, genera serias dudas acerca del efectivo cumplimiento de las metas proyectadas por parte de la Argentina.

Cuando hasta legisladores del oficialismo admiten que apoyan el entendimiento con el organismo financiero porque la otra opción serían las desastrosas consecuencias de un default, surge con claridad que les disgusta el acuerdo alcanzado para la renegociación de la deuda pública. ¿Cuánto podrán resistir los líderes del oficialismo el hecho de tener que someterse cada tres meses a las revisiones de la marcha del programa económico por parte de los técnicos de un organismo al que dicen detestar, como lo hizo el propio Alberto Fernández?

Es cierto que el kirchnerismo no estuvo ayer tirando piedras frente al Congreso, mientras los diputados nacionales debatían la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda del Fondo Monetario. Pero tampoco estuvo presente en el recinto de la Cámara baja para defender el proyecto del Gobierno.

Los desmanes y la violencia que se vivieron en la víspera en los alrededores del Congreso hizo recordar a la furia vista en el mismo lugar en diciembre de 2017, en tiempos de Mauricio Macri, cuando se trataba la reforma previsional. En aquel momento, Cristina Kirchner sostuvo que “si el Congreso tiene que sesionar vallado y militarizado es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de la mayoría”. Es probable que hoy esté pensando lo mismo, aun cuando los vidrios de su propio despacho en el Senado fueron el blanco de los piedrazos de los activistas.

La conjunción de agrupaciones de izquierda y de violentos activistas en la calle con el cristinismo en su casa exhibió la profunda debilidad de un gobierno nacional que, como nunca antes, debió refugiarse en el aval de la oposición de Juntos por el Cambio para sacar adelante una norma legal.

Un flaco favor le hizo al Presidente la exhortación del dirigente social Luis D’Elía al cristinismo a “no delarruizar a Alberto”. Más que una defensa, pareció un acto más de esmerilamiento de la figura presidencial, aunque sin la vehemencia que supo tener Fernanda Vallejos cuando tildó a Fernández de “okupa” y “mequetrefe” y lo cuestionó por no “subordinarse” a Cristina Kirchner.

Lo cierto es que una de las pocas cosas que parece unir al oficialismo es el rechazo, siempre sobreactuado, hacia el expresidente Macri. Jugando con la sigla FMI, militantes de La Cámpora se ocuparon de divulgar mediante pintadas en muros del área metropolitana el eslogan “Fue MacrI”, afín al mensaje según el cual la culpa de todo y de tener que acordar con el Fondo la tiene el exmandatario.

Pero la estrategia discursiva del oficialismo pareció agotarse en Macri, al margen de la jactancia que exhibieron los dirigentes del Frente de Todos para aclarar a cada rato que ni la reforma previsional ni la reforma laboral forman parte de las condiciones impuestas por el FMI. Hablan como si el sistema previsional argentino fuese un dechado de virtudes y como si las jubilaciones ordinarias fueran del nivel de las del primer mundo, cuando el haber jubilatorio mínimo apenas llega al equivalente a 160 dólares. Y hablan como si en la Argentina hubiese pleno empleo, no hubiera casi un 50% de trabajadores en negro y no fuera necesario modernizar la legislación laboral ni bajar los impuestos al trabajo.

“Este acuerdo es objetado por la derecha y por los grandes grupos económicos por ser light”, se jactó el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno, Fernando “Chino” Navarro. “Están enojados porque no hay reforma previsional ni laboral”, agregó. Con ese mensaje, el Gobierno buscó y sigue buscando acercarse a los sectores internos que más resisten cualquier negociación con el FMI. Trata de convencer a propios y extraños de que el entendimiento firmado, en el fondo, no es el que pretendía el organismo crediticio internacional.

Algo de cierto hay en ese mensaje oficial. El staff del FMI sabía que no podía exigirle mucho más al gobierno kirchnerista, al tiempo que tenía claro que era necesario evitar las consecuencias que dentro del organismo iba a generar lógicamente un default de la Argentina.

Normalmente, cualquier préstamo de facilidades extendidas del Fondo Monetario persigue que, en los diez años de facilidades crediticias, los países deudores puedan llevar a cabo las necesarias reformas estructurales para ajustar sus cuentas fiscales y recuperar capacidad de repago de sus deudas. Curiosamente, este acuerdo no habla de reformas estructurales y, como han señalado no pocos observadores económicos, está plagado de inconsistencias y de incongruencias, que se suman a la perspectiva de que una coalición gobernante dividida carezca de la fortaleza indispensable para cumplir con los compromisos asumidos.