ALEJANDRO EINSTOSS
El presupuesto 2022 propone transferencias por “servicios económicos” del orden de los $2 billones (4% del PIB), lo que representa un aumento del 21% respecto a las estimadas para 2021y una reducción, en términos del PIB, de 0,6 puntos.
Esta reducción se explica principalmente por la función “energía, combustibles y minería”, que representa el 50% de estas transferencias y que pasa de 2,2% del PIB a 1,7%. Esta rebaja de 0,5 puntos se explica de una sola forma: ajustes tarifarios.
Estas transferencias que, según el presupuesto, representan el 20% del gasto total primario de la Administración Publica Nacional durante 2022 pueden descomponerse en gastos corrientes (subsidios) -63%- y gastos de capital -37%-.
Dentro de los gastos corrientes, son los subsidios a la energía los que reciben el recorte de 0,5 punto del PIB, en un intento de revertir el crecimiento que los subsidios en general y los energéticos en particular observan desde 2019.
¿Cómo se explica esta reducción en subsidios?
Esta reducción se explica por el aumento en el precio de la energía en el orden 56%, que por su incidencia debería reflejarse en un aumento de la tarifa eléctrica residencial en torno a 30%.
Dicho aumento surge de la aplicación de la “meta de cobertura del costo mayorista eléctrico por medio de la tarifa abonada por los usuarios”, que el presupuesto 2022 ubica en el 43% -la misma meta del 2021-.
Si consideramos que para finales del 2021, los usuarios residenciales pagaremos solo el 20% del costo de la energía consumida, corregir esta enorme distorsión implica aumentos de tarifas por encima de la inflación esperada (33%).
En este rubro la reducción supera el 50% en términos reales, y pasa de 0,5% del PIB a 0,2%. Se explica por la necesidad de menores volúmenes importados de gas natural como consecuencia del aumento de la producción doméstica en el marco del programa de estímulo vigente (Plan GasAr).
Sin embargo, estas premisas podrían verse desafiadas por los precios internacionales de importación del gas natural licuado (que en 2021 representó el 20% del consumo local) y que los mercados de futuros ubican en niveles muy superiores a los observados para este año.
La finalización del plan de promoción a la producción de gas natural conocido como Res 46/17 y los subsidios asociados explican una parte. La principal reducción pasa por el crédito destinado al Plan GasAr 2020-2024 (US$ 600 millones aproximadamente) y la meta del presupuesto que fija a la “tasa de estímulo a la producción de gas” en 17,03%, un nivel muy lejano al 50% actual.
Es decir, hoy un usuario residencial de gas paga el 50% del costo del gas que consume y el presupuesto pone como objetivo que dicha cobertura se reduzca al 17%.
Alcanzar las premisas del presupuesto implica duplicar el precio del gas, un aumento que debería ser financiado por los usuarios con un aumento de la tarifa final residencial de gas superior a 30%.
El título X del proyecto de ley y en particular los artículos 60 y 61 proponen eximir del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diésel oil destinadas al abastecimiento del merado de generación eléctrica.
Esta medida, si bien reduce el costo de generación, en particular en el pico de consumo de invierno, tiene un efecto marginal sobre el volumen de subsidios actual.
En resumen, la reducción de subsidios se explica por tres supuestos.
Aumento de tarifas.
Menores importaciones.
Aumento de la producción local de gas.
El presupuesto 2022 repite pautas del 2021 en materia de correcciones en la tarifa eléctrica y de gas en línea con la inflación esperada por el presupuesto (30%). La coyuntura y la historia reciente indican que su concreción parece poco probable.
Pero aun realizando las correcciones en los precios de la energía previstas en el presupuesto, se mantienen y profundizan desequilibrios al interior de la cadena de energética, ya que nada de estos aumentos se aplicarían a los sectores de transporte y distribución (en el AMBA) que enfrentan retrasos tarifarios del orden del 100% y retrasos en la inversión que pone en riesgo la calidad del servicio en el futuro cercano.
El presupuesto 2022 toma como supuestos el aumento de la producción local de energía, menores importaciones y que los precios internacionales se mantengan en niveles del 2021, que muestran una mirada “optimista” en vistas al desempeño del sector en el pasado reciente.
