El triunfo del oficialismo no asegura el camino hacia la zonificación, ya que el proyecto 128 sigue sin tener mayoría, y es muy difícil que vuelva a tratarse a corto plazo
PABLO VERNAZZA
Si hay un tema incómodo para la clase política, es la minería. Son pocos los que toman postura de una manera clara, sin dudar, y que además la mantienen a través de los años siempre de la misma manera, mostrando coherencia.
Podríamos mencionar en este sentido al diputado Carlos Gómez en nombre de los petroleros, siempre a favor del desarrollo minero; y por citar dos, a los diputados cordilleranos Zulema Andén y Carlos Mantegna, históricamente en contra de la minería a gran escala. Pero la gran mayoría de los legisladores y los dirigentes, especialmente dentro del justicialismo, ha tenido posturas variables desde que el tema se instaló en 2003, y su discurso ha ido cambiando según el momento y la conveniencia política.
Esta incomodidad fue evidente en los posicionamientos de la sesión del último jueves, y se notó en los argumentos expresados por los legisladores, que en varios casos evitaron tomar definiciones tajantes y jugaron con la especulación.
En esta Legislatura, la relación de fuerzas sigue siendo muy pareja, como lo demuestra el resultado de la votación, con un 13 a 12 donde el árbitro terminó siendo el bloque de la UCR. De todos modos, ese número final termina siendo en parte mentiroso, y puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, que ya vamos a explicar.
Hay mucho para analizar en torno a la sesión más caliente del año, y lo primero que hay que decir es que le resultó al oficialismo su estrategia de ganar de mano y apostar al efecto sorpresa, anticipando dos semanas el tratamiento del proyecto 129.
La Iniciativa Popular (IP), impulsada con más de 30 mil firmas por la Unión de Asambleas Ciudadanas, era un dolor de cabeza para un gobierno que está obsesionado con habilitar el desarrollo minero.
En sus 7 artículos que enumeran sustancias químicas que quedarían prohibidas, así como la inhabilitación de la minería metalífera y también de tipo nuclear, la IP significaba el cierre de toda posibilidad a este tipo de inversiones a futuro. Además, según sectores empresarios, se ponía en juego en desarrollo de otras actividades productivas en la provincia vinculadas al petróleo y el aluminio.
El artículo 263 de la Constitución de Chubut, sostiene que “mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos de la Provincia en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede presentar proyectos de ley para el tratamiento en la Legislatura. Esta debe considerarlo en el término de seis meses contados a partir de su presentación”.
Cumplido el paso de la verificación de firmas por parte del Tribunal Electoral Provincial, el proyecto tomó estado parlamentario el 23 de noviembre de 2020. Por lo tanto, la propuesta debía ser considerada antes del 23 de mayo.
El tema estaba frenado desde que había ingresado, y se tejían todo tipo de especulaciones respecto a si iba a ser tratado o no.
Cuando la agenda parecía pasar por otras cuestiones, el último lunes, ADNSUR fue el único medio que informó que el tratamiento de la IP era inminente. Los movimientos previos indicaban que la comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, iba a sacar un despacho por el rechazo –algo lógico si se piensa que esos mismos diputados habían sacado dictamen a favor de la zonificación dos meses antes- lo que efectivamente ocurrió el último miércoles.
De este modo, después de tres intentos fallidos de parte del gobierno (en diciembre, febrero y marzo) para tratar el proyecto 128 de zonificación, llegó el día en que la Legislatura se abocó a tratar un tema vinculado a la minería.
Por fin se daba la oportunidad de presenciar un debate público -que es cierto no se dio en la comisión, pero que nada impedía que se genere en el recinto-, para saber de qué lado está parado cada legislador, si a favor o en contra de la minería. Y si bien hubo cruces interesantes, quedó sabor a poco, porque muchos diputados no terminaron de fijar una postura.
El título de este apartado alude al resultado final, que merece una serie de explicaciones. Lo primero para decir es que el último jueves, solamente se trató el rechazo al proyecto 129/20, pero nadie propuso que se vote un dictamen a favor de la IP.
Esto quiere decir que ninguno de los 27 legisladores integrados en 7 bloques (aunque suene increíble, las siete bancadas están representadas en los 9 diputados de la comisión de Recursos Naturales), elaboró una fundamentación a favor de aprobar la Iniciativa Popular.
Si esto hubiera ocurrido, hubiera sido mucho más claro el posicionamiento de los diputados. Porque lo que hoy sabemos, es quiénes están en contra de la IP (el bloque de Chubut al Frente con sus aliados Eliceche y López), quiénes no querían rechazarla de plano (los bloques de Chubut Unido y Frente de Todos), y quiénes eligieron no opinar (la UCR), pero no conocemos quiénes estaban dispuestos a sancionar esa ley, porque no quisieron decirlo.
Tres puntos a tener en cuenta: 1) con sus abstenciones, los diputados radicales permitieron que la IP fuera rechazada, como quería el gobierno; 2) terminó jugando un rol clave el oficialista Pablo Nouveau –cordillerano de la Ramón Carrillo- quien ya ha declarado que está en contra de la zonificación, pero dio su voto para rechazar la IP; 3) y a la inversa, la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, está en contra del proyecto 129 y a favor de la zonificación, pero el otro día votó con el grupo que no quería rechazarla, una postura difícil de explicar.
Esto demuestra que es un error llegar a la conclusión, según lo visto el jueves, de que hay 13 diputados a favor de la minería, 12 diputados en contra, y dos que no quieren opinar. Lo único cierto es que hubo una mayoría ajustadísima y conseguida a último momento, que logró archivar en la Legislatura -para que no tenga más posibilidad de ser abordada-, una propuesta que buscaba impedir definitivamente la actividad minera, con el argumento de que esto sería inconstitucional.
Y en este punto es que se puede afirmar que, a pesar de toda la presión para que se trate el proyecto 128 de zonificación -que incluso ya tiene dictamen favorable-, la razón por la que aún no fue puesto a consideración en el Orden del Día, es sencilla: no están los votos para aprobarlo.
Nuestro relevamiento indica que, si el oficialismo lo intentara, sólo contaría con 12 votos garantizados. Y este número surge, si miramos la votación de hace cuatro días, en que a favor de la zonificación habría que sumar el voto de Goic, pero se debería restar a Nouveau y poner en duda a alguna legisladora madrynense del sastrismo.
Es decir que si el gobierno llegara a forzar esa votación por el proyecto 128/20, correría un enorme riesgo: con los 6 votos del PJ, los 4 de Chubut Unido, los 2 de la UCR, más el aporte de los votos oficialistas de Andén y Nouveau, la oposición podría alcanzar las 14 manos para archivar la zonificación. Por eso la estrategia es simple: dejarlo “stand by” –de ninguna manera el Ejecutivo lo va a retirar como están pidiendo algunos intendentes cordilleranos, caso Ongarato e Ingram- a la espera de que cambien las condiciones, quizás después de las elecciones.
Por ello hablamos de un resultado engañoso, que no es fácil explicar: la Iniciativa Popular fue rechazada con 13 votos, pero a su vez la zonificación también podría ser rechazada con 14 votos. Ni una cosa, ni la otra. Así de extraño es el escenario político, donde la mayoría especula con salir lo más airoso posible ante un asunto de extrema sensibilidad social, pagando el menor costo político, de cara a las elecciones que se avecinan. Pero, ¿es eso posible?
Fueron significativas algunas declaraciones mediáticas luego de la votación, donde se expresan las lecturas desde cada sector político para tratar de salir parado lo mejor posible, asignando a sus rivales la mayor carga negativa de responsabilidad.
En principio, da la impresión de que sería el oficialismo el que podría pagar el costo más alto por impedir una ley que lleva la firma de 31 mil vecinos (una cifra que, de acuerdo a los últimos resultados electorales, sería la cuarta fuerza más votada, y que puede torcer el rumbo de una elección).
Sin embargo, en las declaraciones respecto a lo votado por la Legislatura, algunos se mostraron más cómodos que otros. Por caso el vicegobernador Ricardo Sastre, defendió lo actuado por el oficialismo en una ley que a su entender ponía en riesgo miles de puestos de trabajo del sector aluminio y la industria petrolera.
Y a su vez, cuestionó a la dirigencia que dijo, “hace demagogia para la tribuna”, pero que en los hechos no se la juega.
De este modo, apuntó especialmente al bloque del PJ, cuyos integrantes fueron cuestionados en la sesión por las diputadas Tatiana Goic y Gabriela De Lucía, por considerar que -al no haber propuesto un dictamen por la aprobación de la IP-, se sacaron el tema de encima sin dar una opinión de fondo, y jugando a la especulación.
Menos cómodo se lo notó al declarar, al intendente comodorense, Juan Pablo Luque, quien dijo que en la sesión se puso en riesgo la actividad de la industria petrolera y miles de puestos de trabajo. Justamente ése había sido el argumento del arcionismo, de diputados como Carlos Gómez y Juan Pais, para votar en contra de la Iniciativa Popular. ¿A quién iba dirigida la crítica del intendente?.
Como era de esperar, el trelewense Adrián Maderna salió a respaldar a sus diputados del bloque Chubut Unido por no votar en contra de la IP. Una postura lógica, ya que desde el sector político de esa ciudad, hasta el mismo Concejo Deliberante se expresó en contra de la minería. No parece haber habido costo político para ese sector, aunque sus legisladores perdieron la votación y no supieron contrarrestar la estrategia del oficialismo,
Pero sin dudas, lo que despertó una repercusión enorme hacia adentro de la UCR fue el posicionamiento de Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera, quienes fueron acusados por muchos de sus correligionarios de “tibios” por abstenerse de votar.
En un año electoral, dirigentes como Mario Cimadevilla y Orlando Vera aprovecharon a criticar a sus “enemigos” internos, mientras que la presidenta del partido, Jaqueline Caminoa –histórica anti minera- no dijo nada públicamente. Uno de los más expuestos en estas horas fue el intendente radical de Esquel, Sergio Ongarato, quien se puso a la cabeza del reclamo de sus vecinos y trató de interceder ante el vicegobernador para que no se trate el tema, y ante sus diputados para que cambien su voto, pero no tuvo mayor éxito en sus gestiones.
Está claro que, en un año de elecciones, todo se lee en clave de campaña. Y más aún con un tema como el de la minería, de los pocos que despierta interés en una opinión pública que está generalmente alejada de la vida política. ¿Puede algún sector decir que sale fortalecido de la discusión de este tema? No da la impresión, y para muestra, citemos el comunicado de la asamblea de autoconvocados en la ruta 3 en el acceso a Trelew: allí denunciaron “el nuevo pacto sin grieta de todos los bloques legislativos para pisotear la voluntad expresada en la IP”.
Y por si quedaban dudas, en el cierre de su comunicado, afirmaron que “responsabilizamos al gobierno provincial y nacional” de la permanencia en la ruta de los vecinos y de su integridad física. Es decir, si alguien quería sacar rédito político al menos con este sector importante de la sociedad que apoyó la propuesta antiminera, la respuesta es que para estos vecinos, toda la clase política es lo mismo.
La minería sigue siendo, por lejos, el tema más incómodo para los políticos de Chubut. Lo resuelto esta semana –decisión tomada que no tiene marcha atrás desde lo legal- no acaba con la discusión, sino que la exacerba aún más. En una cuestión que no admite medias tintas, las elecciones inminentes ponen a la orden del día las estrategias especulativas, que juegan con la esperanza genuina de vecinos que pretendían un tratamiento serio.
