JULIO VILLALONGA *
La publicación en el Boletín Oficial de la prórroga a la concesión de la Hidrovía por 90 días, esta semana, volvió a poner bajo la mirada pública un desaguisado que mantiene en vilo al gobierno de Alberto Fernández porque, de conocerse algunos detalles, podría operar como una bomba de fragmentación.
El dragado y el balizamiento del corredor fluvial por donde “baja” gran parte de la producción granaria de la Argentina, que en la última campaña orilló los 135 millones de toneladas, es un negocio de entre 180 y 200 millones de dólares anuales. Con una rentabilidad variable que nunca llega al 15 por ciento, no parece ser que tenga entidad como para justificar tanto ruido mediático. Mucho menos, tanta preocupación gubernamental y empresaria.
Pero estos negocios se miden por la extensión total de la concesión, que en este caso sería de al menos quince años: suponiendo que las ganancias fueran de 20 millones de dólares, el total sería de 300 millones de dólares. Y contar con un flujo de caja de 200 millones de dólares anuales facilita hacer muchos otros negocios.
El grupo de Gabriel Romero, EMEPA, es socio al 50 por ciento de la empresa belga Jan de Nul desde 1995 en la operación de la Hidrovía. La concesión se venció en 2005, pero sucesivas prórrogas llevaron a estos dos “partners” hasta nuestros días al frente del negocio. EMEPA tiene una participación en el FFCC Belgrano Norte y otra en una vía férrea en Perú, por ejemplo; los belgas son un grupo diversificado con casi 7.000 empleados en 28 países.
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* Director de Gaceta Mercantil
