JORGE LAPEÑA*
El presente artículo es una reflexión sobre el estado actual de nuestro sistema eléctrico. Un sistema nacional que presta un servicio público esencial cuya falla es sinónimo de caos. Un sistema estratégico, que debería ser el ariete de la modernización y de la "transición" hacia una energía global sustentable.
Me basaré para ello en datos publicados por el Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", con datos de diciembre de 2020.
La demanda de energía eléctrica tuvo un leve incremento en el año 2020 respecto a 2019 del 1,6%. Las demandas comercial e industrial tuvieron una caída frente a 2019 del 5,6% y 11,6%, respectivamente, confirmando la baja de la actividad por la pandemia.
Pero atención: la demanda en 2020 fue similar a la del año 2015; lo que evidencia la existencia de un país que se encuentra en proceso de estancamiento económico crónico.
La potencia instalada en el sistema de generación es de 41.961 megavatios (MW); una cifra que supera largamente la demanda máxima de potencia de 26.350 MW que se produjo el 28 enero como consecuencia de las altas temperaturas.
La capacidad instalada genera la sensación de holgura; pero no es así. En esos días de enero con altas temperaturas hubo cortes de suministro en el AMBA que dejaron sin luz a una cantidad de usuarios de Edenor y Edesur comprendida entre el 5% y el 7% del total su clientela.
Eso pone en evidencia serios problemas de calidad en las redes de distribución en la zona más densamente poblada de Argentina imputables a los crónicos congelamientos tarifarios.
El siglo XXI se caracteriza por un crecimiento de la proporción de energía termoeléctrica en la energía generada: en 2020 llegó al 61,4% del total. Esta tecnología es la principal productora de gases de efecto invernadero (GEI). Esto es un error estratégico; y además, es malo en un país donde el gas, otrora barato, es cada vez más caro y mas escaso.
Las energías limpias, que no producen GEI, representan sólo el 38,6%: la hidroeléctrica 21,7%; las renovables 9,5%; y la nuclear 7,5%. Resulta muy alentador que las energías renovables promovidas por la ley 27.191 hayan incrementado su producción en 2020 un 63,3% con respecto a 2019. Y, en cambio, es negativo que la hidroelectricidad tradicional esté en retroceso desde principios de siglo.
En la segunda mitad del siglo XX, la ley 15.336, sancionada en el gobierno de Arturo Frondizi, regulaba el sector. Aquella fue una ley progresista que fijo criterios estratégicos para el desarrollo eléctrico que no han sido aún superados. Durante su plena vigencia (1960-1992) fueron muchos los emprendimientos realizados; entre ellos los grandes emprendimientos hidroeléctricos.
Esa ley fue modificada en 1992 por la ley de Marco Regulatorio Eléctrico 24.065 que, con independencia de los comentarios y valoraciones que puedan hacerse respecto a la misma, es la ley actual. La vigencia de esta última se ha interrumpido en reiteradas ocasiones en forma discrecional. Las injerencias gubernamentales, sin la modificación de la ley misma por el Congreso, constituye una mala praxis republicana que desnaturalizó la normativa de origen.
En los últimos lustros ha existido una violación sistemática de las condiciones establecidas en la ley de Marco Regulatorio por ejemplo para designar los miembros de los Entes Reguladores y también, nada menos, que para fijar las tarifas eléctricas retributivas de los costos.
Los subsidios energéticos experimentaron en 2020 un crecimiento exorbitante con respecto a 2019. El incremento anual del acumulado fue del 92,8%, un valor que supera largamente la inflación oficial.
Cammesa, una empresa sin fines de lucro y sin capital, recibió en 2020 unos $293.000 millones para hacer frente a los pagos de combustibles para las centrales y cubrir las facturas impagas de los distribuidores a los generadores; además de un muy importante rubro de gastos cuya erogación debió ser hecha por los actores del mercado. El incremento de estos subsidios respecto al año 2019 fue del 145% y ese ritmo es insostenible.
El costo de generar energía a nivel mayorista en la Argentina ha sido calculado por Cammesa en diciembre del año 2020 en $ 4467 megavatio-hora (MWh) ; mientras que el precio estacional que paga la clientela se ubica en $2159 MWh (siendo este es un precio congelado). El sistema generador trabaja a perdida recuperando apenas el 48% del costo erogado.
Hace más de 30 años que no existe un "Planeamiento Energético Estratégico" en Argentina. El sector tiene un desarrollo imprevisible con una deriva errática que no lo depositará por obra del azar en un futuro mejor que el mal presente. La causa de la no existencia de esta herramienta de gestión solo cabe imputarla a la pereza y a la incapacidad gubernamental sistémica de los últimos lustros.
El sector eléctrico se encuentra en una situación legal económica y organizativa complicada. Sin un cambio de fondo, no habrá un buen futuro. La bancarrota de las empresas es posible, la economía sectorial está dañada, la insolvencia del fisco para solucionar subsidiando está probada.
Evitar los males futuros es una tarea de la política que tiene una deuda pendiente con el sector energético. El funcionariado estatal del área eléctrica es escaso y está superado por los problemas irresueltos.
Cammesa no es el gobierno, su función es administrar el mercado mayorista. Ha asumido responsabilidades que no le son propias que distorsionan los mercados. Deben transferirse a los actores del mercado los contratos firmados por Cammesa por orden del Estado. Y esto sólo ya implica encarar una reforma profunda del orden actual.
Debe proponerse una nueva ley del Marco Regulatorio que se cumpla a cabalidad. Y debería regularizarse el ENRE ya.
* Ex secretario de Energía. Presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi
