DANIEL GUSTAVO MONTAMAT*

YPF está de nuevo en los titulares de los medios, y no por las buenas razones. Se duda de su capacidad financiera por las dificultades que enfrenta para negociar una nueva restructuración de su deuda corporativa donde están en juego 6.200 millones de dólares.

A su vez, el derrumbe del valor de sus acciones obliga al Ministro de Economía a desmentir que se analiza la estatización del remanente de su capital accionario. Poco se aclara que, en el 2020, año nefasto para la industria petrolera en general, YPF ya había renegociado su deuda con el acuerdo de sus bonistas, antes de que el Gobierno culminara la renegociación de su deuda soberana.

Con bajo perfil, la empresa mantuvo el rango crediticio, y este año su caja contaba con los pesos necesarios para hacer frente a los vencimientos reprogramados para el mes de marzo (412 millones de dólares).

Las nuevas restricciones para el acceso a las divisas impuestas por el Banco Central para el pago de servicios de la deuda privada obligaron a YPF a plantear una nueva renegociación, que, como era de esperar, cayó mal, generó resistencia en los bonistas, y disparó versiones de cesación de pagos e inviabilidad económica.

Como enseña el manual populista, voceros del oficialismo culparon a la gestión anterior de la empresa por el alto endeudamiento heredado que derivó en la actual situación.

En verdad, el endeudamiento neto de la empresa pasó de 8.560 millones de dólares en el 2015 a 7.819 millones de dólares en el 2019. A su vez, la vida promedio de esa deuda pasó de 4.5 años a 6.04 años. La tasa de interés en dólares se mantuvo en 7.60%, más que razonable para la tasa de riesgo argentina en el período. Mucha de esta información con sus respectivos apoyos técnicos puede consultarse en los formularios F20 que la empresa tiene que presentar todos los años a la Comisión Federal de Valores de los Estados Unidos (SEC) por cotizar acciones en Wall Street.

El valor de una acción que cotiza en las bolsas internacionales es un termómetro de las expectativas que generan sus resultados y habilita el acceso a los mercados de capitales. Además, en las compañías donde el Estado es dueño de una parte del capital los controles de la SEC sobre los estados financieros operan como un disuasivo externo a la intromisión de la mala política en la gestión. Sería una pésima señal que YPF dejara de cotizar en la bolsa de Nueva York.

YPF fue empresa 100% del Estado nacional desde su nacimiento hasta su privatización en los 90. La YPF que la administración Alfonsín le transfirió a la administración Menem estaba organizada como sociedad del Estado.

El decreto 2248/90 transformó a YPF de sociedad del Estado en sociedad anónima comercial. El Estado nacional era dueño del 100% de las acciones. Su transformación en sociedad comercial habilitó el camino al reparto accionario.

En la ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF, 51% de las acciones quedaron bajo el dominio del Estado Nacional, 39% se asignaron a las Provincias productoras y 10% fue para el personal.

En el mismo instrumento provincias y Nación se comprometieron a vender en rondas sucesivas parte del capital. El Estado Nacional preservó una masa crítica de acciones (20,3%) suficiente para controlar decisiones estratégicas y decidir la dirección de la empresa.

En 1998 empiezan las tratativas con Repsol. Se vende un 14.99% de entrada, y luego el remanente de acciones que tenía el Estado nacional. Los españoles hacen entonces una oferta pública por todo el paquete de la compañía. YPF muta en Repsol-YPF. Bajo el giro español, el otro hito en la estructura accionaria de la YPF privada se da cuando en 2007 la administración Kirchner promueve el proceso de “argentinización”.

El grupo Eskenazi compra el 25.46% de las acciones de la compañía, 15% al momento de la firma y el remanente más tarde. En el 2012 la administración de Cristina Fernández de Kirchner expropia el 51% de las acciones en poder de Repsol y el Estado nacional asume el control de la empresa.

Así llegamos a la YPF de hoy. Estatal, privada o mixta, como brazo ejecutor de la política petrolera antes, y ocupada del negocio en competencia con otros actores ahora, YPF acumula una experiencia de casi 100 años y ha pasado por todos los vaivenes de la Argentina política.

Con autonomía de gestión, YPF sabe cómo explorar, producir y comercializar petróleo y gas natural. Con autonomía de gestión sabe también cómo reducir costos y mejorar su productividad, y conoce sus restricciones presupuestarias y financieras. Con autonomía de gestión, YPF sabe cómo generar beneficios y reinvertirlos dando prioridad a la geología argentina.

Pero sometida a precios intervenidos, interferida en las decisiones de inversión y con incorporaciones políticas a su plantel, deja de ser parte de la solución y, por su peso relativo, se transforma en otro problema para el sector energético y para la economía.

En cambio, en una estrategia energética de largo plazo, con reglas estables y señales de precios que reflejen costos económicos, YPF, con autonomía de gestión, volverá a sorprendernos con buenas noticias.

* Ex Secretario de Energía y ex titular de YPF. Doctor en Economía y Derecho.