ALEJANDRO EINSTOSS*
La Ley de Emergencia 27.541 vino de la mano de un nuevo congelamiento de precios y tarifas de energía, con una consecuencia previsible: los subsidios crecen de forma acelerada y amenazan con volver a transformarse en un problema macroeconómico, aun en contexto de pandemia.
El principal renglón de los subsidios a la energía es Cammesa. Bajo esta denominación se financia con partidas del Tesoro la brecha entre el costo de generación y el precio que paga la demanda. En los últimos 10 años a este rubro se destinaron casi US$ 60.000 millones, un promedio de casi US$ 6.000 millones/año. Pero como todo promedio esconde un máximo de US$ 9.700 millones en 2015 y un mínimo de US$ 2.800 millones en 2019.
Gobernar en emergencia permanente y congelar tarifas como herramienta de distribución del ingresos de fuerte regresividad son regularidades de los gobiernos justicialistas, que entre el 2003-2015 generaron el mayor atraso tarifario de la Historia.
La Historia reciente nos muestra que regalar la energía ignorando costo de producción y congelando tarifas in eternum genera, entre otros efectos, dos consecuencias.
+ Subsidiar en forma generalizada sin discriminar entre quien lo necesita y quien no, resulta en aplicar en forma generalizada una “tarifa social universal” que si bien reduce a cero los errores de exclusión implican un costo fiscal imposible de financiar.
+ Quiebra el sistema. La lógica es sencilla, con ingresos congelados y costos creciendo las distribuidoras empujadas por la asfixia financiera comienzan a financiarse con la mora en el pago de la energía a Cammesa que a su vez debe pagar a los generadores y el combustible con más subsidios. En resumen, el sistema se torna insostenible.
Si analizamos los datos vemos que comenzamos a recorrer el camino del facilismo y la excusa no es la pandemia. El rumbo de la política tarifaria y de subsidios se tomó antes de la cuarentena: emergencia económica, congelamiento de tarifas, intervención de los entes reguladores, etcétera, y los resultados no serán diferentes.
La sostenibilidad del sistema comienza a estar en riesgo y de eso dan cuenta los datos que aportó el Jefe de Gabinete de Ministros en su reciente visita al Congreso.
En el Tabla 1 se presentan las deudas de las distribuidoras con Cammesa por provincia informadas por el JGM en las que no aparecen las deudas del sistema de Tierra del Fuego que en el último reporte del 16 de junio superaban los $ 80 millones. Por lo tanto, las deudas de las distribuidoras con Cammesa alcanzarían casi los $100.000 millones y a su vez Cammesa adeuda casi $60.000 millones a generadores y proveedores de gas (Tabla 2).
En la reciente ampliación de presupuesto público con sanción del Congreso se incorporó un capítulo completo que da cuenta que el sistema eléctrico se torna insostenible.
El capítulo VII de dicha ampliación reconoce “un crédito” equivalente a 3 veces la factura media mensual del último año de las transacciones de las distribuidoras en el mercado (Cammesa) siempre que hayan adherido a la Ley de Emergencia, es decir, que hayan congelado sus tarifas.
Este beneficio será reconocido para aquellas distribuidoras que opten por adherir a un plan de refinanciación con las siguientes características: las deudas con Cammesa – descontado el “crédito” de 3 meses – se financiarán en un horizonte hasta 5 años, con 12 meses de gracias y un descuento del 50% en la tasa de interés de mercado.
El incentivo se completa aplicando el descuento en la tasa de forma retroactiva al 1° de enero de 2019, lo que implica un fuerte descuento adicional en el saldo adeudado.
Es decir, estamos en presencia de una condonación de parte de la deuda y de la licuación de gran parte del saldo vía un plan de pagos sumamente favorable.
Y si bien esta condonación puede significar un blanqueo momentáneo de la hoja de balance de Cammesa, de continuar el congelamiento difícilmente las distribuidoras podrán cumplir con el plan de pagos comprometidos.
Al momento de analizar esta medida, hay que recordar que la pandemia no es excusa: la política tarifaria entró a la cuarentena en febrero del 2019.
Los actores del sector, conocedores de los antecedentes del periodo 2002 – 2015, actuaron en consecuencia y comenzaron a retener pagos por la energía vendida a partir del resultado electoral de octubre 2019.
Si analizamos el índice de cobranza de Cammesa (Gráfico 1) vemos que luego de tocar piso en 2015 en 45%, es decir, aún con precios subsidiados las distribuidoras solo pagaban el 45% de la energía facturada, los indicadores mejoran sensiblemente entre 2016-2019 alcanzando niveles del 90% que debieron incluir planes de renegociación de la enorme deuda pendiente.
Entre octubre de 2019 y febrero de 2020 el índice de cobranza a las distribuidoras pasó del 96% al 60%, en un comportamiento especulativo previsible, pero que implicó “hacer caja” con fondos de los usuarios destinados al pago de sus consumos de energía.
De esta forma algunas distribuidoras provinciales que se encontraban sin deudas en diciembre 2019, para junio 2020 adeudan más de $10.000 millones y otras distribuidoras privadas muestran en sus balances importantes activos financieros al tiempo que mantienen fuertes deudas por energía.
Resta por analizar la mora de los usuarios en el pago de sus facturas y la mora de las distribuidoras en el pago de sus obligaciones fiscales (nacionales, provinciales y municipales) como fuente adicional de financiamiento, datos no disponibles hasta el momento.
En resumen, los actores del sector se adelantaron a la política de congelamiento tarifario y retuvieron caja previendo un período de “vacas flacas” y la realidad les dio la razón.
La decisión de perdonar el equivalente a 3 meses de facturación promedio de todas las distribuidoras del país y licuar el saldo adeudado mediante un plan de refinanciación a largo plazo y tasas subsidiadas, implicará para el Estado asumir deudas por más de $100.000 millones que engrosaran la cuenta de subsidios.
El Gobierno no debería enamorarse con mantener las tarifas en cuarentena y corre serio riesgo de quedar entrampado. Y si bien la coyuntura dificulta la salida del congelamiento en lo inmediato, debería planificarse una salida ordenada, que proteja a los usuarios y focalice el subsidio en aquellos que lo necesitan.
Lo anterior implica discutir la magnitud y el alcance de los subsidios económicos en el Parlamento en el marco del tratamiento del Presupuesto Nacional 2021.
*Docente (UBA y UB) y miembro del IAE Gral. Mosconi
