ÁNGELES SANTOS CAMPANA

Challhuahuacho, distrito donde se ubica el campamento minero de Las Bambas, celebró 28 años de creación política. Lo hizo bajo un escenario tenso con policías antimotines en las calles y manifestaciones de protesta. La serenata, organizada por el municipio distrital, se canceló pese a que tenían el estrado armado para conciertos de dos días.

Hace más de una semana, los frentes de este distrito de la provincia de Cotabambas-Apurímac, protestan en contra de las promesas incumplidas del gobierno nacional, la minera Las Bambas y el municipio del lugar.

Circularon videos en redes de la detención a un manifestante envuelto en la bandera peruana. Para fuentes del Ministerio del Interior, era un ebrio que alteraba el orden público. Para los manifestantes fue un abuso.

Erick Ramos es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas. En la operación laboran 8.000 colegas suyos. Reveló que desde el inicio del paro, las comunidades bloquearon los tres accesos a la planta minera. No pueden salir ni entrar. El campamento es abastecido de alimentos mediante sobrevuelos de helicópteros, afirma.

De retorno, las naves evacúan a algunos trabajadores que cumplieron su periodo laboral y les corresponde descanso.

El dirigente advierte que la mina se paralizaría el 26 de noviembre de forma definitiva. Hasta esa fecha están garantizados los insumos. En caso del 100% de suspensión de actividades, solo quedará personal esencial para el cuidado y mantenimiento de equipos. La gerencia de Asuntos Corporativos de Las Bambas ya le planteó al premier Aníbal Torres apoyo para garantizar el retiro humanitario de sus colaboradores.

Alex Farfán Paniura es presidente de la Federación de Jóvenes del distrito, uno de los gremios en huelga. Aclara que sí permiten pase de alimentos y de trabajadores. Solo impiden containers que trasladen los insumos. Confirmó a este medio que la protesta seguía en pie. Insisten con el arribo del presidente Pedro Castillo.

SE PRONUNCIAN
Ante el escalamiento del conflicto, varias instituciones se pronunciaron para solicitar la intervención del Ejecutivo.

La Defensoría del Pueblo dijo que los bloqueos son medidas alejadas de la legalidad. En ese sentido, pidió al Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, realizar una intervención diligente frente a las negociaciones entre las empresas y las comunidades.

Según su monitoreo, la Defensoría señala que las movilizaciones y bloqueos en el país se han incrementado en el último año en 47.5 %, en comparación con el año anterior. Sobre todo conflictos relacionados con la actividad minera. Expresó su preocupación por incursiones violentas en las compañías Inmaculada, Antapaccay y Las Bambas.

“Estos hechos no constituyen, en ningún caso, el ejercicio regular del derecho a la protesta, ponen en riesgo o afectan directamente los derechos de otras personas”, precisa.

Invoca a las autoridades a buscar una solución pacífica sin desenlaces violentos.

La Cámara de Comercio Peruano China también expresó su preocupación por el conflicto que envuelve a una de sus asociadas, Mina Las Bambas. Advirtieron que este conflicto afecta las relaciones comerciales entre Perú y China, países hermanos. La República intentó comunicarse con la oficina de gestión de conflictos de PCM; no hubo respuesta. Anoche trascendió que arribaría una comisión de alto nivel, pero aún no hay fecha.

LAS CIFRAS
+ 47% se incrementaron los conflictos sociales en el Perú, según Defensoría.

+ 1% del Producto Bruto Interno nacional lo genera la minera Las Bambas.

REACCIONES
“Los conflictos en el corredor minero son permanentes. El Gobierno debería pensar en un sistema de gobernanza para evitarlos. No se ve capacidad de resolución de este Gobierno ni los anteriores”, dijo José De Echave, especialista.

“El Ejecutivo tiene compromisos incumplidos no solo con Challhuahuacho, también en Ocuro-Espinar. Hubo reuniones con ministros y viceministros, se firmaron actas, hasta hoy no hay avances”, agregó el congresista Luis Aragón.