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OPINIÓN
Sotelo: Fobia a la verdad en la República de los Minions
EL TRIBUNO/MINING PRESS/ENERNEWS
29/04/2021

FRANCISCO SOTELO*

La esencia del periodismo es la capacidad de buscar la otra cara de la moneda. Simplemente, porque de lo contrario, solo se conocería una campana, la del poder, y probablemente surgirían muchas voces inorgánicas, con denuncias y reclamos parcializados. La primera quedaría como un dogma. Las otras, acalladas o ignoradas.

En este contexto es necesario entender al procesamiento de Daniel Santoro por supuestas extorsiones como una advertencia al libre ejercicio del periodismo profesional. Una actividad que corre riesgo, entre otras cosas, porque el (autopercibido) progresismo actual reniega del pensamiento libre.

La libertad de prensa, que es libertad de opinión, de pensamiento y de expresión es un valor estructural de la civilización moderna occidental.

Un valor que no existe en los regímenes autoritarios de partido único, como los que gobiernan China y Rusia, y que en América Latina tienen su máxima expresión en Cuba y la Venezuela chavista. El ideal humano de esos gobiernos es la sociedad de “Mi villano favorito” y el séquito de muñequitos robotizados y acríticos que lo siguen.

La crisis de la economía globalizada ha dado lugar a nuevos modelos políticos, autoritarios, de narrativa alterna entre la izquierda y la derecha, que se caracterizan por el liderazgo unipersonal eximido de coherencia ideológica, seguido por una militancia acrítica y rentada, y cuya meta es, exclusivamente, acumular poder político y construir nuevas burguesías.

Nadie está seguro del lugar hacia donde se dirigen, pero lo cierto es que no pueden convivir con la información veraz: sus problemas no son los “medios concentrados”, eufemismo que aplican al periodismo profesional, sino que no toleran la verdad.

No se trata de un problema aislado. Es una época que cuestiona la racionalidad hasta sus raíces y alimenta fundamentalismos ambientales, alimentarios, antropológicos, y todos tienen una deriva a la política.

Ni qué hablar del reflujo teocrático de evangélicos y “curas del pueblo”, que se multiplica en nuestro continente, y que tiene un costado mucho más violento en Oriente medio.

Falta un factor más, y también destructivo, el crimen organizado, un poder más fuerte que muchos Estados. Y que es el responsable de la mayoría de los asesinatos a periodistas en el continente.

Todo esto pasa, también, en la Argentina, seducida hoy por la fascinación del capitalismo de Estado chino, la nueva reedición del zarismo, de Vladimir Putin y la teocracia iraní. El ocultamiento de datos del Indec durante ocho años no sirvió para ocultar la inflación ni la pobreza creciente. Aunque la presidenta Cristina dijera entonces que “solo había un 5% de pobres” y que en Europa “no se explicaban” cómo hacía ella para aumentar tanto los sueldos. Mientras que uno de sus ministros, Aníbal Fernández, decía que estábamos mejor que en Alemania, y Axel Kicillof sostenía que informar la pobreza era discriminatorio.

Cuando el término “discurso” deja de entenderse como “razonamiento” y se lo reemplaza por “mensaje en cadena” o “bajada de línea”, es porque se piensa al país como “la república de los minions”.

En este contexto puede entenderse que un gobierno poblado de funcionarios multiprocesados haya llegado al poder atacando a la Justicia y al periodismo profesional, invocando la teoría del “lawfare” (con apoyo pontificio) y se dedique sin pudores a buscar por cualquier camino enjuiciar a los opositores. La ideología licúa la contradicción.

El ataque sistemático a la prensa es ideológico. “El pueblo no tiene por qué saber de qué se trata; basta con lo que nosotros decimos”, es la praxis de hecho.

Por eso, los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Luis Rodríguez, acompañados por el converso Leopoldo Moreau y un nutrido grupo de operadores se ensañan con el periodista Daniel Santoro, procesándolo por causas que ellos saben disparatadas: extorsión a personas que otros jueces procesaron por ilícitos.

Santoro es un periodista de conducta intachable y goza de credibilidad en todo el espectro político, incluido el oficialismo. Porque todos los funcionarios saben distinguir entre un periodista y un operador. Lo saben, porque tratan con unos y otros.

Cuando se es periodista de investigación hay que tomar contacto con infinidad de fuentes. Incluso, con seres deleznables. ¿Cómo se puede imaginar al periodismo de investigación, como el que encarnan Rodolfo Walsh o Ernest Hemingway, sin calle, riesgos, viajes y trasnochadas? ¿Cómo se va a investigar la esencia del delito sin cierta cercanía con el ambiente delictivo?

La “cultura minions” piensa que el periodista se conforma con lo que diga una fuente. Que una redacción es un espacio inmóvil donde “llueven las noticias”. Puede pasar, pero ese periodista no duraría mucho en el rubro.

La trayectoria de Santoro como investigador, como la de otros colegas profesionales, no se construye en base a impactos momentáneos.
Del mismo modo, nadie puede construir causas con centenares de testigos, arrepentidos y pruebas en base a “fotocopias”.

Los jueces Ramos Padilla y Rodríguez, como todos los que inventaron la teoría de la extorsión de Santoro, conocen a la perfección a Marcelo D’Alessio, que perteneció siempre “al grupo”.

En el verano de 2019, el mismo D’Alessio engañó al empresario cercano al kirchnerismo Pedro Etchebest, quien lo fotografió a su pedido en la costa cuando conversaba con el fiscal Carlos Stornelli y con el entonces intendente de Salta, Gustavo Sáenz, a quien veía por primera vez en su vida. “Ese es Sáenz; ya lo hice intendente y ahora lo estoy preparando para que sea gobernador de Salta”. Ese delirio iba acompañado de un pedido de coima que supuestamente iba a recibir Stornelli. Más o menos lo mismo le dijo a Gabriel Traficante, amenazándolo con un escrache de Santoro.

D’Alessio se hacía pasar por agente de la DEA -así se presentó en una conversación telefónica con el autor de estas líneas- y dijo que la mentira acerca de Sáenz era para ablandar a Etchebest (no habló de la coima que le había pedido). Y dijo que trabajaba para Stornelli. Lo único comprobado es que D’Alessio trabajó en Formosa durante el gobierno de Gildo Insfrán, y en la empresa Enarsa durante el gobierno kirchnerista.

No hay ninguna prueba de que Santoro haya cometido extorsión, salvo los desvaríos de D’Alessio. Los mismos que exhibía cuando se movía cómodamente en el ámbito kirchnerista. Pero es cierto que los jueces actúan en sintonía con lo que se entiende por “justicia legítima”. Este modelo de Justicia es otra cosa, mucho más parecida a los tribunales de la inquisición y la casa de brujas.

Ningún juez argentino tiene derecho a indagar en las fuentes que utiliza un periodista. Lo prohíbe la Constitución. Y esto es así porque la libertad de prensa es un valor fundacional de la Nación desde 1810.

*Periodista y editor de El Tribuno 


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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