JOSÉ MARTÍNEZ DE HOZ*
Hace apenas seis meses, crecía, y las expectativas eran alentadoras. La producción de hidrocarburos no variables aumentaba a tasas muy altas. En diciembre de 2019, la producción de shale oil era un 49% mayor respecto de diciembre de 2018 y la de shale gas se había incrementado un 257 por ciento.
Uno de los temas de discusión durante 2019 era la necesidad de expandir la capacidad de los oleoductos y gasoductos para poder transportar en los años venideros los volúmenes crecientes que se esperaban desplazados, pues era previsible un agotamiento de la capacidad de transporte disponible en un período muy breve. Existía consenso en que el desafío consiste en superar los límites de consumo del mercado argentino mediante el acceso a los mercados globales, cuya mayor demanda podría tener un desarrollo a gran escala de Vaca Muerta.
En línea con esa preocupación, YPF había comisionado en Bahía Blanca una planta piloto flotante de GNL y otros operadores afectados en análisis proyectos ambiciosos. Paralelamente, el Gobierno había convocado a una licitación pública para construir y operar un gasoducto troncal que conecta las áreas productoras de Vaca Muerta con el litoral industrial, consistente en un proyecto de u $ s 1800 millones.
Ni siquiera la elección de un nuevo gobierno, consideró previsiblemente más intervencionista, había detenido los planos de expansión. De hecho, ya antes de asumir las nuevas autoridades, existen conversaciones en curso con el sector privado acerca de un nuevo marco regulatorio que estableciera bases jurídicas creíbles que permiten viabilizar proyectos de inversión a gran escala de largo plazo.
En marzo, el Covid-19 llegó a la Argentina y, junto con él, una batería de medidas que incluyeron cuarentenas y severas restricciones al desplazamiento y transporte de personas y mercadería, y cierres o restricciones de actividades industriales y comerciales. Ello derivó en caídas abruptas de la actividad económica (26,4% interanual en abril), desplome estimado del PBI para el año en curso de aproximadamente 9% y parálisis de muchas actividades. El consumo de combustibles cayó en términos interanuales en un 48,5%, lo que impactó en una reducción de la demanda de petróleo crudo de aproximadamente un 30%, y una reducción de su precio, tanto en el mercado internacional como en el doméstico.
El 19 de mayo, el Gobierno dictó un decreto fijo hasta el 31 de diciembre de 2020, un precio sostenido de u $ s 45 por barril, un nivel muy superior al prevaleciente en dichos mercados. Esta norma no ha sido una medida idónea para resolver la crisis del sector. A diferencia de otros contextos históricos, en que los actores de la industria acordaron lo que entonces se denominó el precio del "barril criollo", que era superior al prevaleciente en el mercado internacional, en esta ocasión, el problema se originó en la sobreoferta de petróleo crudo, como consecuencia de las medidas mencionadas. Lo que, a su vez, deriva en la dificultad, cuando no es imposible, para los productores no integrados de colocar su producción, más aún a precios que el mercado no puede ni está dispuesto a pagar.
Lo importante es prepararnos para cuando finalice o se atenúe las medidas asociadas a la pandemia que hoy afecta a la economía. ¿Qué hacer al día siguiente del día después?
Para salir de esta profunda crisis económica, la Argentina necesitará del aporte de todos los sectores económicos. El sector petrolero, en general, y Vaca Muerta, en particular, pueden convertirse en un motor generador de actividad y divisas de exportación que muy específicamente necesita el país, así como para recuperar la recaudación impositiva.
La viabilidad de proyectos a gran escala para desarrollar los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta, incluyendo la construcción de infraestructura de transporte y potenciales plantas de licuefacción de GNL, requiere la existencia de un marco regulatorio que elimine, al menos, para esta clase de proyectos , los tres riesgos fundamentales asociados a nuestro historial: retenciones o impuestos a las exportaciones; restricciones a las exportaciones de hidrocarburos (fundado en los requisitos del mercado local); y regulaciones cambiarias, que afectan el libre flujo de capital, remesas de utilidades y pago de deuda financiera, entre otros conceptos.
Si bien el éxito de un nuevo marco regulatorio dependerá del panorama institucional y macroeconómico de la Argentina, y del éxito de las políticas gubernamentales en la reconstrucción de la confianza, incluyendo las necesidades para recuperar la solvencia fiscal, disminuir la inflación, lograr una moneda estable y una presión fiscal sustentable, la aprobación de un marco legal como el descripto sería un requisito importante cuyo efecto positivo no debería subestimarse.
*Abogado en Martínez de Hoz y Rueda
