El 14 de enero pasado, la Corte de Apelaciones de Copiapó dictó orden de no innovar suspendiendo la polémica licitación del litio, uno de los primeros frentes de conflicto entre el gobierno de Sebastián Piñera y la futura administración de Gabriel Boric.

Días atrás, en ese tribunal, el Ministerio de Minería sostuvo que el proceso no está terminando, detallando que faltan varias etapas antes de que comience su extracción.

El ejecutivo adjudicó a las empresas BYD Chile SpA (automotora china) y Servicios y Operaciones Mineras del Norte (grupo Errázuriz) la explotación de 160 mil toneladas de litio en Chile por US$ 60 y US$ 61 millones, respectivamente, durante 20 años el 12 de enero.

Ese mismo día el presidente electo, Gabriel Boric, calificó la decisión como una “mala noticia”. “Me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones y que finalmente amarran a todos os chilenos en este caso, si mal no recuerdo, por 20 años”, sostuvo.  Esas críticas las refrendó después en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade).

Primer cruce. El miércoles 5 de enero, representantes del presidente electo se reunieron con el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet para plantearle sus reparos con el proceso, especialmente en torno a la aprobación ambiental de los proyectos y la relación con las comunidades. “Las vamos a considerar (…) y esperamos, muy pronto, tener una respuesta más concreta que nos permita ojalá poder avanzar, destrabar este tema”, dijo el secretario de Estado.

En el encuentro, participaron los próximos ministros Izkia Siches (Interior) y Willy Krach (Minería) además de Diego Pardow.

Dos recursos de protección. La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió dos recursos de protección en contra de la licitación del litio, dictó orden de no innovar y suspendió todo el proceso el 14 de enero. Un recurso fue presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, y el otro por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote.

Ambos sostienen que la licitación pone en riesgo la vida de los habitantes de Atacama, la viabilidad del Salar de Maricunga, cuestionan los plazos y acusan de no contemplar “ni siquiera” la consulta indígena.

Reposición. El 18 de enero, el gobierno intentó frenar los recursos de protección, a través de una reposición, que no fue aceptada por la justicia.

La reposición fue presentada por la abogada María Luisa Baltra, en su calidad de subsecretaria (s) de Minería, quien sostuvo que “mantener la suspensión en los términos que fuera decretada puede sentar un peligroso precedente que pondrá en riesgo otras licitaciones por parte de los órganos de la administración en las que se invoquen la necesidad de obtención de informes que son improcedentes”.

Las acciones legales siguieron su tramitación en la Corte de Apelaciones.

Gobierno, todavía falta. El martes (7/2), el subsecretario de Minería Edgar Blanco ingresó un informe que busca paralizar los recursos de protección.

Allí, el ejecutivo aclaró que la licitación es sólo “un acto administrativo” y que no todo está dicho en torno a la licitación. Especificó que faltan una serie de trámites y procedimiento como la toma de razón por parte de la Contraloría y además “someter los proyectos de inversión a las instancias reguladoras respectivas”: desde la autorización de Cochilco al contrato de explotación, pasando por la evaluación ambiental, participación ciudadana, consultas indígenas, y el pronunciamiento del Gobierno regional y los municipios donde se instalen las faenas.

“No procede el recursos de protección interpuesto debido a que afecta un acto que forma parte de un procedimiento que todavía no termina”, se puede leer en el documento del subsecretario Blanco.

En cualquier parte de Chile. En su contestación, Minería sostuvo que la licitación no estaba atada a un territorio geográfico particular, sino que la extracción de las 160 mil toneladas de litio puede realizarse en cualquier parte del país.

De esa forma, respondió a las aprensiones de los dos recursos de protección para que las empresas pudieran comenzar a explotar el salar de Maricunga, zona que fue declarada Zona de Interés Turístico (ZOIT) en 2006, y que además está ubicado a los pies del volcán activo más alto del mundo, Ojos del Salado, lo que generaría un riesgo sísmico.