PEDRO FRANCKE *

La minería es primordial para el desarrollo del Perú. Es el principal generador de divisas y fuente de financiamiento del tesoro público. Para cerrar las brechas sociales nuestro país requiere de los recursos provenientes de la minería.

Hoy, que el mundo pasa por un nuevo período de precios históricamente altos de los minerales, esa oportunidad es mayor aún. Por esa razón necesitamos cambiar el régimen fiscal minero buscando dos objetivos: (i) mantener su competitividad para que se sostengan las inversiones y (ii) maximizar los tributos que el Estado puede obtener de los ingresos extraordinarios por el aumento de los precios. El Ministerio de Economía y Finanzas está recibiendo la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene información de todos los países, para plantear una reforma que cumpla con ambos objetivos.

Ingresos extraordinarios

Los precios de exportación de nuestros principales minerales empezaron a subir en abril del 2020. Desde esa fecha hasta setiembre de este año, el 27,9% del total exportado provino de ese mayor precio, es decir, unos US$ 13.673 millones adicionales por ese efecto.

¿Hay entonces espacio para aumentar la progresividad del régimen fiscal? Recordemos que en el 2011 se produjo un cambio con ese mismo objetivo, y que esa modificación ha permitido que hoy estemos recibiendo más ingresos por las mayores exportaciones. La pregunta entonces es si, preservando ese esquema, ¿hay espacio para una participación adicional del Estado?

De acuerdo con informes preliminares del FMI, el sistema fiscal peruano para la minería es competitivo internacionalmente, con una carga menor o similar a otros países ricos en recursos naturales. En paralelo, el Perú tiene ventajas comparativas geológicas y costos de producción menores respecto a países como Chile y Canadá.

En este sentido, sí hay espacio para mejorar la participación del Estado en las ganancias mineras sin afectar su competitividad, y enfocando la mayor progresividad en las grandes empresas, que son las que tienen los menores costos promedio de producción. En este punto es importante precisar que el esquema fiscal minero excluye a la artesanal y a los pequeños productores. En el 2020, solo 69 empresas estuvieron afectas a dicho régimen.

¿Nos podemos dar el lujo de posponer esta reforma?

Según el BCR, los términos de intercambio alcanzarían el punto más alto de los últimos 20 años entre el 2021 y el 2022, superando los registrados en el boom anterior. Además, se espera que la tendencia global a una transición energética que se aleja de los combustibles fósiles aumentará la demanda y el precio de metales como el estaño y, sobre todo, el cobre. Para el mediano y largo plazos se estima que la cotización del cobre se mantendrá -aproximadamente- un 25% por encima de su cotización del 2020.

Debemos preguntarnos entonces si los excedentes del próximo año derivados de los mayores precios de los minerales deben compartirse en una mayor proporción entre las grandes empresas y el Estado, o permanecer solo en las primeras, la mayoría de ellas transnacionales.

Recordemos que ya en el 2006-2012, cuando se registró otro ciclo de precios altos, no pudimos aprovecharlo en su totalidad porque el actual esquema fiscal se creó recién el último trimestre del 2011.

Esta vez, no hemos aprovechado en su totalidad el 2020 y el 2021. ¿Perderemos también los siguientes años?

Una apuesta compartida

La reforma tributaria trasciende al actual gobierno. Debería ser una prioridad compartida del Estado en la medida en que es un instrumento esencial para financiar el cierre de brechas sociales. El Presupuesto Público 2022, aprobado en el Congreso con 116 votos a favor y solo 2 en contra, es una muestra palpable de ello. Las demandas adicionales para proyectos de inversión pública -que no fue posible incorporar- sumaron los S/ 60.000 millones. Y la brecha de infraestructura del país alcanza los S/ 100.000 millones.

Recordemos que más del 90% de colegios no cuentan con infraestructura adecuada; que el 75% de centros de salud del primer nivel de atención tampoco cuenta con la capacidad necesaria; y que el 50% de hospitales tampoco. Solo por poner algunos ejemplos.

Este 2021 la inversión pública alcanzará el récord histórico de S/ 36.000 millones de ejecución, superando el pico del 2018, previo a la pandemia. Esa mejora es producto de políticas y acciones tomadas en los últimos gobiernos. Una de ellas, la asistencia técnica del MEF a gobiernos regionales y locales, a la cual le estamos poniendo mayor énfasis y recursos, y que reforzaremos el próximo año con una nueva propuesta de fortalecimiento de la gestión descentralizada.

Además, la propia reforma, propuesta al Congreso y que esperamos se apruebe las próximas semanas, contiene medidas importantes en la misma dirección. Por ejemplo:

+ Replicar el exitoso modelo utilizado para los Juegos Panamericanos para las grandes obras de infraestructura.

+ Ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para obras de ampliación, rehabilitación y reposición, para obras de Emergencia Nacional, así como para la operación y mantenimiento. Así, por ejemplo, los mayores impuestos de la minería no tendrían que ser trasladados todos al Estado. Las empresas contarán con más recursos que podrían ser invertidos en sus propias zonas de influencia.

+ Simplificar y facilitar la tramitación de inversiones públicas y privadas en entidades del Estado, así como el destrabe de obras paralizadas.

Hoy que una nueva ola del Covid-19 ensombrece al mundo, debemos coincidir en la necesidad de asegurar mayores recursos para fortalecer la salud pública y para cerrar las enormes brechas sociales que la propia pandemia se encargó de enrostrarnos.

El momento para la reforma tributaria es hoy.

* Ministro de Economía y Finanzas de Perú