Según la Defensoría de Pueblo, hasta octubre, Perú registra 198 conflictos sociales de los cuales el 75% están activos. Loreto, Cusco y Áncash concentran la mayoría de casos, casi todos relacionados con problemas ambientales, donde las comunidades demandan la protección de sus tierras y evitar casos de contaminación.

En estos días, la protesta principal ocurre en Loreto. Desde el 1 de octubre se acata el paro amazónico que pide obras básicas, remediación y control de posible contaminación ambiental. Los indígenas han tomado dos estaciones y cuatro lotes petroleros e, incluso, han amenazado con "desmantelar" la Estación 5.

“Si no hay posición, voluntad política de señor presidente de la república, nosotros vamos a estar movilizados, totalmente. Nuestra medida va a continuar hasta que haya solución”, dijo el apu Tito Tuyasa, de la etnia awajún.

El resumen de la tensión social en Loreto es el siguiente: la Estación 5 está tomada desde el 4 de octubre por el pueblo indígena awajún. Asentados en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, piden atender "problemas" de contaminación ocasionados por las petroleras.

Además, la Estación 1 se encuentra tomada por el pueblo indígena urarinas, que pide "proyectos inmediatos" en beneficio de las comunidades nativas Saramuro y Saramurillo. Ambas en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto.

En el Lote 192, las comunidades piden proyectos inmediatos para resolver problemas de salud, educación y agricultura. Se sitúan en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón. Mientras que en el Lote 67, las comunidades nativas piden proyectos de desarrollo para sus comunidades, también salud, educación y agricultura, en el distrito de Napo, provincia de Maynas.

Finalmente, en el Lote 95, la comunidad nativa pide desarrollo de obras para sus comunidades en el distrito de Puinahua, provincia de Requena. Asimismo, en el Lote 8, tres comunidades nativas piden obras para sus comunidades en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.

Chumbivilcas otra vez

Otro conflicto ocurre en la provincia de Chumbivilcas, donde la paz duró solo quince días desde que las comunidades llegaran a un acuerdo con el gobierno y la empresa MMG Las Bambas. Nuevamente, el corredor minero del sur ha sido bloqueado, según los manifestantes, por incumplimiento del Estado.

“El Estado que no le presta mucha atención a este problema. Al parecer, el Estado solo reacciona cuando ya hay la toma de vías. Sin embargo, vienen, llevan su acta y fotografías, y no se aparecen hasta que otra vez hay una reunión u otra vez hay toma de vía”, manifestó Víctor Villa, asesor de las comunidades campesinas de Chumbivilcas.

El paro ya cumplió siete días. Los dirigentes de las 10 comunidades campesinas no llegaron a acuerdos con representantes de la empresa minera MMG Las Bambas y esperan ser convocados a una nueva reunión.

A través de un comunicado, las comunidades anunciaron la interrupción de las mesas de diálogo y acusaron a la minera MMG Las Bambas de no avanzar en las conversaciones sobre el impacto ambiental de su operación, así como la integración de las comunidades a la cadena de valor de la empresa.

Los ronderos "toman" Trujillo

En La Libertad, los ronderos acatan una paralización indefinida contra el alza de los precios de los fertilizantes, entre otras demandas, desde el lunes 22. La protesta empezó con bloqueos en la carretera que va de Trujillo hacia la sierra de la región y que atraviesa las provincias de Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz.

Sin embargo, desde el martes, los ronderos trasladaron su manifestación hacia la carretera Panamericana Norte, específicamente a la salida sur de la ciudad de Trujillo. Al ser una vía nacional que conecta las ciudades del norte (Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, entre otras) con Lima y el sur del país, el impacto es mayor. El paro se "siente" más.

Los ronderos tomaron la Panamericana Norte desde la noche del miércoles, en el kilómetro 557, en el cruce al distrito de Salaverry en la provincia de Trujillo. Esto ha generado que decenas de vehículos, entre ellos buses de transporte interprovincial, queden varados.

"Me iba a Lima a visitar a mi esposa que está delicada de salud y me encuentro con esto. Todos los pasajeros tenemos problemas, pero unos cuantos quieren obstruir la pista para no pasar", dijo un pasajero que abordó un bus desde Cajamarca con rumbo a Lima.

Otro pasajero, identificado como Fernando Chacón, dijo lo siguiente a RPP Noticias: "Está muy bien que reclamen, pero deben ir a Lima a reclamar a Palacio de Gobierno. Ellos (los manifestantes) han votado por ese señor (Pedro Castillo), lo han elegido y no pueden perjudicar a tanta gente que está viajando. Hay niños, madres, gente que tiene que trabajar, tiene obligaciones. Que vayan a Lima a reclamar y no perjudicar a la gente".

El miércoles (24/11) llegó a Trujillo un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Bedoya Garcia, para instalar una mesa de diálogo. Pablo Haro, presidente de la Centra Única de Rondas Campesinas de La Libertad, dijo que esperaban la llegada de la premier Mirtha Vásquez o incluso, el presidente Pedro Castillo, para iniciar el diálogo.

Mirar más allá

¿Pero, a qué se debe la reactivación de varios conflictos sociales? Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, habla de una "acumulación" de casos de tensión social en el Perú.

“Nos enfrentamos a una conflictividad que estuvo acumulada, con un escenario también de inestabilidad política. Y también una expectativa mayor de los dirigentes, porque el Estado, pueda hacer de que sus demandas se puedan cumplir”, indicó.

La falta de capacidad del gobierno para resolver estos conflictos podría ocasionar que los inversionistas ya no vean al Perú como un país estable y atractivo, según Marcel Ramírez, economista y especialista en gestión de políticas públicas.

“Los inversionistas están buscando dónde seguir trabajando. Entonces, el país que tenga reglas de juego cambiante, versiones diferentes de un día para otro, y no se establezca una visión clara de futuro, por ejemplo, para la minería en este caso, le va a restar competitividad a la larga”, apuntó.

Según la Defensoría, 90 de los 198 conflictos sociales cuentan con un proceso de diálogo, es decir, menos de la mitad. Tarea pendiente para el gobierno.