La consultora de capitales Jefferies dijo que si gana Castillo existe el riesgo del inicio de un "nacionalismo minero"
CARLOS BESSOMBES/La República
Al cierre del 2020, la recaudación tributaria proveniente de la minería sumó S/ 5.907 millones, un claro descenso respecto a un año atrás, es decir, antes de la llegada al Perú del Covid-19.
Ya en el primer trimestre de este año este concepto ascendió a S/ 3.151 millones, 57% más respecto a similar periodo del 2020, ello debido a los mejores precios de los minerales en el mercado internacional.
Pero también es cierto señalar que las devoluciones al sector minero al término del 2020 fueron de S/ 5.123 millones; mientras que en el primer trimestre del 2021 a este sector se le devolvió S/ 1.238 millones.
Es bajo ese contexto que, ad portas de un nuevo gobierno, el rol de la minería vuelve a discutirse desde dos propuestas opuestas, pero que, en teoría, apuntan a un mismo horizonte: el bienestar colectivo.
Desde “Rescate 2021”, como denomina Fuerza Popular a su plan de gobierno, se propone armonizar esta actividad extractiva con el desarrollo agrario y agropecuario, “para lograr así una sana convivencia entre estos sectores productivos”.
En recientes declaraciones, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, ha destacado que se buscará que ambos sectores (minería y agricultura) trabajen de manera armónica. “Lo haremos priorizando el agua, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura y ganadería, y en último lugar para las actividades extractivas”, adelantó.
La propuesta de Perú Libre en el ámbito minero pasa por la estatización o nacionalización de los principales yacimientos. “Es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso”.
En ese sentido, se señala que el Estado debe tomar el control total sobre los sectores que generan riqueza inmediata.
Bajo la mira de este plan se encuentran los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, entre otros, lo mismos que al ser nacionalizados pasarán descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales.
Sin embargo, según recientes declaraciones de representantes de Perú Libre, la propuesta tendería a moderarse y se optaría por una renegociación que favorezca a las poblaciones donde están involucradas las operaciones mineras.
Justamente, renegociar con el sector minero y no estatizar es una propuesta más acertada en opinión de Jorge Maco Zaconetti, investigador de la UNMSM.
“Gane quien gane es una oportunidad para cambiar. No se puede seguir con lo mismo”, advirtió.
La minería, si bien es la actividad que mayores montos de inversión compromete, también es el sector que menos contribuye en términos relativos a la recaudación y ello debido al gran número de partidas deducibles (del impuesto a la renta) con las que cuenta.
“No hay punto de comparación entre los ingresos, es decir, la utilidad antes de impuestos que genera la minería y lo que capta el Estado. Se deben renegociar los contratos mineros en lo referente al tratamiento tributario”, aseveró el experto.
De acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales correspondiente a marzo del 2021, de la Defensoría del Pueblo, se reportó 194 conflictos sociales registrados (143 activos y 51 latentes). Loreto, Cusco y Áncash concentran la mayor parte de ellos.
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,4 %). Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64,0% o 80 conflictos.
Un hecho no menor y que advierte la Red Muqui es que no solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina–Huari, Ancash; Las Bambas–Cotabambas y Grau, Apurímac; Antapaccay–Espinar, Cusco; Constanza–Chumbivilcas, Cusco; Toquepala–Jorge Basadre, Tacna; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga -en las provincias de Cajamarca y Celendín-; Río Blanco -en Ayabaca y Huancabamba, Piura– ; y Tía María –en la provincia de Islay, Arequipa-.
Para Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, la conflictividad socioambiental no es necesariamente el factor crítico para explicar la alta votación de Pedro Castillo.
“Un factor explicativo son las condiciones de carencia, de ausencia del Estado, de una sensación de distancia o brecha con relación a otras zonas del país. Por más que haya recursos disponibles, la capacidad de transformarlos en obras y recursos es limitada. La empresa minera no puede resolver eso, es un tema del Estado”, aseveró.
Políticas públicas, entre ellas la territorial, que abarquen aspectos integrales, podrían mitigar no solo la conflictividad, sino los índices de corrupción en las regiones mineras, señala.
“La conflictividad expresa otros problemas, los conflictos son el síntoma, no el problema. Siempre hay más preocupación sobre cómo generar más inversiones y no está mal, es importante, pero sin lo otro vamos a volver al círculo de proyectos que se paralizan. Sin atacar el problema de fondo, el conflicto va a regresar”, subrayó el especialista.
Manco recordó que cuando en 2011 se renegoció el nuevo marco tributario minero se anunció que se captarían S/ 3.000 millones adicionales al IR. Esta meta no se logró. En 2015, cuando grandes proyectos mineros salieron, el IR, en vez de aumentar, descendió.
Las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (presentado en febrero del 2020) sería un punto de partida para dar solución a varios de los temas antes mencionados, sugirió Iván Lanegra.
REUTERS
El candidato favorito para la presidencia de Perú quiere nacionalizar los sectores estratégicos y reescribir la Constitución en el país, elevando los riesgos para la inversión minera en el segundo mayor productor mundial de cobre que podrían impulsar aún más los precios del metal rojo.
Ejecutivos y analistas de la industria minera dijeron que el postulante que lidera las encuestas para la segunda ronda electoral de junio, Pedro Castillo -un profesor que usa sombrero de ala ancha y que ha ganado el apoyo de las regiones pobres-, representa una amenaza incierta para el clave sector minero.
El favorito tiene un 42% de intención de voto, 11 puntos porcentuales por encima de su rival de derecha Keiko Fujimori, la hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori que busca por tercera vez ganar la presidencia en un balotaje.
"Castillo no esta moderando en absoluto su posición y pareciera que no lo va hacer", dijo a Reuters el presidente de directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, quien agregó que ningún candidato debe ser visto como un "enemigo" del sector y que el diálogo es clave.
Pero refirió que Castillo tiene un perfil más radical que el ex mandatario Ollanta Humala, un militar retirado que moderó su retórica antisistema y tras deslindar de líderes izquierdistas como el venezolano Hugo Chávez ganó la presidencia el 2011.
"El radicalismo de este señor Castillo es mayor que la de Humala y le va ser mas difícil cambiar", afirmó Benavides.
"Si bien el resultado de la próxima ronda electoral puede no afectar significativamente los volúmenes de las minas existentes en el país inicialmente, es probable que aumente la prima de riesgo para invertir en Perú", dijo.
"Un mayor riesgo significa menos inversión, menos oferta a lo largo del tiempo y un precio del cobre más alto", agregó la consultora.La consultora de capitales Jefferies dijo en un reporte que si gana Castillo existe el riesgo del inicio de un "nacionalismo minero" y si triunfa Fujimori podría significar mayores regalías e impuestos para el sector.
Perú abastece alrededor del 11% a la producción global de cobre, solo superado por su vecino Chile. El sector minero local se vio afectado el 2020 por el brote del coronavirus, y aunque para este año ya recuperó producción a niveles antes de la pandemia, una segunda ola puede golpear otra vez al país andino.
En Perú, también segundo mayor productor mundial de plata y zinc y sexto de oro, operan minas globales como Freeport McMoRan, el grupo MMG Ltd, Aluminum Corp, Newmont Corp, Barrick Gold y Southern Copper del Grupo México GMEXICOB.MX, entre otras.
Urge consensos. El rival de Castillo es Keiko Fujimori, que plantea mantener el modelo económico de libre mercado en marcha desde hace tres décadas, periodo en que el país creció a una de las tasas más altas de América Latina, pero que el año pasado se contrajo un 11,2%, el peor desempeño en tres décadas por el coronavirus.
Fujimori es investigada por lavado de activos, cargo que ella niega, y su partido Fuerza Popular mantuvo un duro enfrentamiento con el gobierno anterior que llevó a una crisis con la disolución del Congreso y destitución de un presidente.
"Si queremos tener crecimiento, y que sea sostenible, tenemos que buscar dialogar y consensuar", dijo a Reuters el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz, un referente en el clave sector del país.
Gobitz, que también es presidente y gerente general de la mina local Antamina controlada por BHP y Glencore, dijo que se ha llegado al escenario de posiciones extremas por años de confrontación política y también de crisis económica por los efectos de la pandemia del coronavirus.
"Esa es una lección aprendida de lo que no se debe hacer", afirmó. "Aspiramos que pase un poco el discurso de la plaza en la búsqueda del voto y venga la reflexión", agregó Gobitz, que dijo que habló sólo como representante del gremio profesional.
Perú tiene actualmente una cartera de inversiones mineras por US$ 56.000 millones, la mayoría proyectos de cobre. Algunos de ellos se encuentran retrasados por la oposición de comunidades que temen contaminación de sus tierras o reclaman mayores beneficios por la explotación de los recursos.
La minería es clave para la economía local porque concentra el 60% de todas las exportaciones del país sudamericano.
Sobre las propuestas de cambios a la actual Constitución, el ejecutivo Benavides refirió que es una posibilidad, pero no como plantea Castillo. "Lo único irreversible en la vida es la muerte y seguramente se puede mejorar la Constitución de 1993, pero me parece ocioso pensar en una nueva Carta Magna", dijo.
"Si es que el señor Castillo y la señora Fujimori quieren conversar con los gremios empresariales representativos de las distintas industrias, se debe dar ya ese diálogo", señaló.
