“No vamos a dialogar si nos condicionan a algo”, dijo Adán Damián, presidente de Aquia
Producto de un diálogo arduo y sincero entre una comitiva del Gobierno y los representantes de la comunidad campesina de Aquia San Miguel de Aquia (distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, región Áncash) se acordó la suspensión de la protesta y del bloqueo que se venía realizando en esa localidad contra la empresa minera Antamina.
La tregua se hará efectiva a partir de mañana, cuando llegue un representante de la empresa Antamina para coordinar la conformación de un espacio de diálogo. De igual forma, la comunidad ha solicitado la presencia del presidente ejecutivo de la minera, Víctor Gobitz, para abordar las demandas que han manifestado en los últimos días.
La comitiva multisectorial del Gobierno fue liderada por el Ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y por la Ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, quienes estuvieron acompañados del Viceministro de Minas, Jorge Chávez; de la Viceministra de Transportes, Verónica Cáceres; del Viceministro de Orden Interno, Óscar Rabanal, y por funcionarios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En el acta suscrita con los representantes de Aquia, se acordó también instalar una Mesa de Diálogo de Alto Nivel en los próximos días, con los representantes del Gobierno y de la empresa.
El ministro Eduardo González se comprometió a seguir trabajando de la mano con el pueblo y con la empresa para que se cumplan los compromisos asumidos. También destacó que el acuerdo permitirá restablecer el orden público en la zona y el libre tránsito de las personas, mientras se trabaja de forma coordinada en las soluciones a la problemática de la comunidad.
INVERSIONES EN RIESGO
Cinco inversiones mineras están en riesgo ante la ola de violencia -que ha llegado incluso a la quema de instalaciones como en la minera aurífera Apumayo en Ayacucho- sin que, hasta el momento, la administración Castillo tome medidas/acciones concretas para evitar el daño a la propiedad y liberar las carreteras tomadas, que afecta el libre tránsito.
En esta situación se encuentran Antamina y Las Bambas cuyas operaciones han paralizado. A lo que suma la Unidad Minera Uchucchacua de Compañías de Minas Buenaventura.
En el caso de Antamina -que decidió suspender sus operaciones el domingo pasado- el conflicto empezó el domingo 24 de octubre cuando la comunidad campesina Aquia inició un paro contra la minera por una presunta usurpación ilegal de tierras e incumplimiento de su responsabilidad social. A esta medida de fuerza se sumaron en el transcurso de la semana los pueblos el corredor minero, publicó Gestión.
Mientras que en Las Bambas, el 18 de octubre a se inició un nuevo bloqueo en el Corredor Vial Sur, la que estuvo tomada por 10 días. El último miércoles se logró un nuevo acuerdo con las comunidades campesinas de Cotabambas y Progreso en Apurímac.
Básicamente, las partes se comprometieron a relanzar el espacio de diálogo que había quedado quebrado tras la renuncia del exprimer Guido Bellido, lo que había motivado la reanudación de las protestas contra la mina.
En quincena de octubre, Minas Buenaventura informó que suspenderá temporalmente las actividades de explotación y procesamiento de mineral en la Unidad Minera Uchucchacua, ubicada en la provincia de Oyón (Lima). La minera tomó esta decisión ante la medida de fuerza que mantiene desde hace más de un mes la comunidad vecina de Oyón y que ha paralizado la producción de la unidad.
En Cusco, las comunidades des distrito de Livitaca, en Chumbivilcas, iniciaron un paro indefinido mediante el cual solicitan la firma de un nuevo convenio marco con la empresa minera Hudbay, que opera la mina Constancia. Actualmente existe un convenio que fenece en 2022 y según este acuerdo la minera debe entregar S/ 3.5 millones para obras comunales.
A esta medida se sumaron pobladores de al menos 10 comunidades campesinas del distrito de Chamaca quienes acusan a Hudbay de presunta contaminación ambiental por la presencia de una planta de procesamiento y un pozo de lixiviados de la mina Constancia.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, consideró que el conflicto de Antamina con los comuneros de Aquia (Áncash) está afectando a las inversiones en el Perú.
"Obviamente hay que poner orden, está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones, no se justifica la violencia", dijo tras ser consultado luego de juramentar nuevamente como titular del BCR.
Velarde no brindó mayores declaraciones, y solo señaló que es muy pronto para saber el impacto que tendría esta situación en la economía.
"No es la mejor noticia para la empresa minera, ahora las consecuencias que podría tener es muy pronto para saberlo", agregó.
Cabe mencionar que, según el presidente de Antamina, Víctor Gobitz, esta paralización de las operaciones de la minera implicaría pérdidas de entre US$ 10 millones y US$ 14 millones diarios.
Actualmente Antamina es la primera productora de zinc y representa el 18% de las exportaciones de cobre, equivalente a US$ 4,500 millones al año.
Impacto a la economía
En diálogo con Gestión, el director de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), Carlos Gálvez, calificó como “una tragedia” la ola de violencia desatada en contra de la inversión minera ya que -más allá de los impactos económicos- mella la imagen del Perú a nivel internacional y la posibilidad de atraer nuevas inversiones, en un momento clave para la economía peruana, que está en plena recuperación de los efectos del COVID.
“El daño numérico (en impuestos sin recibir) tiene poca relevancia con la imagen internacional del Perú para la llegada de inversiones. Nadie en su sano juicio va a mirar al Perú como un destino de inversiones -valga la redundancia- si la actividad más importante está amenazada, paralizándose y ante los ojos impasibles del Gobierno porque no está haciendo nada y parece muy cómodo con esta situación”, refirió.
Recordó -por ejemplo- que Las Bambas empezó a producir recién hace cinco años, de los cuales prácticamente un año entero ha sufrido interrupciones por la toma de carreteras. “Las Bambas ha hecho su mejor esfuerzo por evitar paralizar la actividad productividad ante la absoluta impasividad del Estado, que es lo preocupante”.
Para el empresario minero lo que les genera aún más preocupación es que está situación de pasividad de la administración Castillo está generando la postergación de proyectos y paralización de operaciones, en momentos que el ministro de Economía presenta su proyecto de reforma tributaria, para elevar el impuesto a la renta que paga el sector minero. “No se entiende. No hay ninguna lógica”, comentó.
“A quién les va a cobrar si está situación está espantando a todos. No entienden o no quieren entender. Quien pierde es el Perú”. alertó.
Francke apunta a elevar la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a las empresas mineras con más del 80% o 90% de margen operativo. Al respecto, el también expresidente del gremio minero energético consideró que las facultades que está solicitando el titular de Economía “no son para mejorar las condiciones de recaudación o las condiciones para cobrar impuestos sino que está pidiendo facultades para modificar las tasas de impuestos, lo que es absolutamente inaceptable”.
En opinión de Gálvez si a ello se apunta, entonces el ministro debería definirlo conjuntamente con el Congreso. “Esta claro que no quieren tener ningún control político”, reiteró. Añadió que ya existe una escala de impuestos en función a los márgenes de utilidad operativa como ocurre con el Gravamen Especial a la Minería creado el 2011 y que se aplica sobre la utilidad operativa trimestral y la tasa efectiva se establece en función al margen operativo.
“Eso ya vio en el año 2011, en situación de bonanza de precios. En estos momentos se recauda casi el 50% de la renta generada en favor del Estado y si los precios/márgenes suben más, serán más alto. Esto ya está previsto y el ministro lo sabe. Lo que tiene que hacer es reactivar la economía, fomentar la inversión y atraer capitales para generar más actividad económica con lo cual habrá más utilidades y con ello más impuestos”, mencionó, según informó Karen Guardia de Gestión.
QUÉ PEDÍAN LAS COMUNIDADES
Adán Damián, presidente de Aquia y líder de la comunidad rural de Perú que protesta contra la mina de cobre Antamina, anunció que no levantará el bloqueo de la carretera utilizada para el transporte del metal antes de entablar conversaciones con el gobierno o la empresa, que se ha visto obligada a suspender sus operaciones.
“No vamos a dialogar si nos condicionan a algo”, dijo Adán Damián, presidente de Aquia, una comunidad situada a unos 60 kilómetros de Antamina, por la que discurre una carretera clave y un mineroducto desde la mina de cobre, la más grande de Perú.
“El ministro (de Energía y Minas) nos dijo que levantemos la huelga, y la gente ha pegado un grito en el cielo”, afirmó a Reuters.
Antamina, controlada por Glencore y BHP Billiton, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero ha criticado a un “grupo minoritario” por presuntamente utilizar la violencia para imponer sus demandas.
Damián dijo que no se han involucrado en actos de violencia.
Los bloqueos de carreteras han afectado a la minera de cobre Las Bambas de MMG, al yacimiento Antappacay de Glencore y la mina Constancia de Hudbay Mineral.
El dirigente Damián manifestó que el problema principal en Aquia es que Antamina construyó una carretera y un oleoducto que atraviesa la comunidad hace unos 20 años, pero dijo que nunca había pagado por completo las tierras que usaba, una acusación que la empresa ha rechazado.
“Nuestra comunidad no cuenta con un convenio marco, que regule las contraprestaciones por brindarles facilidad de acceso a nuestra comunidad”, escribieron los líderes de Aquia a Antamina en setiembre, según una carta compartida con Reuters por Damián.
“No existe ningun beneficio a nuestro favor”, agrega la carta, que dice que la empresa había perdido su “legitimidad social”.
Las denuncias contra Antamina se hacen eco a las formuladas contra Las Bambas a principios de este año, donde las comunidades a lo largo de una vía utilizada por la mina también demandaron beneficios por su uso.