Las demandas de las comunidades locales afectan a las mineras Antamina, Las Bambas, Constancia y Antapaccay
Los residentes peruanos que viven cerca de la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd acordaron el miércoles levantar un bloqueo de carreteras que afecta los envíos de metal de la compañía, luego de una reunión pública con la primera ministra Mirtha Vásquez.
En la reunión, Vásquez dijo que Las Bambas comenzaría a transferir fondos fiscales a la región donde se encuentra la mina en enero, una demanda clave de los residentes que dicen que la riqueza mineral local no se ha traducido en mejores condiciones de vida.
“Como muestra de buena fe, les pedimos que despejen las carreteras”, dijo Vásquez en la reunión con vecinos de la provincia de Cotabambas.
Las Bambas aún tiene que pagar las transferencias de impuestos porque, según la ley peruana, esos fondos solo vencen después de que la empresa recupere su inversión inicial. Si bien Las Bambas inició operaciones en 2016, su inversión inicial fue de $ 10 mil millones.
MMG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si los envíos se habían reanudado o cuándo se reanudarían.
Las Bambas es la cuarta mina de cobre más grande de Perú, responsable de alrededor del 2% del suministro mundial.
Vásquez es un abogado que en el pasado ha defendido a comunidades rurales en conflictos con empresas mineras, incluida la provincia de Cotabambas en su prolongada disputa contra Las Bambas.
“Somos realmente conscientes de que todas sus demandas son legítimas y que debemos tratar de resolverlas”, dijo durante la reunión.
BLOQUEOS SIN RESOLVER
La minera Antamina, la mayor productora de cobre de Perú controlada por Glencore y BHP Billiton, informó que manifestantes bloquearon una carretera usada por la compañía, en la última de una serie de protestas contra importantes yacimientos desde que el presidente de izquierda Pedro Castillo asumió al poder.
A este conflicto se suma la protesta de comunidades desde el lunes (25/10) contra Constancia de Hudbay Minerals.
La mina de cobre Antapaccay, de Glencore, había enfrentado a inicios de octubre un bloqueo, que fue suspendido tras acordar con las comunidades vecinas el inicio de una "nueva etapa" de diálogo para atender sus demandas.
Estas cuatro minas representan poco más del 40% de la producción de cobre de Perú, el segundo mayor productor mundial del metal rojo, según el Ministerio de Energía y Minas.
Las protestas subrayan las expectativas que el presidente Castillo, tras llegar al poder con un abrumador apoyo de los residentes cercanos a las regiones mineras, ha generado entre las comunidades que dicen que aún no se benefician de la explotación de los recursos naturales de Perú.
"Rechazamos que grupos minoritarios pretendan institucionalizar la acción violenta e ilegal como mecanismo de presión, atentando contra el Estado de Derecho y la paz social que necesitamos", dijo Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el gremio empresarial que representa los intereses de las empresas mineras.
Antamina informó que manifestantes habían bloqueado una carretera a 60 kilómetros de la mina ubicada en la región norte andino de Ancash, alegando que la empresa no había cumplido con ciertos compromisos sociales, lo que la mina niega.
"Antamina invoca a las autoridades regionales y nacionales a que nos ayuden a retomar el diálogo en un clima de paz social y entendimiento recíproco", dijo la firma en un comunicado.
Si bien no se espera que el bloqueo afecte la producción de Antamina que usa un "mineroducto" para transportar cobre desde los Andes hasta la costa, la protesta representa solo la última queja de las comunidades contra las grandes mineras.
En la protesta contra Las Bambas las comunidades han bloqueado el llamado "corredor minero" ubicado en la región de Apurimac, en el sur del país, y exigen la presencia del presidente Castillo para negociar un trato con la empresa.
En la mina Constancia de Hudbay Mineral, las comunidades de la provincia Chumbivilcas en Cusco -vecina de Apurimac- demandan atención del gobierno y la defensa de sus "derechos colectivos y ambientales" frente a la empresa, según el Observatorio de Conflictos Mineros, una organización local sin fines de lucro.
