JUAN SALDARRIAGA

El Ejecutivo se alista a renegociar los contratos del gas de Camisea, una iniciativa que no tendría por qué suscitar demasiada preocupación, salvo por el hecho de que podría derivar en una eventual intervención (nacionalización) del yacimiento cusqueño.

Las consecuencias para el país, si ocurriera esto, ya han sido advertidas por los especialistas en hidrocarburos: la inversión privada en gas y petróleo se detendría, y el país tendría que afrontar juicios millonarios de hasta US$30.000 millones, según estimaciones de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

Poco se ha dicho, sin embargo, sobre el impacto de esta decisión en el sector eléctrico y las tarifas de luz, ya de por sí castigadas por el alza en el tipo de cambio.

Y es que Camisea, amén de suministrar gas para las viviendas y el parque automotor, es también la principal fuente de energía para el sector eléctrico.

“Aproximadamente, el 40% de toda la electricidad que se produce en el país es generada con el gas natural proveniente de Camisea”, anota César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

Precisamente, esta entidad ha desarrollado una proyección de lo que podría acontecer con las tarifas de luz si el Gobierno interviene Camisea y ocasiona, por incapacidad o negligencia, algún tipo de accidente que interrumpa el suministro de gas a las centrales térmicas de Chilca (Lima) por un lapso de 1 a 15 días.

Esto es, explica Butrón, un escenario que se tendría que tomar en cuenta, dada la complejidad del proceso de producción y transporte del gas en la selva.

¿Pero, cuáles serían sus consecuencias para el sector eléctrico?

DIÉSEL EN VEZ DE GAS

De acuerdo al Coes, en el caso hipotético de que ello ocurra, el sistema está preparado para garantizar el abastecimiento de electricidad en todo el país gracias a las reservas existentes de diésel, combustible cuyo uso evitará la ocurrencia de apagones.

“Esa es la buena noticia.. La mala es que el consumo generalizado de diésel [combustible caro y contaminante] originará que el costo marginal de la energía se dispare de US$25 a US$180 el megavatio/hora, como mínimo”, advierte Butrón.

Como resultado, explica, el costo de la energía subirá inmediatamente para algunos usuarios eléctricos, como los clientes libres (industrias y grandes comercios) que han “firmado contratos con cláusulas que permiten que se les traslade cualquier sobrecosto por cuestiones externas”, detalla el especialista.

No se verían afectados, por otro lado, los clientes libres que no tienen estas cláusulas en sus contratos, y los clientes regulados (hogares), que están sujetos a contratos de largo plazo.

El panorama se complicaría, empero, si la restricción de gas natural dura más de 15 días.

RACIONAMIENTO ELÉCTRICO

Si eso ocurre, explica Butrón, el sistema eléctrico sí se vería afectado porque los inventarios de diésel tienen un límite de dos semanas de duración.

Después de eso, sobrevendría un nudo en el suministro, pues “esas centrales consumen diésel a tal velocidad que no existen suficientes camiones para llevarles el combustible. Tienen que ser alimentadas por barco. Y estos no se pueden conseguir de la noche a la mañana”, apunta el especialista.

El colofón sería un escenario de racionamiento de energía, que duraría hasta que el suministro de gas natural se normalice nuevamente.

Tal es, según el COES, el riesgo que habría que evitar a toda costa en una eventual nacionalización de la cadena del gas de Camisea.

“Esta es una proyección que hemos desarrollado como entidad técnica que somos, porque el COES no opina sobre aspectos políticos, pero sí puede brindar datos, informaciones y números sobre la importancia del gas en el sector eléctrico”, apunta Butrón.

Este tema, así como el futuro de las energías renovables, será abordado en el Congreso Perú Energía Bicentenario, que se desarrollará el 21 y 22 octubre vía online.